Palo a la inmersión, eutanasia y coronavirus a juicio

La de ayer fue una jornada eléctrica, densa, revuelta y nerviosa. Comenzó el día con la supuesta noticia de que don Juan Carlos estuvo o estaba ingresado por coronavirus en Abu Dabi, pero resultó que no. Zarzuela y el propio emérito desmintieron al diario Ara. El exmonarca presenta un historial médico plagado de incidencias, pero la de este virus no consta y si estuvo ingresado debió ser para algún ajuste de cadera (porta prótesis en las dos) o de los tres by pass que engalanan sus arterias. El caso es que ya de paso Zarzuela y el mismo emérito aprovecharon para deslizar que no volverá a casa como el almendro, que si acaso más adelante.

En paralelo trascendían los horribles datos del coronavirus en Cataluña y en el resto de España. Todo mal. Aumentan los contagios, la velocidad y el índice de reproducción y el sistema sanitario empieza a mostrar los síntomas de cuando la primera ola, el puro desbordamiento. Ese pedazo de gabinete de coalición que gobierna Cataluña estuvo todo el día a palos por el alcance de las medidas restrictivas. De manera muy sintética, ERC quiere cerrar bares y restaurantes y Junts per Catalunya dice que ni de coña. En teoría, esta mañana se presentará el nuevo plan de no desescalada.

Y cuando todo parecía acomodarse a la agenda del virus, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deslizó una sentencia en la que se ordena impartir el 25% de las clases en Cataluña en la cristalina lengua de Cervantes, castellano o español, que según el dicho tribunal presenta un uso "residual" en las aulas del Principado. Sentencia de alcance que merece honores de portada aquí en Crónica Global con este titular: "El TSJC activa la cuenta atrás para eliminar la inmersión". De sumario, las agudas reticencias de la administración autonómica, que tiene la mano rota de pasarse por el forro del arco del triunfo fallos lingüísticos. Escribe Alejandro Tercero: "La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano no tendrá una repercusión inmediata en el modelo escolar actual. Sin embargo, el fallo es el inicio de la abolición del sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que el Govern aplica desde hace décadas. Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por este medio, que coinciden en subrayar que la claridad y contundencia del dictamen conocido este jueves --aprobado por unanimidad de la Sala Contencioso Administrativa-- deja tocado de muerte el modelo lingüístico de la educación catalana, y que solo es cuestión de tiempo que el bilingüismo sea restituido en todos los colegios de Cataluña".

La decisión del TSJC ha sido acogida con gran alborozo por parte de las entidades defensoras del bilingüismo mientras que la Generalitat se apresta a parapetarse tras la Ley Celaá, que dice muy clarito que el castellano no es vehicular en el sistema educativo.

Más madera. El Congreso aprobó una ley de eutanasia que también amerita el calificativo de "histórica". En elDiario.es son Íñigo Adúriz y Marta Borraz quienes ponen letra a la noticia y apuntan que "198 luces verdes en el marcador del Congreso para que España tenga la primera ley de eutanasia de la historia. El hemiciclo dispone de 350 escaños y en contra solo votaron 138 diputados, una exigua representación de las derechas: PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) que, otra vez más, se han autoexcluido de participar en una norma que regula derechos sociales".

Líneas después escriben:  "Así que en estos tiempos raros que vive el país y la política, sacudidos ambos por la peor pandemia en un siglo, la ley que no había sido posible en cuatro décadas largas de democracia, la saca adelante "el Gobierno Franskestein" con apoyo de las derechas moderadas, y con una ecuación impensable hace no mucho que suma a Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes. Su apoyo transversal hace presagiar un largo camino para esta norma que sitúa a España a la vanguardia en el derecho a una muerte digna: solo cinco países en el mundo lo habían regulado antes: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda".

Coronavirus. Doble frente. Vacunas y tribunales. Comienza el plan para inmunizar a la población europea. El domingo 27 de diciembre es el día señalado. Pablo Linde y Guillermo Abril escriben al respecto en El País: "Desde una fábrica en Puurs, un pueblo belga de 26.000 habitantes, al brazo de millones de españoles. La vacunación en España comenzará previsiblemente antes de que termine el año con el medicamento de Pfizer-BioNTech. Entre la manufactura y la inmunización de los primeros españoles —residentes en centros sociosanitarios y sus trabajadores— hay todavía que recorrer un camino que comenzará con su autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el 21 de diciembre —si no hay contratiempos— y seguirá con la luz verde de la Comisión Europea —dos días después—, para comenzar su viaje a cada comunidad autónoma, donde los Gobiernos regionales tendrán que recibirlas y distribuirlas entre las residencias. A 10 días de la fecha probable del comienzo, todavía hay importantes incógnitas, pero también se van haciendo públicos cada vez más detalles del proceso".

Sigue la crónica: "La primera gran duda que hay que despejar es precisamente el día de la primera inyección. La idea es que toda Europa comience en la misma franja, que estará entre el 27 y el 29 de diciembre, según adelantó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Ministerio de Sanidad no sabe concretar el día exacto en que podrá empezar España, como tampoco el número de dosis que recibirá en esta primera entrega, que dependerá de las que libere la compañía, que se tendrán que distribuir entre los países europeos. Sanidad distribuirá lo que le toque a España —proporcional a su población— de manera “equitativa”, afirma, entre las comunidades. El criterio de reparto para las primeras dosis que lleguen, según revelaron ayer fuentes del ministerio, no será el de población total, sino el de personas enmarcadas en el primer grupo. Es decir, una comunidad que tenga menos habitantes que otra pero más personas en residencias recibirá más dosis. Esto es así para poder asegurar que todas pueden vacunar con los criterios establecidos. En cualquier caso, el ministro Salvador Illa ha reiterado cuando ha sido preguntado que llegarán paulatinamente y que “habrá para todos”. España tiene comprometidos 140 millones de dosis que sirven para inmunizar a 80 millones de personas (muchas requieren doble pinchazo), de las cuales 20,8 millones son de Pfizer".

En cuanto al frente jurídico, El Mundo apunta en portada que "El Tribunal Supremo desoye a la Fiscalía y pedirá investigar la gestión del coronavirus". Es una información de Ángela Martialay en El Mundo cuyo sumario asegura que "la Sala Penal ultima el auto donde responderá a la veintena de querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Remitirá a los juzgados ordinarios los hechos que revistan indicios de delito". El texto arranca así: "El Tribunal Supremo se mostrará a favor de investigar la gestión de la pandemia aunque no abrirá causa penal contra los miembros del Gobierno. El Alto Tribunal ultima la redacción del auto que debe dar respuesta a la veintena de querellas que se interpusieron contra miembros del Ejecutivo de coalición por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Según informan fuentes jurídicas a El Mundo, la Sala de lo Penal entiende que hay hechos denunciados por algunos querellantes que deben ser investigados por apreciarse indicios de posibles delitos y, en consecuencia, planea dejar en manos de los órganos judiciales competentes las correspondientes investigaciones. En contraposición, el tribunal no prevé abrir procedimientos penales contra los aforados, es decir, contra los ministros y el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez como se solicitaba en las querellas".

Continúa el texto párrafos después: "El tribunal considera que sería prematuro admitir ahora a trámite las querellas contra miembros del Gobierno, a los que por el momento exime de responsabilidad penal, cuando los hechos que han sido denunciados no se han investigado mínimamente por la Justicia ordinaria. Por el contrario, la Sala entiende que las investigaciones deben ser agotadas por los respectivos juzgados de instrucción -de ahí que vaya a acordar la remisión de las querellas- y que sólo, cuando de esa investigación se deriven indicios reforzados contra un aforado, será cuando el Alto Tribunal deba analizar y responder a si se debe abrir, o no, una causa penal contra uno o unos determinados miembros del Gobierno".

Noticias de Cataluña. Efectos del proceso: "El PIB per cápita de Cataluña cae por debajo del de la Unión Europea" titula una de sus piezas El Confidencial. La nota es de Javier G. Jorrín e ilustra sobre las consecuencias de aquella borrachera al grito de que las calles serían siempre suyas: "La incertidumbre política rara vez se traslada a la economía con un golpe brusco. Lo normal es que se canalice a través de pequeños cambios inapreciables en el corto plazo y que solo son visibles en comparación con los territorios vecinos. Es lo que ha pasado con Cataluña desde el año 2017, cuando el proceso independentista introdujo una elevada incertidumbre económica. Durante las semanas de mayor tensión social, muchas empresas optaron por sacar su sede de Cataluña, un movimiento que generó muchos titulares, pero que no tuvo incidencia alguna sobre la actividad. Lo que sí se ha producido desde entonces es una ralentización notable del crecimiento del PIB per cápita catalán en un periodo en que el resto de España ha seguido acelerando".

Sigue Jorrín: "Cataluña pasó de ser la comunidad que lideró la salida de la crisis a situarse a la cola del crecimiento del PIB per cápita. Este dato pone de manifiesto un parón de la productividad respecto al resto de regiones de España y también de Europa. Los datos de la contabilidad regional del INE muestran que el PIB per cápita de la Unión Europea (medida en los 27 países tras la salida del Reino Unido) superó al de Cataluña en 2019. En concreto, el de la UE fue de 31.160 euros, mientras que el de Cataluña fue de 31.119 euros por habitante. (...) De esta forma, Cataluña pasó de liderar el crecimiento de la productividad en España a situarse en los últimos puestos. Entre los años 2014 y 2016 el PIB per cápita de la comunidad creció un 11,2%, solo por debajo de Baleares, donde avanzó un 12%. En los tres años posteriores, el PIB per cápita de casi todas las comunidades siguió acelerando, aprovechando el ciclo expansivo de la economía europea. Sin embargo, solo en tres comunidades se ralentizó: Cataluña, Baleares y Murcia".

Internacional. Malos presagios. La sangre de san Jenaro no se ha licuado. Si 2020 ha sido malo, el próximo año puede ser de traca. Del texto de Anna Buj en La Vanguardia: "En Italia recuerdan con temor algunas de las desdichas que han sucedido cuando no se ha obrado el “milagro ” de san Jenaro. Por ejemplo, en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial; en 1973, el año en que Nápoles sufrió una epidemia de cólera; o en 1980, el terremoto de Irpinia, que provocó casi 3.000 muertos. No siempre se cumple la profecía, ya que la última vez que no se licuó fue en el 2016, sin ninguna gran tragedia para la ciudad".

18 de diciembre, santoral: Nuestra Señora de la Esperanza, Flananio, Gaciano y Malaquías.