Los 11.000 millones de la discordia y la inmunidad de Puigdemont

De la lectura de los medios se infiere que el Gobierno es ahora mismo un gallinero, un ente entrópico donde colisionan sin sentido partículas y moléculas. Al enfrentamiento poco soterrado de PSOE y Podemos hay que añadir la descoordinación entre los miembros del primer partido a cuenta de la promesa del presidente Pedro Sánchez de repartir once mil millones para evitar el colapso de miles de empresas acuciadas por la inactividad pandémica. 

A la ministra de Economía, Nadia Calviño, le puede su sustrato eurócrata y no comprende la expresión "aflojar la mosca". Y menos a fondo perdido. Hasta ahí podíamos llegar, se dice. Sus condiciones son inasumibles para mecenas vocacionales como Sánchez y Pablo Iglesias, que quieren sostener la economía a base de inyecciones de urgencia.

En teoría, la ingente partida se debía aprobar en el Consejo de Ministros regular de este martes, pero las pugnas entre unos y otros han obligado a Sánchez a derivar el expediente a una reunión extraordinaria el viernes. De la crónica de Claudi Pérez en El País: "Pulso al máximo nivel en el Gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño se ha mostrado reticente a dar ayudas directas a las firmas más afectadas por la crisis, pero se ha topado con la oposición de Podemos y otros miembros del Gobierno, y con el activismo de Sánchez al respecto. Esa división retrasa unos días el plan, que debía aprobarse hoy. Aparecen así dos líneas de falla en el Ejecutivo: serias diferencias entre Calviño y Podemos, pero también entre la vicepresidenta y otros ministros del área económica por la participación de las autonomías en la gestión de las ayudas, según fuentes de La Moncloa".

Sigue Pérez: "El rebote de la economía española a partir del segundo semestre, y sobre todo en 2022, promete ser potente tras el desplome de 2020. Pero hasta que el PIB arranque quedan cuatro meses, quizá seis, en los que pende de un hilo la supervivencia de decenas de miles de empresas, que han visto cómo sus ingresos desaparecen y sus deudas se disparan. El presidente Pedro Sánchez anunció hace dos semanas un plan de ayudas de 11.000 millones (un punto de PIB) para evitar una oleada de suspensiones de pagos de la que el Banco de España lleva meses alertando. Sánchez ponía así presión sobre la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reticentes a ese tipo de medidas. Pero nadie ha sido capaz de poner por ahora el cascabel a ese gato, y Sánchez redobla la presión: al filo de las 22:30, el presidente convocó un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes, a la vista de que Calviño no daba su brazo a torcer y el decreto de ayudas, que tenía que ser aprobado hoy, no salía adelante".

En el esquema argumental de los diarios, Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son las malas, reacias a dar ayudas directas como se está haciendo en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. "Pretenden, además, que sean las comunidades autónomas quienes gestionen el fondo destinado a dar transferencias no reembolsables a las empresas; tanto Podemos como varios ministros sostienen que debe ser la Administración del Estado quien gestione ese capítulo", añade El País.

Cambio de tercio. El Parlamento europeo está a punto de anunciar si retira la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. El asunto también es causa de disenso entre los socios del Ejecutivo. Así y según cuenta Silvia Martínez en El Periódico: "Unidas Podemos ha anunciado que sus cinco eurodiputados votarán en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont: "La justicia belga ya ha determinado en varias ocasiones que el Tribunal Supremo no tiene competencia para solicitar la extradición y que, por tanto, el procedimiento judicial ha sido formalmente irregular". Los morados, que discrepan del PSOE también en este asunto, aducen como antecedentes al veto de la justicia belga, en enero, a la entrega del exconseller Lluís Puig, alegando que el Supremo no es competente para reclamarla".

El PSOE y la parte socialista del Gobierno reman en otra dirección, según explica Ángela Martialay en El Mundo en una información titulada: "La Abogacía del Estado apoya llevar a la UE la "impunidad" generada por Bélgica con los fugados del 'procés'". Escribe Martialay: "La Abogacía del Estado ha remitido sus alegaciones al instructor del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, donde considera procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frente a la negativa de la justicia belga de entregar al exconseller catalán de Cultura Lluis Puig, prófugo del 1-O. En su informe, conocido por El Mundo, la abogada del Estado Rosa María Seoane califica la actuación del tribunal de apelación belga de "una quiebra radical de los principios de confianza y reconocimiento mutuo en que se funda la Orden Europa de Detención Entrega (OEDE) prevista en la Decisión Marco de 2002". En diciembre, la justicia belga rechazó de forma definitiva entregar a Llarena al exconseller Puig, reclamado por malversación de caudales públicos, alegando que "los delitos cometidos deben ser juzgados por las jurisdicciones del territorio en el que se cometieron los hechos", cuestionando así la competencia del Supremo para "investigar y enjuiciar el procés".

Continúa el texto: "Para los servicios jurídicos del Gobierno la actuación de Bélgica no ha considerado que "se genera un elevado riesgo de impunidad de personas que tratan de eludir la justicia siendo sospechosas de haber cometido un delito", en referencia a los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí. Asimismo, la abogada Seoane explica que esa supuesta falta de competencia alegada por Bélgica "en ningún caso podría ser apreciada respecto de los procesados rebeldes Puigdemont, Comín y Ponsatí, dada su condición de parlamentarios europeos, en la medida en que son aforados ante el Tribunal Supremo por tal condición".

Al respecto, ayer pasó un tanto desapercibida la reunión telemática entre el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y su homólogo belga, Vicent Van Quickenborne. El propósito aparente era presentarle a la nueva magistrada de enlace, la fiscal Paloma Conde-Pumpido García. De El Nacional: "Según una nota del Ministerio de Justicia, los Magistrados de Enlace tienen como misión "promover y facilitar la cooperación judicial entre España" y Bélgica y dar apoyo a las autoridades judiciales competentes "en la redacción y ejecución de peticiones de auxilio o reconocimiento mutuo", así como intercambiar información con las autoridades del país de destino sobre "cuestiones que se puedan plantear en el ejercicio de sus funciones". Durante la reunión de este lunes Campo ha presentado a su homólogo belga la Magistrada de Enlace, que ocupa un cargo creado el pasado mes de diciembre para "reforzar la cooperación jurídica" ante las autoridades competentes y mejorar el "conocimiento de los respectivos sistemas jurídicos".

Pues falta hace. Corrupción. Carpeta Bárcenas. Si el Gobierno es un gallinero, el PP es Ok Corral. "“Sálvese quien pueda” en el viejo PP tras los ataques de Bárcenas" titula La Razón. El texto es de Carmen Morodo, que constata que Aznar y Mariano no se hablan y que los viejos jarrones chinos no están por la labor de inmolarse en favor del joven Casado sino de salvarse ellos mismos. De la crónica destaca este párrafo: "A raíz de las primeras informaciones que apuntaban a las sospechas de Génova sobre el alcance explosivo de la herencia recibida, y de los movimientos de la dirección nacional para marcar distancia con esa herencia, Pablo Casado llamó a Rajoy para explicarle el sentido de esas informaciones y matizarlas. Acababa de conocerse el escrito de Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción en el que anunciaba su voluntad de colaborar con la Justicia, sin ofrecer nuevas pruebas. Rajoy poco más que vino a colgarle. El ex presidente no ha dado información al nuevo PP de lo que se cuajó en la estructura orgánica del partido durante las décadas en las que él formó parte del mando desde las distintas responsabilidades que ocupó. Rajoy va a lo suyo, como lo van Aznar o el ex secretario general y ex ministro Francisco Alvarez Cascos. O Javier Arenas, que sigue siendo senador por designación territorial.Los señalados por Bárcenas de la ex cúpula popular pertenecen a periodos distintos y no tienen una buena relación personal en estos momentos. Podría decirse que su estrategia es coincidente en el fin, pero también se resume gráficamente en la idea del sálvese quien pueda. Las rencillas personales y las traiciones son un elemento que han marcado el pasado y condicionan también el presente".

La corrupción también asuela a Podemos. "De la niñera a la factura de Monedero, la Justicia cerca a Podemos con ocho causas por corrupción" apunta Alejandro Requeijo en Vozpópuli: "La presunta utilización de una asesora de Podemos como niñera, el uso fraudulento de la Caja de Solidaridad del partido, aumentos salariales a dirigentes, desvío de fondos a plataformas afines, pagos a una consultora por servicios presuntamente no prestados… estas son algunas de las líneas de investigación abiertas por la Justicia en torno al partido que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Son un total de ocho causas que afectan ya a destacados responsables del partido, entre ellos su cofundador Juan Carlos Monedero, quien tendrá que declarar la semana que viene como imputado por el presunto cobro de una factura falsa. También la mano derecha de Iglesias en Podemos y en la Vicepresidencia, su responsable de Comunicación, Juan Manuel del Olmo".

Sigue Requeijo: "El llamado Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió imputar al partido como persona jurídica. En el centro de las sospechas del juez estaba el pago de 363.000 euros de las subvenciones públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en los comicios generales de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se prestasen y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de Cuentas".

Este martes hace un año que la Comunidad de Madrid y el País Vasco decidieron cerrar los centros de enseñanza ante el avance del coronavirus. Tras las manifestaciones feministas, un mitin de Vox y los partidos de la Liga comenzaba a perfilarse un largo y doloroso encierro. En El Confidencial han realizado una auditoría y casi todo el mundo suspende. Gobierno y regiones reciben muy malas notas. 

El texto sobre el examen viene con las firmas de Antonio Villareal y Darío Ojeda y destacan estos párrafos: "En cuanto a la respuesta sanitaria a la crisis, hay dos partes bien diferenciadas en cuanto a resultados. La salud pública —es decir, los epidemiólogos centinelas que debieron ver venir la pandemia y establecer mecanismos de preparación— recibe la peor nota (3,87) y el único suspenso en este apartado, mientras que la Atención Primaria (6,14) y especialmente la hospitalaria (7,69) son aprobadas, aunque con algún que otro reparo por parte de los implicados. (...) La coordinación entre las diferentes administraciones (nacional, autonómicas y locales) ha sido para los participantes uno de los puntos más flacos de España en este último año: le han otorgado una nota media de 3,26 sobre 10".

Y: "Los medios tampoco salimos bien parados después de un año frenético de información y desinformación. La única que aprueba en este sentido es la radio, con un 5,47 sobre 10. La prensa escrita (tanto de papel como digital) roza el aprobado, con un 4,81, y la televisión es la peor valorada, con un 4,15. Para los profesionales encuestados, las fake news tuvieron un papel muy destacado en estos 12 meses de pandemia: un 61,6% cree que influyeron en la propia gestión de la crisis y un 84,9%, que influyeron en la reacción de los ciudadanos".

9 de marzo, santoral: Francisca Romana, Bosa de York, Bruno de Querfurt, Catalina de Bolonia, Paciano y Vital de Castronovo.