Fiestas privadas "ilegales" y palabras "repugnantes" de Borràs

Mal día para el Gobierno, que arrastra una cierta mala fama en materia de respeto por los derechos y libertades del común y de la prensa. Es uno de los efectos indeseados de la coalición entre el PSOE y Podemos, el partido de Iglesias, una formación política con un peculiar sentido de la democracia y sus formas.

El departamento de Estado de Estados Unidos le ha dado un nada sutil toque de atención al Ejecutivo capitaneado por Pedro Sánchez a cuenta de las andanzas de su socio saliente Iglesias, que ayer abandonó el Gobierno para alivio de la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros. La andanada norteamericana es noticia de apertura en no pocos medios.

En El Confidencial, por ejemplo, titulan que "EEUU señala a Iglesias por sus ataques a la prensa el día en que se lanza al 4M". Escriben Ángel A. Giménez e Itziar Reyero: "Estados Unidos ha entrado en la campaña del 4M. De modo completamente involuntario, pero ha entrado. La publicación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo ha aterrizado en España en el mismo día en que Pablo Iglesias ha iniciado un nuevo ciclo político. La casualidad sería inane si no fuera porque, según menciona la administración norteamericana en el texto, el líder de Unidas Podemos, desde este martes candidato a gobernar la Comunidad de Madrid, ha intentado coaccionar e intimidar a periodistas. En otras palabras: ha amenazado a la libertad de prensa siendo vicepresidente segundo. Tampoco se libra Pedro Sánchez".

Del presidente del Gobierno el documento apunta que sus comparecencias ante la prensa durante el confinamiento duro eran francamente inusuales. "La pandemia del coronavirus --observa la administración estadounidense-- ha tensado la maquinaria legislativa hasta extremos inauditos. La aprobación del estado de alarma para frenar el aumento de casos de Covid entre la población española se ha enfrentado a derechos fundamentales, entre ellos el del movimiento de los ciudadanos por el territorio. La libertad de prensa también se ha visto afectada. El informe de la diplomacia estadounidense recuerda aquel formato de comparecencias del presidente, precisamente tras aprobar el estado de alarma, en las que los periodistas "debían enviar sus preguntas con antelación". "No todas pasaban", indican los autores antes de incidir en que los informadores, por si fuera poco, no podían establecer un cauce directo de comunicación con los responsables del Gobierno. Más de 400 profesionales suscribieron una carta titulada La libertad de preguntar, recuerda Estados Unidos".

Pero lo más llamativo es que Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, censura la política española en relación a los inmigrantes. Y sí, tienen razón, pero es aquello de la paja en el ojo ajeno o lo que le dijo la sartén al cazo. Como es obvio, los apuntes americanos no significan que en el gran país del carioco Trump y el rijoso Biden se respeten escrupulosamente los derechos del pueblo, de la prensa y de los inmigrantes.

Portada de 'El País' del 31 de marzo de 2021 / EL PAÍS

El caso es que no sólo Estados Unidos repara en la situación española. Los propios jueces tienen muchas cosas que decir respecto a la última polémica vinculada con el Ministerio del Interior, eso de ir pegando patadas en las puertas para irrumpir en las fiestas del coronavirus. "Interior pone en duda la inviolabilidad de los pisos turísticos" titula El País, que añade que el ministerio "justifica actuaciones policiales sin orden del juez en fiestas ilegales". ¿Fiestas ilegales? ¿Pero desde cuándo hay que pedir permiso para montar una fiesta en casa?

Estamos que lo tiramos. El texto es de Óscar López-Fonseca y J. J. Gálvez: "El Ministerio del Interior sostiene que los policías que están actuando contra fiestas ilegales cumplen la ley. La polémica se centra en las entradas sin orden judicial en pisos, como la del día 21 en el centro de Madrid. Interior argumenta que el caso está judicializado, pero parece amparar con su respuesta la patada en la puerta contra los pisos turísticos donde se celebran fiestas ilegales al asegurar que estos inmuebles no son “moradas”. Numerosos juristas lo contradicen".

Sigue el texto: "Interior aseguró ayer en un mensaje enviado a los medios informativos por WhatsApp que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan, también en estos supuestos, en el marco de la legalidad”. Sobre el episodio de entrada sin orden judicial que ha alcanzado mayor difusión, añadió: “Hay que tener en cuenta que el piso al que acceden los agentes no constituiría morada, se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta contraviniendo la actual normativa sanitaria”". 

Portada de 'El Mundo' del 31 de marzo de 2021 / EL MUNDO

Más palos a Interior. El Mundo avisa en lo alto de su portada que "El juez desautorizará a Marlaska y ordenará a Interior restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos". "La Audiencia Nacional ultima el escrito en el que dará la razón al ex jefe de la Guardia Civil destituido por no informar del 8M" añade el sumario. La información viene con la firma de Fernando Lázaro, que escribe que "la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se ha convertido en la mayor china en el zapato del ministro del Interior. Y cuando pensaba que tras negarle el acceso a general la polémica quedaría cerrada, aún le restan decisiones relevantes a este caso. De hecho, la Audiencia Nacional ultima el mayor bofetón judicial a Fernando Grande-Marlaska desde que ejerce de responsable de la seguridad del Estado. Fuentes cercanas a este proceso adelantan a El Mundo que la Audiencia Nacional tiene previsto darle un importante revés a la decisión del ministro. El juez que tiene que resolver el recurso presentado por Pérez de los Cobos está ultimando el escrito en el que estimará su demanda contra Marlaska por su destitución como máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid".

Continúa el texto: "El ministro del Interior le destituyó como jefe de la mayor comandancia del Instituto Armado por negarse a darle información judicializada sobre las pesquisas por el caso 8M, por la autorización administrativa de la manifestación feminista cuando ya habían saltado las alarmas de la pandemia del coronavirus. El coronel rechazó atender la petición del Ministerio para que le diera datos sobre las pesquisas en torno al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que fue quien autorizó las manifestaciones multitudinarias de 2020. El mando de la Guardia Civil adujo que estaban judicializadas y que se debía a la autoridad judicial para no desvelar información secreta. La sentencia será notificada la semana que viene a las partes, pero la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional está tomada y favorece al coronel en su demanda. Y desestima la decisión de cese por parte del Ministerio del Interior. Según explican fuentes jurídicas, su decisión obligará a la Administración pública a reponer a Diego Pérez de los Cobos en el cargo del que fue cesado por Fernando Grande-Marlaska".

Noticias de Podemos. Iglesias ya está de campaña mientras se estrecha el cerco judicial sobre los contratos de su partido con la consultora "Neurona". "La UDEF desmonta el contrato de 363.000 euros de Podemos con la consultora chavista Neurona" apunta Libertad Digital de apertura. El texto es de Miguel Ángel Perez y arrranca así: "La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional UDEF ha desmontado en un informe el contrato de 363.000 euros suscrito por Podemos con la consultora chavista Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En un informe de 92 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la UDEF analiza la documentación aportada por Podemos respecto de los trabajos realizados por Neurona Comunidad S.L. Concretamente, los agentes han estudiado los vídeos, las facturas y el propio contrato".

Sigue la pieza: "Según constatan los investigadores en su informe, se encuentran archivos que "no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin". La UDEF destaca que en la documentación aportada "no consta ningún proyecto, memoria, dossier o ‘bitacora’ en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa, tal como se refleja en el contrato, ni el logotipo o anagrama de la empresa Neurona Comunidad S.L. o de la mercantil subcontratada Creative Advice Interactive Group, extremo este que contrasta con lo que se puede observar en fuentes abiertas respecto de la sociedad Neurona Comunidad, donde sí se puede distinguir su marca comercial en trabajos realizados para otras campañas electorales"".

Cataluña. Segunda sesión de no investidura del joven Pere Aragonès, humillado por Junts per Catalunya (JxCat) en una reedición del pleno del viernes. A Puigdemont no le apetece que haya Govern por el momento. Quiere atar la financiación pública de su Consell per la República y una función arbitral. Según La Vanguardia el acuerdo debe pivotar sobre tres capitales, Bruselas, Barcelona y Madrid, puesto que el prófugo también quiere meter cucharada en los tratos de ERC con el PSOE, con el Gobierno y con el complejo político industrial al que los nacionalistas se refieren como "Madrit".

La jornada en el Parlament dio para poco. Más de lo mismo, típica marmotada, performance contra Vox y otra burrada de Laura Borràs para abrir la sesión, la equiparación entre la violencia machista, los muertos por el coronavirus y los ahogados en el Mediterráneo con las supuestas víctimas de la represión en Cataluña. Tal cual. La señora funcionaria del Estado en excedencia no se corta ni un pelo. De la versión del e-notícies: "La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha ficat al mateix sac les víctimes del covid i els "represaliats" en una "manifestació de condol i de condemna de la violència masclista i compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d'acollida de migrants i sobre les víctimes de la covid". "Abans de començar, tot fent avinent aquesta situació que vivim, d'emergència sanitària, d'emergència democràtica i d'emergència social, esmentaré les 3.301 persones represaliades, els 306 morts en el mar Mediterrani a dia d'avui, un feminicidi i 21.263 víctimes de la covid", ha dit Borràs".

Carrizosa calificó las palabras de Borràs de "repugnantes".

Indultos. Ya hay informe de la Abogacía del Estado, un documento que sostiene que el daño económico ya está reparado. Gemma Liñán se ocupa del asunto en El Nacional y escribe que "en el informe preceptivo en el que informa de su valoración sobre la idoneidad o no de conceder el indulto a los presos políticos, la acusación del gobierno del Estado evita posicionarse a favor o en contra. Pero sí que se refiere al delito de malversación, el delito por el cual mantuvo únicamente la acusación contra buena parte del Govern de Catalunya en el juicio en el Tribunal Supremo. Y en este sentido, como el daño ya ha sido reparado, sí que abre la puerta a que los presos políticos puedan ser indultados".

31 de marzo, santoral: Agilolfo, Amós, Balbina, Benjamín, Guido de Pomposa, Renato de Mérida, Acacio de Melitene y Maria Skobtsova