Toque de Europa a Sánchez y cierre de la hostelería

Guerra judicial. La prensa persiste en solazar a sus lectores con los entresijos de la cruenta batalla entre PSOE y Podemos y el PP por la renovación y el control del Consejo General del Poder Judicial. Las hostilidades se han trasladado a Europa, cuyas instituciones recelan de las intenciones de los partidos de Gobierno en España respecto a la independencia de los jueces. Se compara a España con Polonia y Hungría, donde el Ejecutivo se reserva una cuota judicial y unos procedimientos de elección de los jueces que en la UE no se consideran conformes a derecho ni democráticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la maniobra y acusa al PP de haber propiciado el desbarajuste por su negativa a negocia la renovación del CGPJ, cuyo mandato expiró hace dos años. El PP replica por su parte que no tiene nada que negociar si en la mesa se sientan representantes de Podemos, partido al que consideran contrario a la Constitución.

El Gobierno tiene pocos aliados en su maniobra. La mayor parte de la prensa no ve con buenos ojos la operación. El País, por ejemplo, se mostró ayer extremadamente duro en un editorial titulado "Así no" y en el que dice: "La voluntad de recuperar la normalidad institucional está justificada. Pero el proyecto en sí y la precipitación con la que se quiere resolver esta cuestión —extremadamente delicada en la medida en que toca los fundamentos de la separación de poderes en un Estado de derecho— resultan inaceptables. Al bloqueo en el que se ha instalado el PP —el PSOE consiguió también paralizar durante años la sustitución de algunos miembros del Tribunal Constitucional— se ha respondido con una proposición que entraña grandes peligros: sacar adelante la reforma sea como sea apoyándose en la mayoría absoluta que el actual Gobierno puede conseguir en el Parlamento. La idea de sustituir también por ese camino a 12 vocales del CGPJ choca con el espíritu de la Constitución. Elegir el gobierno de los jueces —y otros organismos del núcleo del Estado— por mayorías cualificadas, que obligan inevitablemente a acuerdos transversales, favorece la estabilidad del sistema".

El mismo diario apunta hoy en portada que "El Gobierno mantiene la reforma judicial pese a la advertencia de la UE". Escriben Bernardo de Miguel y Carlos E. Cué: "La Comisión Europea advirtió ayer de que la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que promueven el PSOE y Podemos podría violar las normas comunitarias. El Gobierno no respondió oficialmente, pero fuentes de La Moncloa confirman que se mantiene el plan y confían en explicar la nueva norma a Bruselas para despejar sus dudas. La Comisión expresó su “profunda preocupación” por la norma que se tramitará por la vía rápida en el Congreso, sin requerir informes al propio CGPJ o al Consejo de Estado. “Nos preocupaba la falta de renovación del Consejo, pero eso no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera y saltándose todos los procesos”, dijo una fuente comunitaria. Bruselas considera que también tiene que ser consultada la Comisión de Venecia, organismo adscrito al Consejo de Europa. El Ejecutivo español atribuye las críticas desde la Comisión a las maniobras del PP en las instituciones europeas".

Si el PSOE pretendía presionar al PP para que se avenga a negociar podría haberlo conseguido, aunque la formación conservadora mantiene el veto sobre Podemos. En La Razón, Carmen Morodo entrevista a Enrique López, el hombre del PP para los menesteres judiciales. quien afirma en titular: "Estamos dispuestos a sentarnos a negociar la renovación del CGPJ". En el subtítulo se apunta que "el «mediador» del PP asegura que le han trasladado a Sánchez que quieren perfiles independientes" e "insiste en que Iglesias no esté en la mesa y avisa: «Reformar la mayoría de elección nos coloca con Polonia»". Ahí van las preguntas y respuestas de mayor enjundia: 

–¿Piensan que el Gobierno va de farol, para presionarles, y para que dejen de bloquear la renovación institucional?

–Es obvio que esta propuesta de reforma, a través de una proposición de ley, sólo busca presionar al Partido Popular para alcanzar un acuerdo. Acuerdo que, por cierto, el PP está deseando cerrar. El PP quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales y con sus obligaciones legales, y sólo le hemos pedido al presidente del Gobierno que, ya que la negociación la lidera él, Podemos no esté presente y no forme parte de ella, de ninguna manera.

–Primero dijeron que Podemos no podía estar en el Gobierno. Ahora, ¿la condición es que no tenga representación en el Poder Judicial?

–Lo que pedimos es que Podemos no esté en la negociación. Y a esta petición, pensando en la defensa de la Constitución, el PSOE responde con una proposición de ley de reforma de la Ley del Poder Judicial, presentada de manera unilateral por los dos partidos que forman el Gobierno, y sin contar con nadie. Y estamos hablando de una reforma que es claramente inconstitucional.

–¿Ustedes se sentarán entonces a negociar con el Gobierno de manera inmediata si retiran esa reforma?

–El PP cumplirá con sus obligaciones constitucionales y legales. Y lo que hemos planteado al presidente Sánchez es lo más sencillo del mundo, que Podemos no esté en la negociación. A partir de ahí, cumpliremos con nuestra obligación. La reforma debería quedar fuera del Parlamento porque atenta contra la Constitución.

–Pero, ¿por qué los escaños de Unidas Podemos valen menos que los del PSOE o los de su partido, si han sido elegidos igual en unas urnas y de manera democrática? La Constitución sólo dice que los vocales de procedencia parlamentaria tienen que ser elegidos por mayoría de tres quintos.

–El PP espera que Sánchez cumpla con sus obligaciones. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con la nuestra en la renovación del Poder Judicial y de las vacantes institucionales. Nadie pone en cuestión que Sánchez pueda conformar un Gobierno con un partido antisistema y radical como Podemos. Pero no puede obligar a otras fuerzas políticas a negociar con un partido político que cuestiona la jefatura del Estado, que pide su abdicación y que deslegitima permanentemente al Poder Judicial a través de las manifestaciones de su propio líder y vicepresidente del Gobierno. Que defiende los gobiernos con Bildu en el País Vasco o que propone soluciones jurídicas en Cataluña dirigidas a que una parte de España pueda independizarse del resto. En definitiva, que es un partido que cuestiona permanentemente la Constitución.

En Vozpópuli alertan de otra operativa del Gobierno para quitar a los jueces la instrucción de los sumarios, según cuenta Alejandro Requeijo: "El Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros en 15 días el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuya principal novedad es que quita a los jueces la instrucción de los casos para entregársela a los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia informan a Vozpópuli que la intención es presentarlo a finales de este mes o principios de noviembre".

Sigue Requijo: "La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data del año 1882 y su reforma integral es una vieja aspiración intentada por otros Gobiernos. El Ejecutivo decide impulsarlo ahora en plena guerra abierta con el Poder Judicial y solo unos días después de soliviantar a la carrera con la propuesta de eliminar la necesaria mayoría de tres quintos en el Congreso para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial.  El ministro Campo se había dado de plazo para presentar esta iniciativa hasta final de año. Su Departamento elevó el martes a Consulta Pública el anteproyecto junto con un cuestionario para cumplir con la obligación legal de que asociaciones y ciudadanos puedan opinar sobre los aspectos más destacados de la futura norma. El límite establecido para participar y remitir observaciones al Ministerio es hasta el 28 de octubre, según el documento al que ha tenido acceso este periódico".

Y: "'El juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases de procedimiento criminal', dice el Ministerio en este documento elaborado por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependiente de la Secretaría de Estado. A juicio del Gobierno, el juez 'debe ser capaz de tutelar los distintos intereses desde una posición de real y efectiva imparcialidad'".

Cambio de tercio. Economía. El ABC titula que "Los Presupuestos de 2021 incluirán 7.000 millones en nuevos impuestos". Es una pieza de Susana Alcelay: "Los Presupuestos del Estado de 2021 incluirán un nuevo rosario de impuestos con los que el Estado espera recaudar hasta 7.000 millones de euros más en un momento de crisis económica sin precedentes. Según se desprende del Plan Presupuestario de 2021 remitido este jueves a última hora a Bruselas, el Ejecutivo estima un impacto del conjunto de estas medidas fiscales y de la nueva ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022. Esto será, defienden, gracias a los nuevos impuestos «verdes», a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasas «Google» y «Tobin», lo que esperan incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año".

Continúa la pieza: "Así, en contra de la tendencia de buena parte del resto de países europeos que han apostado por recortes de impuestos para azuzar el consumo, en 2021 verán la luz en España, además del impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el impuesto sobre Transacciones Financieras, el nuevo impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, y el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con el que se persiguen «favorecer hábitos más saludables». De igual modo, el documento también recoge las medidas incluidas en el plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que se espera recaudar 828 millones. Según el Gobierno, con ellos se reforzará el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, se combatirá la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000 euros y también la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Las amnistías fiscales quedarán prohibidas".

Coronavirus. Aumentan los casos en Europa, que han aumentado un 87% en un mes. En España, cinco comunidades presentan un riesgo extremo. Se trata de Aragón, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Ceuta. Después les siguen Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, el País Vasco y Melilla. Entre las medidas que se plantean consta una reducción de la capacidad del transporte público de hasta un treinta por ciento. En Cataluña, sin embargo, del Metro, los autobuses y los trenes no se habla.

"Desconcierto en la restauración catalana por las chapuzas jurídicas del Govern" titula Crónica Global. Escriben Ignasi Jorro y Alejandro Tercero: "Enfado descomunal en la restauración catalana, que se siente "perdida" y "abandonada" por el Govern. Propietarios de restaurantes, cenadores, bodegas y bares han cargado contra las chapuzas jurídicas del Govern con el cerrojazo de 15 días, que ha arrancado en la madrugada de hoy después de un inquietante tira y afloja con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por defectos de forma en el decreto".

Continúa el texto: "Patronales como Fecasarm y operadores como Alberto Moyano, propietario de la Bodega Carol y portavoz de En Ocasiones Veo Bares, se han quejado amargamente de la "inseguridad jurídica" que ha generado la Generalitat de Cataluña con la gestión de la clausura temporal. Primero, la filtró el martes a la prensa; el miércoles negoció con el sector; ayer trató de aprobarla para acabar topando con el TSJC y, finalmente, publicó la orden esta madrugada, aunque con una disposición transitoria que anula los aspectos que afectan los derechos fundamentales, pendientes de ratificación por parte del tribunal".

Notable eco de las declaraciones de Oriol Mitjà contra la consejera de Salud, Alba Vergés. Por la mañana en TV3 aseguraba que "les persones que han estat al capdavant han estat perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball". Por la noche se ratificaba en Rac 1 según la pieza del e-notícies: Mitjà ha dit que Alba Vergés "escull aquells epidemiòlegs que li diuen allò que vol sentir" i ha posat el pla de desconfinament com "un exemple molt clar". (...) Oriol Mitjà també ha apuntat que la "manca d'humilitat per escoltar experts per un polític té repercussions greus". "La consellera Alba Vergés no és una de les persones que li agradi més escoltar o que pari més atenció a les recomanacions dels altres", ha sentenciat".

16 de octubre, santoral: Eduvigis, Gerardo Mayela, Margarita María de Alacoque, Beltrán de Comminges, Gauderico de Mirepoix, Longinos soldado, Mumolno de Noyon y Vidal de Retz.