Amenazas sindicales, indultos y una ley para la Corona

Los muertos por coronavirus lo mismo salen en lo alto de las portadas (caso de La Vanguardia) que a pie de primera página (El País). Son una cifra redonda. Cincuenta mil según los datos oficiales del Gobierno. Ochenta mil ya según el Instituto Nacional de Estadística. Pablo Linde, en el referido diario de Prisa escribe: "La cifra oficial de fallecimientos confirmados por la pandemia del Covid-19 en España superó ayer los 50.000, aunque los datos de exceso de mortalidad apuntan a que la cifra real está cerca de los 80.000".

El metrónomo de la pandemia nos depara lo peor para el final, según Linde: "El incremento de casos de coronavirus que España experimenta desde el 9 de diciembre ya se está notando en los hospitales. El informe del Ministerio de Sanidad de ayer mostró el primer repunte claro, después de una tendencia a la baja que comenzó a mediados de noviembre. En la secuencia lógica de la epidemia, que comienza con los contagios, sigue con los ingresos hospitalarios y luego en las unidades de cuidados intensivos y finalmente llega a los fallecimientos, ya solo queda este último indicador a la baja, aunque es más que previsible que vuelva a subir si continúan creciendo las hospitalizaciones".

El Gobierno y los gobiernos autonómicos aseguran que este martes seguirán las vacunaciones tras el incidente de Pfizer. Oscuro episodio. Ocho países, entre ellos España, reciben las vacunas con retraso por problemas logísticos en la fábrica de la farmacéutica en la localidad belga de Puurs. Perfecto, no pasa nada, errar es humano y tal. Sin embargo, la compañía se niega a informar sobre la naturaleza del fallo y qué otros países se han visto afectados. La falta de transparencia genera sombras de sospecha.

En Vozpópuli recelan del Gobierno. "Sanidad oculta a las comunidades autónomas cómo se ha decidido el reparto de la vacuna" titulan de apertura. La nota es de Borja Negrete, quien apunta que "el 'secretismo' del Ministerio de Sanidad para la toma de decisiones ha vuelto a ser la 'comidilla' de las comunidades autónomas. En esta ocasión, lo que las CCAA no tienen claro son los criterios para repartir las dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el coronavirus. Andalucía y Madrid son especialmente críticas con esta cuestión, como han señalado fuentes de sus Consejerías de Sanidad a Vozpópuli. En un primer momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deslizó que el reparto de dosis se llevará a cabo "en base a criterios equitativos, que coinciden en buena medida con criterios poblacionales". Esta afirmación dejaba en el aire qué otros criterios, aparte del poblacional, han sido tenidos en cuenta y de qué manera se ha ponderado cada uno. Este mismo lunes, en rueda de prensa, Illa arrojó algo más de luz al asunto al poner de manifiesto que el reparto se ha hecho "tomando como base la población diana de la primera fase de vacunación, reparto prácticamente igual a un reparto por población total"".

Sin embargo y según el texto de Negrete, "estas declaraciones no borran todas las dudas que hay encima de la mesa, al menos no las de las comunidades autónomas. Hay cuatro grupos poblacionales en la fase uno de vacunación (personas mayores en residencias, trabajadores sociosanitarios de residencias, sanitarios en primera línea contra el Covid y personas en situación de dependencia con tutor legal). ¿Han sido todos ponderados de la misma forma? ¿Qué cálculo se ha llevado a cabo? Más allá de esto, las comunidades difieren sobre la información remitida por Sanidad al respecto. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señalan a este diario que el reparto será "en teoría, por criterio poblacional", pero aluden a que esta información ha sido transmitida de manera "poco clara" y "por vías no oficiales". Más confusión muestran en la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, donde afirman "desconocer los criterios que se han seguido para repartir las dosis". "A nosotros nos han dicho que vamos a recibir un número determinado de dosis, pero nada más", apuntan desde Andalucía".

En Cataluña, de momento, las autoridades sanitarias están conformes. La polémica viene por el lado identitario. "Xenofobia en redes porque la primera vacunada en Cataluña habla español" es el titular de una de las piezas de Crónica Global. Hay cafres a los que no les pareció bien que la primera vacunada, la señora Josefa Pérez, no hablara catalán y encima fuera de fuera, en concreto de Orense.

Más polémica. El inhabilitado Torra se cisca en que el Govern no haya endurecido las medidas de control de la pandemia pese a haber preparado el terreno en los últimos días para calibrar las restricciones. De El Nacional: Torra ha criticado que el Procicat haya decidido mantener las restricciones actuales por la pandemia del Covid-19 de cara a Nochevieja. "Me sabe mal, pero no puedo compartirlo. Con la actual presión asistencial, son necesarias medidas de restricción social. Ahora no nos la podemos jugar", ha publicado en Twitter. (...) La posición del president Torra ha sido secundada por algunos de los expertos, como el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, que ha asegurado que, también a través de Twitter, que las restricciones del Gobierno no son suficientemente "contundentes y efectivas para frenar la pandemia". "No lo entiendo. El número de contagios y de hospitalizaciones no para de crecer. ¡Hay que reducir contactos ya"!, ha pedido en un tuit".

Política. Día de gran densidad. El Mundo avisa de que "El Gobierno ve a Felipe VI "plenamente dispuesto" a "mejorar el modelo constitucional" y abre la vía a una ley de la Corona". Moncloa prepara la "perestroika" de la Zarzuela por la vía de la "glasnost", mismamente lo que viene siendo la transparencia según le dijo la sartén al cazo. La pieza es de Marisa Cruz y arranca así: "El Gobierno ha abierto ya la puerta a una próxima regulación de la Corona pactada entre La Moncloa y La Zarzuela y que tendría como objetivo último garantizar la "presencia del Rey Felipe VI en el presente y en el futuro del país". El debate se afronta coincidiendo con un momento de máxima debilidad en la institución de la monarquía acosada desde una parte del propio Gobierno y sometida a una deriva de descrédito como consecuencia de los escándalos protagonizados por Juan Carlos I. En una entrevista en TVE, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó este lunes estar "convencida" de que "el presidente del Gobierno y el propio Rey tienen puesto el rumbo hacia un futuro importante de la monarquía en nuestro país"".

Pues si lo dice Carmen Calvo ya los monárquicos se quedan más tranquilos. ¿O no? Sigue la información líneas después: ""Este Gobierno está comprometido con la defensa de la Constitución de principio a fin, incluido el fortalecimiento de la monarquía parlamentaria. Ahí hay un futuro importante por trabajar", señaló la vicepresidenta. La ley de la Corona, a la que no se refirió explícitamente Calvo, es una reclamación de fuerzas políticas diversas y de buena parte de juristas constitucionalistas que siempre han considerado que el Título II de la Constitución quedó incompleto en buena parte de sus artículos. (...) No es éste, sin embargo, el problema que enarbolan partidos como Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno, y sus aliados independentistas, abertzales y nacionalistas, que propugnan la abolición de la monarquía y su sustitución por un régimen republicano, y a los que una ley de este tenor les parece claramente "insuficiente"".

Como hoy es martes, hay consejo de ministros y al término del mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene agendada una alocución al país a modo de balance. Según anota Público, tal balance se va a llevar a cabo "en medio de una creciente división en el Gobierno". El texto viene con las firmas de Manuel Sánchez y Alexis Romero: "Sánchez quiere hacer este ejercicio de explicación de la gestión del Ejecutivo en este año, en medio de una creciente división en el Gobierno en temas trascendentales y con los sindicatos amenazando con movilizaciones tras los últimos incumplimientos del Gobierno con los representantes de los trabajadores en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral y las pensiones. (...) Este informe de rendición de cuentas ha sido validado por un grupo de expertos en distintas materias en el ámbito académico, y en el mismo se sistematizan todos los compromisos adquiridos por el Ejecutivo y el grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora. El documento será presentado por el propio Sánchez y, posteriormente, se pondrá a disposición de toda la ciudadanía".

A lo que se ve Iván Redondo no tiene inconveniente alguno en utilizar el concepto de "expertos" a pesar del fiasco del comité fantasma de expertos en coronavirus.

En El Español Eduardo Ortega Socorro y Fernando Cano aluden a la conflictividad con el siguiente titular: "Se rompe el Diálogo Social: los sindicatos saldrán a la calle en sintonía con Podemos". La pieza comienza así: "El Diálogo Social está a punto de romperse, y la causa está en el salario mínimo profesional (SMI). La confirmación de que, por el momento, no se subirá ha llevado a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) a preparar movilizaciones para que el Ministerio de Trabajo cumpla sus promesas. Así lo indican fuentes de los sindicatos, que informan a Invertia de que estas movilizaciones, cuyo formato todavía se tiene que dirimir debido a la existencia del Covid, también servirán para reclamar la puesta en marcha y la finalización de otras negociaciones aletargadas, como la reforma laboral o la Ley Rider. Es decir, todos los temas sociales que el Ejecutivo no ha logrado cerrar en 2020 y que han generado división de opiniones entre sindicatos y empresarios y dentro del propio Gobierno de coalición".

Sigue la nota: "Se trata además de una decisión que está en sintonía con Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, que solo hace una semana llamó a los movimientos sociales y al sindicalismo a mantener la presión sobre el Gobierno para que cumpla sus compromisos de programa".

Lo de Podemos es sabido. Tienen un pie en el Gobierno pero mantienen otro en la calle por si hay que protestar contra ellos mismos. Y Juan Carlos Monedero anda por ahí amenazando con que el partido de Iglesias puede pasar a la oposición en cualquier momento. 

Más conflictos. Indultos a los presos del proceso independentista. El PP amenaza con recurrir a los tribunales. El Gobierno ha incumplido su promesa de revisar los delitos de sedición y rebelión antes de que acabe el año, pero esa sería la vía natural para facilitar la excarcelación de los presos y el retorno de los fugados. En cualquier caso, ni una cosa ni otra se darán antes de las elecciones autonómicas catalanas siempre que se celebren el 14 de febrero.

Más expedientes espinosos. España y el Reino Unido tienen tres días para evitar un Brexit duro en Gibraltar, según advierte Susana Campo en La Razón: "Las imágenes de camiones varados en los arcenes y transportistas atrapados en las carreteras por el cierre de la frontera entre Francia y Reino Unido en la víspera de Nochebuena es lo que quiere evitar por todos los medios que suceda el Gobierno español el próximo 1 de enero de 2021 en la frontera con Gibraltar. Con la luz verde al acuerdo de divorcio entre Bruselas y Londres y la confirmación de que Gibraltar queda fuera, España trabaja contrarreloj para cerrar un acuerdo bilateral con Reino Unido que ofrezca garantías a los ciudadanos a ambos lados de la Verja".

Y para que tot plegat se digiera mejor y quede claro, "El Gobierno elevará un 9% la partida para difusión de sus campañas de publicidad". El titular corresponde a una pieza de Antonio Salvador en El Independiente en la que se informa de que el Ejecutivo "incrementará en más de un 9 % anual la partida presupuestaria para difusión de las campañas de publicidad institucional, finalidad a la que tiene previsto destinar 112 millones de euros hasta 2025. De este montante, 8 de cada 10 euros se emplearán en la compra de inserciones en televisión".

29 de diciembre, santoral: Tomás Becket y beato Pedro el Venerable