La vacuna de Sánchez y el PP se echa a la calle

Ajeno a las dudas que suscita la carrera comercial de las farmacéuticas y la celeridad con la que dicen haber encontrado el antídoto al coronavirus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un plan nacional de vacunación que comenzará salvo contratiempos en enero. El Ejecutivo considera, pues, factible que las vacunas lleguen a principios de año a España. En Brasil ya se administra la vacuna china y en Estados Unidos se anuncia para el 11 de diciembre el comienzo de la campaña.

El proyecto del Gobierno es portada en casi todos los medios. Así, El País titula que "Sánchez fijará una estrategia única de vacunación para toda España". Es un alivio, toda vez que la gestión autonómica del coronavirus tiende a la aplicación de medidas contradictorias, como que en unos sitios bares y restaurantes puedan abrir y en otros no. O a horarios diferentes de toque de queda. Hay zonas de Andalucía donde la "ley marcial" es de aplicación a las seis de la tarde.

El caso es que con las vacunas no habrá distinciones autonómicas. En el citado diario de Prisa escribe al respecto Elena G. Sevillano: "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la vacunación contra la covid empezará en torno a enero con una “estrategia única” para todo el país. El Ejecutivo, dijo, “garantizará el acceso equitativo a la vacuna o las vacunas”. Esos criterios comunes se discutirán con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Las primeras vacunas que se aprueben y lleguen a España se administrarán en 13.000 puntos, que coinciden con la red de centros de salud (3.000) y consultorios (10.000) con que cuenta la sanidad pública. Por tanto, la campaña de inmunización descansará en la red de atención primaria, del mismo modo que se realiza cada año la campaña de la gripe para 10 millones de pacientes. Es una estrategia distinta a la de Alemania, que prevé habilitar nuevos espacios".

Y: "La UE ya ha firmado contratos con distintos laboratorios para adquirir 1.200 millones de dosis, de las que 120 millones serán para España, unas cifras que podrían ampliarse. Sánchez llamó a la población a celebrar unas Navidades “diferentes”, guardando las distancias con sus seres queridos, porque la prioridad es “evitar una tercera ola”".

La bronca política por la ley Celaá está en su máximo apogeo. El PP ha salido a la calle (en coche) para protestar contra la nueva norma educativa. Los medios apuntan a que el partido del lampiño Casado le ha arrebatado a Vox la bandera de la agitación. En paralelo, una encuesta de El Español apunta a que la referida ley no le gusta a casi nadie. "El 74% de los españoles rechaza que la Ley Celaá elimine el español como lengua vehicular" es el titular del diario de Ramírez, que añade: "División entre los socialistas: la mitad lo aprueba y cuatro de cada diez no. Práctica unanimidad en Unidas Podemos a favor de suprimir el castellano". Diríase que los de Iglesias prefieren cualquier cosa a la más mínima noción de España.

Del análisis se ocupa Alberto D. Prieto: "Es una mayoría aplastante de españoles la que se rebela contra la ley Celaá de Educación. Concretamente, frente a la eliminación del español como lengua vehicular en la enseñanza. Así, el 73,9% de los ciudadanos rechaza esta enmienda, aprobada hace dos semanas durante la tramitación parlamentaria de la norma. Según el sondeo de SocioMétrica para El Español, son sólo uno de cada cinco españoles los que aprueban este precepto de la Lomloe (21,4%). La norma, tramitada por el procedimiento de urgencia a pesar de ser una ley orgánica, ha recibido una contundente contestación de la oposición, y se aprobó el pasado jueves en el Congreso tras un debate final bronco, que terminó con medio hemiciclo aplaudiendo y la otra mitad protestando al grito de "¡libertad, libertad!"".

También hay espacio en el texto para la manifestación, que es la foto de portada de no pocos diarios impresos: "Ésa era la misma consigna que se escuchaba este domingo a mediodía una treintena de capitales de toda España, donde la Plataforma Más Plurales convocó a los españoles para que se manifestaran a bordo de sus vehículos. En Madrid, los seis kilómetros de la arteria principal de la ciudad, el Eje Prado-Recoletos-Castellana desde la Fuente de Neptuno hasta la plaza de Castilla, se llenaron en sus dos sentidos de coches, motos, bicicletas y peatones con lazos, globos y banderas naranjas, serigrafiados con el lema #StopLeyCelaá".

La encuesta también aborda la crisis migratoria con estos dos titulares: "Un 83% ve a Marruecos 'hostil' a España y 'cómplice de la inmigración masiva'" y "El 73% pide la devolución de los inmigrantes y sólo un 13% que se queden".

Nuevo desastre en el ministerio de Trabajo que dirige la podemita Yolanda Díaz. "Miles de españoles dejan de cobrar el ERTE en noviembre por un cambio burocrático" es el titular de apertura de Vozpópuli. En el sumario se abunda en que "personas que estaban cobrando correctamente desde abril no han percibido el pago este mes. La última prórroga del Gobierno modificó el procedimiento burocrático para buena parte de los 707.673 trabajadores que siguen en ERTE". La información viene con la firma de Alberto Sierra, que escribe: "Fernando Sanromán trabaja en una empresa dedicada a la organización de espectáculos y desde el pasado mes de marzo se encuentra en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Desde abril he estado cobrando el ERTE sin problemas todos los meses, pero en noviembre no he cobrado ni un solo céntimo y a la mayoría de mis compañeros les ha pasado lo mismo", cuenta este trabajador de 35 años. Una situación igual han vivido Abel Otero, cocinero, y todos sus compañeros que trabajan en un hotel del centro de Madrid que sigue cerrado desde marzo. "La empresa nos avisó que no cobraríamos nada este mes y así ha sido", señala este madrileño, padre de dos hijos".

Sigue Sierra: "Como ellos hay miles de personas que el pasado 10 de noviembre no cobraron el ERTE correspondiente a octubre y tendrán que esperar a diciembre para recibir el pago como consecuencia de un cambio burocrático contemplado en la última prórroga aprobada por el Gobierno, según confirman sindicatos y fuentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En virtud del Real Decreto-Ley 30/2020, aprobado por el Consejo de Ministros, se dieron por finalizados de facto todos los ERTE anteriores al 30 de septiembre y las empresas amparadas por la nueva prórroga tuvieron que formular antes del 20 de octubre una nueva solicitud colectiva de esta prestación para todos sus trabajadores".

Se avecina una oleada de prejubilaciones en la banca que pone en tela de juicio toda la retórica oficial sobre la necesidad de atrasar la edad de jubilación. El cálculo es que 20.000 empleados del sector dejarán de trabajar. En El Mundo escribe del asunto César Urrutia: "Tras haber eliminado cerca de 100.000 empleos desde 2008, el sector financiero español se dispone a una nueva vuelta de tuerca derivada de la depresión de los tipos de interés, las fusiones entre entidades y el cierre de sucursales. Santander negocia un ERE para 4.000 personas e Ibercaja otro para 790. Mientras, están por conocerse los números definitivos del coste laboral de fusiones como Bankia y CaixaBank; Liberbank con Unicaja o, si llega a producirse, BBVA con Banco Sabadell. En total, las primeras estimaciones apuntan a la salida de 20.000 empleados".

Y: "Una parte de ellos aún por definir serán prejubilados. Es un recurso cada vez menos a mano de las entidades porque ya desde 2005 el coste va contra los beneficios anuales del banco en vez de contra sus reservas. Además, una década de reestructuraciones ha reducido el personal en tramos de edad prejubilables. Santander, por ejemplo, apenas dispone de un 2% de la plantilla con una edad superior a 60 años. De los 9.225 empleados con más de 52 años afectados por la fusión Bankia - CaixaBank, solo un 5% tendrá 60 años en 2021 y todos ellos pertenecen a la primera de las entidades".

Pablo Iglesias sigue enredando porque cuando el diablo no sabe qué hacer mata moscas con el rabo. La última "idea" del hombre del moño es que ERC y Bildu intervengan en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El siguiente paso puede ser el de invitar al gremio de estafadores. La noticia es de Público, de Alexis Romero en concreto: "Que ERC y Bildu formen parte de la dirección política del Estado no se limita a ser una afirmación de peso y alcance sobre la idea de la legislatura que tiene Unidas Podemos; es un objetivo. La renovación de un Poder Judicial que se encuentra en funciones desde hace casi dos años y que sirve como principal arma política del PP para entorpecer el ciclo político iniciado tras las elecciones del 10N es una urgencia para el Gobierno de coalición, pero también es percibido por los de Pablo Iglesias como una oportunidad para avanzar en la resolución de los conflictos territoriales enquistados".

Sigue la pieza: "La intención es que, a la hora de afrontar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se cuente con estas formaciones soberanistas y no se las excluya de las negociaciones para elegir a los miembros de la cúpula judicial. Tradicionalmente, los principales artífices de las renovaciones han sido el PSOE y el PP, ya que el sistema de elección se estructura en base a un sistema político de partidos muy mayoritarios".

23 de noviembre, santoral: Anfiloquio de Iconio, Cecilia Yu So-sa, Clemente I papa, Clemento obispo, Columbano, Felicidad, Gregorio obispo, Lucrecia, Mustiola, Severino recluso, Sisinio y Trudón de Sarquinium.