Gran legado el de Pablo Iglesias en el Gobierno. Tanta paz se lleva como en paz deja a sus excompañeros del Consejo de Ministros. Por lo demás, la nada absoluta, la nada esférica, la nada perfecta y millones de palabras vanas. La verborrea total. El tipo que iba a acabar con la pobreza en España, el hombre que iba a elaborar una ley de vivienda para pasmo de las socialdemocracias nórdicas, el sujeto que iba a convertir España en un paraíso de justicia y equidad social se ha ido del Gobierno sin hacer absolutamente nada.
Iglesias tiene su prensa y un montón de propagandistas, periodistas que le ríen las gracias y le compran la mercancía averiada, gente con la que ha firmado libros, analistas bien instalados en medios de orden que sostienen el muñeco y sustentan la tesis de que en el personaje hay un político en vez de un hombre sin sustancia ni calado.
"Los Servicios Sociales apuntillan a Iglesias: 'La Renta Mínima daba mayor cobertura'" afirma en un titular el diario Vozpópuli. Y añade en el subtítulo que "directores de Servicios Sociales denuncian que el Gobierno, con Iglesias al frente de Derechos Sociales, no ha logrado alcanzar ni una cuarta parte del objetivo que se planteó: que el IMV llegase a 800.000 familias en riesgo de pobreza extrema".
La pieza del referido digital es de Marina Alías y dice así: "El mismo día en que Ione Belarra tomaba posesión de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 tras la dimisión de Pablo Iglesias, quien se presenta como candidato de Podemos a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales daba la puntilla al ya ex vicepresidente segundo del Gobierno: "El sistema de Rentas Mínimas ofrecía una cobertura superior. El Ingreso Mínimo Vital no mejora la cobertura y la cuantía del sistema autonómico de Rentas Mínimas", zanjan en su último estudio".
Sigue el texto: "De acuerdo a la organización, el Gobierno, con Iglesias al frente de Derechos Sociales, no ha logrado alcanzar ni una cuarta parte del objetivo que se planteó: que el IMV llegase a 800.000 familias en riesgo de pobreza extrema. Además, tres de cada cuatro solicitudes de esta ayuda han sido denegadas. Únicamente el 6,4% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se habría beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, según el informe elaborado con datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social. Es decir, unas 565.195 personas. "Solamente al 1,2% de la población española le llega el IMV. El sistema de Rentas Mínimas, ofrecía una cobertura superior, quedándose en un 8%, esto es, 1,6 puntos por encima del IMV", destaca".
O sea que la gran medida frente a la pandemia de Iglesias no fue más que un engaño, puro verso, una cháchara con forma de cortina de humo, filfa y estafa del hombre del moño y la camisa arremangada, como si fuera a ponerse a trabajar de un momento a otro. Un drama y una inutilidad manifiesta. Y eso, que ha dejado una gran paz en Moncloa y subsedes.
Otro ministro pero que todavía es ministro y no parece que vaya a dejar de serlo es Fernando Grande-Marlaska a pesar del varapalo judicial por el cese del coronel de la benemérita Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El presidente Pedro Sánchez lo va a mantener en el cargo entre otras razones porque la sentencia es recurrible. En La Razón escribe sobre el tema Ainhoa Martínez: "Pedro Sánchez fichó en 2018 a Fernando Grande-Marlaska como «independiente» para su primer ejecutivo monocolor tras la moción de censura a Mariano Rajoy. El magistrado, asociado a la esfera del PP --no en vano este partido le propuso como vocal para el Consejo General del Poder Judicial-- representaba ese perfil transversal que el presidente socialista quería imprimir a su Gabinete. Una apuesta personal que se ha topado con numerosas polémicas a lo largo de su andadura gubernamental, en la que ha entrado también en contradicción con su trayectoria en la magistratura. La última de estas controversias se ha producido a cuenta del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha motivado un duro varapalo judicial, calificándolo la Audiencia Nacional de «ilegal» por un «ejercicio desviado de la potestad discrecional»".
Continúa la pieza: "El ministro del Interior cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. Así lo trasladan fuentes de toda solvencia a este diario que no valoran a día de hoy como una posibilidad su salida de Moncloa. Fundamentan su argumentación en que se trata de una sentencia contra la que cabe recurso, que se elevará a través de la Abogacía del Estado, y que todavía tiene que ser confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. «Ese momento no ha llegado»".
Noticias de la competencia del Gobierno. "El PP maneja una lista de unos 100 cargos de Ciudadanos a los que fichar" apunta El País en un suelto de portada que viene con la firma de Elsa García de Blas. El texto arranca así: "La batalla por la reunificación de la derecha tiene aún por delante muchos capítulos, con el rival más débil, Ciudadanos, en el punto de mira del Partido Popular. En los últimos meses, cuatro decenas de cargos públicos y orgánicos y exdirigentes de Cs han abandonado la formación, de los que nueve han acabado ya en el PP. Con la incorporación a Génova 13 de Fran Hervías, exsecretario de Organización de Cs, el partido de Pablo Casado maneja una lista de más de un centenar de cuadros de Ciudadanos de toda España que pueden estar en disposición de dar el salto a las filas populares, según fuentes próximas al exdirigente".
Continúa la nota: "La operación del PP para absorber a Ciudadanos tras la moción de censura en Murcia solo ha dado sus primeros pasos. Después de algunas incorporaciones sonadas procedentes de las filas de Inés Arrimadas --como la del exlíder de Cs en la Comunidad Valenciana Toni Cantó; la diputada catalana Lorena Roldán y el exsecretario de Organización Fran Hervías--, el PP prepara nuevas operaciones para minar la red territorial de su rival. La incorporación de Hervías a la cúpula popular como asesor es uno de los golpes clave para tratar de dinamitar la formación centrista. Como responsable de la expansión nacional de Ciudadanos bajo la dirección de Albert Rivera, Hervías atesora un importante grupo de cuadros leales en los territorios, a quienes en su día incorporó a la formación, que pueden estar en disposición de abandonarlo para recalar en el PP, según fuentes próximas al dirigente. El listado asciende a más de un centenar de cargos públicos, entre diputados autonómicos, alcaldes, concejales y exdiputados nacionales. Hervías trabaja ya a las órdenes del secretario general del PP, Teodoro García Egea, con despacho propio en la quinta planta de la sede popular en la calle de Génova".
Hombre, pues si Hervías ya tiene despacho en la quinta planta, ¿qué puede salir mal? Y, ojo, a las órdenes de García Egea.
Política catalana. Torra es un moroso, que es ya lo único que le faltaba. "Torra encargó un informe para implantar una criptomoneda en Cataluña y no lo pagó" dice El Confidencial. Escribe Antonio Fernández: "La Generalitat de Cataluña afronta un pleito en los tribunales después de que hubiese encargado, con Quim Torra aún en la presidencia del Govern, un informe sobre tecnología Blockchain y criptomonedas y no lo hubiese pagado. En realidad, lo que pretendía el Govern era poder emitir una criptomoneda catalana al margen del euro, con la vista puesta en una eventual separación de España. En los momentos en que se encargó el informe, el fugado Carles Puigdemont movía sus hilos para impulsar a Cataluña como un paraíso de criptomonedas. De hecho, su equipo había diseñado esa estrategia para que Rusia viese con simpatía el proyecto y lo apoyase, aunque solo fuese para crear interferencias en un territorio de la UE. Puigdemont y Torra pretendían reproducir en tierras catalanas lo que Estonia había hecho un año antes, con la creación de una moneda propia virtual".
Sigue la nota: "El informe en cuestión, que costaría 9.999,44 euros, fue encargado en el año 2019 y entregado a finales de diciembre de ese año. Su confección coincidió en el tiempo con la iniciativa del Gobierno central de regular por ley las competencias de la tecnología Blockchain y limitar los márgenes de maniobra de las autonomías en esa cuestión. El Gobierno catalán, que ya tenía entonces un abultado informe sobre el tema, optó por no pagar el trabajo realizado durante nueve meses. La empresa SFT Servicios Jurídicos fue la encargada de realizar el estudio, que comenzó en el mes de abril de 2019. “La idea principal era conocer las posibilidades para hacer una criptomoneda. Cuando se nos pide ese informe, realizamos un trabajo brutal, que fuimos adaptando a cada una de las nuevas especificaciones que iba proponiendo el Govern”, explica a El Confidencial David Figueras, responsable del trabajo. La conclusión del informe era que “desde el punto de vista legal, no era viable una criptomoneda, pero había otros usos de la tecnología Blockchain y definimos una serie de aplicaciones concretas que se enmarcaban dentro de los cuadros normativos y que la Generalitat todavía no había desarrollado”".
Noticia bomba en Vilaweb. Entrevistado por Josep Casulleras Nualart, Jaume Alonso Cuevillas dice que si hay que desobedecer se desobedece, pero que desobedecer para nada es tontería: "Es declara partidari de no admetre a tràmit les propostes de resolució contra la monarquia espanyola i en favor de l’autodeterminació, perquè significarien la inhabilitació gairebé immediata dels membres de la mesa. “No sé si té sentit que t’inhabilitin per haver tramitat una resolució que no porta enlloc. La immolació s’ha de fer si té cap eficàcia. Si no, em sembla absurda”".
Ahí van las preguntas y respuestas alusivas a la cuestión:
—Expliqueu-me la vostra abstenció en la delegació de vot de Lluís Puig.
—Jo encara sóc advocat del president Puigdemont, de la consellera Ponsatí i de Lluís Puig. Un dels lletrats del parlament em va advertir que això podria ser un element de contaminació del meu vot i, per tant, un element addicional d’impugnació de la decisió. No és que m’abstingués, és que no vaig participar en la votació. És una abstenció en el sentit tècnic jurídic i administratiu.
—Aquesta abstenció us pot protegir de possibles accions penals?
—En aquesta decisió de la mesa no hi pot haver cap desobediència perquè no hi ha hagut cap requeriment del Tribunal Constitucional. Ara, ser a la mesa és evident que és un risc, i en el moment que em proposen d’anar-hi i ho accepto, l’assumeixo. Una altra cosa és que nosaltres hem de fer una confrontació intel·ligent. És a dir, té cap sentit jurídic, polític o fins i tot democràtic que el Tribunal Constitucional arribi a prohibir que en un parlament puguem parlar d’allò que vulguem? És inacceptable. I una aberració jurídica.
—I què fareu si això torna a passar?
—Hem de veure si paga la pena. Sabem que si admetem a tràmit una proposta de resolució que tingui per objecte reprovar el rei o reafirmar el dret d’autodeterminació, immediatament la fiscalia es querellarà i acabarem inhabilitats. La meva opinió és que això no és una confrontació intel·ligent. Això és intentar resistir d’una manera testosterònica, com un legionari que veus que disparen però que va amb el pit descobert.
Es un cambio de registro no menor.
Gran juerga en los medios afectos al independentismo con los tontos malabares de Televisión Española para no llamar Kosovo a Kosovo. De El Periódico: "ERC y Junts per Catalunya (JxCat) han registrado una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso y Senado inquiriéndole sobre la retransmisión en TVE del partido entre España y Kosovo, en la que afirman que se usaron "subterfugios para evitar mencionar el país al que representaban los jugadores de Kosovo"".
Por la contraparte nadie va a preguntar por los subterfugios de TV3 para no llamar España a España y hablar, por ejemplo, de la selección estatal de fútbol, como bien apunta Joaquín Luna en su artículo de La Vanguardia.
Coronavirus. Margarita Robles se vacuna con AstraZeneca para dar ejemplo. Bien por ella, pero la campaña de vacunación no acaba de arrancar. En La Vanguardia dicen que las comunidades ya se están poniendo las pilas. En el Abc, que vamos con mucho retraso.
Por otra parte, El Mundo apunta que "La mayoría de las multas por infracciones del Covid no llegan a cobrarse nunca" y que "Las comunidades autónomas están desbordadas por la tramitación que les delegó el estado de alarma y para la que no tienen medios. En la Comunidad Valenciana apenas se han cobrado el 1% desde julio".
Del texto de Inma Lidón: "La Generalitat Valenciana anunció el pasado lunes que abrirá un expediente sancionador al jugador del Real Madrid Marcelo por saltarse el cierre perimetral de la comunidad y fotografiarse, sin mascarilla, en la playa de la Malvarrosa junto a su familia. El futbolista va a recibir una sanción de 2.700 euros... que quizá no llegue a pagar nunca. El aluvión de multas por incumplimiento de las restricciones por el Covid ha provocado un colapso en las comunidades autónomas cuya consecuencia es que la mayoría de ellas se quedan sin pagar".
Y: "El actual estado de alarma y el sistema de la «cogobernanza» dejó en manos de las autonomías el régimen sancionador y su aplicación, desbordando a los departamentos de tramitación. La Comunidad Valenciana es buen ejemplo de ello. El organismo encargado de las multas Covid es el Servicio de Espectáculos de la Consejería de Justicia. Cinco funcionarios que en la época anterior a la pandemia de media tramitaban alrededor de 300 expedientes al año y que han pasado ahora a 500 al día: un total de 94.000 del 25 de julio al 12 de marzo. De todos ellos solo se han tramitado poco más de 13.000 y se han cobrado apenas 814, el 0,8%".
2 de abril, Viernes Santo. Santoral: Francisco de Paula, Abundio, Affiano, Diego Luis de San Vitores, Domingo Tuoc, Eustasio, Juan Payne, María Egipciaca, Nicecio de Lyon, Teodora mártir y Víctor.