El show de Torra y confinamiento en la capital
El presidente de la Generalitat se presenta por la cara en el Supremo. Caos en Madrid a cuenta de los planes de confinamiento del gobierno regional. El Gobierno negocia con Bildu sobre los presos
17 septiembre, 2020 08:53El día de Torra en el Tribunal Supremo. El presidente de la Generalitat no está citado a declarar, pero ha decidido regalar su presencia a los magistrados y al pueblo de Madrid en una "performance" independentista que hará las delicias de la prensa. El Supremo decide si acepta o rechaza el recurso de la defensa del dirigente nacionalista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer a la Junta Electoral, que le pidió que retirara la pancarta de los presos del balcón del Palau durante una campaña electoral, cosa que Torra hizo fuera de plazo tras otro impagable "show" de victimismo y pasó de todo.
Así es que el Supremo no juzga hoy a Torra por defender la libertad de expresión. Ni lo ha citado a declarar obligándolo a ir a Madrid y cesando durante unas horas en su heroica y estajanovista lucha contra el coronavirus. Tampoco emitirá ninguna sentencia ni se cargará la legislatura. Torra se declaró culpable en el TSJC, se relamió en su culpabilidad y se regodeó en su "hazaña" en el TSJC. Fue él quien se cargó la legislatura porque en aquel momento le interesaba a su patrocinador de Waterloo.
El independentismo apoya a Torra, claro, pero tanto ERC como la CUP piden elecciones, según cuenta María Jesús Cañizares en Crónica Global: "El discurso de Quim Torra sonó a despedida. "Mi compromiso es y será siempre servir a mi país hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto de mi presidencia", dijo en el debate de política general que se celebra esta semana en el Parlament. Una despedida forzada por la previsible confirmación de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo (TS), donde hoy comparece para asistir a una vista oral sobre el recurso presentado".
Sigue la pieza: "Le precede otra condena, la del Parlament, que ayer reprobó su gestión al frente de la Generalitat y, muy especialmente, en la lucha contra el coronavirus. La oposición en pleno dijo adiós a Torra y exigió la convocatoria de elecciones. ERC, que gobierna con JxCat, y la CUP, que comparten ideario independentista, se sumaron a esa petición, aunque por motivos diferentes".
En Nació Digital Bernat Surroca y Oriol March tratan de calcular plazos y consecuencias: "L'11 de juny, en ple desconfinament, el president Quim Torra va rebre la notificació del Tribunal Suprem que l'advertia que la vista sobre el recurs presentat contra la seva inhabilitació se celebraria el 17 de setembre. Una data que, immediatament, va ser encerclada en vermell no només al calendari de Palau, sinó també a la sala de màquines de totes les formacions independentistes. El dia ja és aquí i Torra arriba al Suprem amb un ull posat a la seva probable inhabilitació i l'altre a la justícia europea. Per dos motius: perquè és l'horitzó judicial que s'obrirà en cas de ser desposseït pel càrrec, i també perquè el Suprem ha de decidir sobre les qüestions prejudicials que la defensa vol que es posin en marxa a Europa. Si s'accepten, la sentència s'allargaria uns mesos".
Continúa el texto: "Si el tribunal no les tira endavant --escenari amb el qual treballa la defensa encapçalada per Gonzalo Boye, Isabel Elbal i el vicepresident del Parlament, Josep Costa--, es compta que el veredicte ferm pot arribar en el termini màxim de tres setmanes. Això situaria la pèrdua del càrrec a principis d'octubre, que és quan s'entraria en un escenari incert. Incert perquè és inèdit: mai abans s'ha inhabilitat un president en exercici del càrrec. Artur Mas va ser-ho ja com a expresident per la consulta del 9-N, i Carles Puigdemont va ser directament cessat just després d'aplicar-se l'article 155. El cas de Torra, que neix per no haver retirat una pancarta a favor de la llibertat dels presos en el termini ordenat per la Junta Electoral Central (JEC), situa l'independentisme en una cruïlla".
A la espera de los acontecimientos del foro, en el foro tienen otras preocupaciones, como el avance desbocado del coronavirus y la desbocada descoordinación del gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso. "Madrid siembra el desconcierto sobre posibles confinamientos" titula en portada El País. La crónica es de I. Valdés y J. J. Mateo, quienes escriben: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid sumió ayer a la población en el desconcierto al anunciar por la mañana que impondrá medidas de confinamiento en las zonas más afectadas por la pandemia y aclarar, horas después, que esa decisión no está tomada. El equipo de Isabel Díaz Ayuso llegó a cancelar la rueda de prensa prevista y retrasó el anuncio a un Consejo de Gobierno extraordinario que podría celebrarse hoy o mañana. El viceconsejero Antonio Zapatero, encargado de la crisis del coronavirus, que en Madrid se ha acelerado, abogó por 'una medida más drástica' en la línea de un “confinamiento selectivo” para determinadas zonas sanitarias, propuesta que el consejero de Justicia, Enrique López, dejó por la tarde en el aire, además de pedir disculpas a los ciudadanos. El Ejecutivo regional baraja distintas medidas al margen de los confinamientos, como restringir las reuniones sociales, rebajar el aforo de los locales o reabrir el hospital de Ifema".
El propósito de Ayuso, según cuenta Antonio Rodríguez en Vozpópuli, sería confinar a un millón de personas de tres municipios y tres distritos. Apunta Rodríguez: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, planea que el "confinamiento selectivo" se aplique inicialmente en tres municipios -Leganés, Parla y Fuenlabrada- y en tres de los 21 distritos que tiene la capital --Puente de Vallecas, Usera y Ciudad Lineal--, según han desvelado fuentes del Ejecutivo regional a Vozpópuli. En esas seis zonas en las que se restringirán los movimientos y las reuniones sociales viven cerca de 1,1 millones de personas. La elección de estos tres municipios del sur de la región se debe, además de la preocupante situación epidemiológica, al hecho de que sus términos municipales están conectados entre sí. Esta situación geográfica facilita el control de las entradas y salidas a estas poblaciones por parte de la Policía. La vecina Móstoles cuenta con datos igualmente preocupantes, pero podría 'salvarse' en la primera criba que anuncie el Gobierno de Ayuso este viernes. Con los tres distintos de Madrid, ubicados en el cinturón sur-este de la capital, ocurre lo mismo en términos geográficos salvo que el distrito de Moratalaz queda enclavado entre Ciudad Lineal y Puente Vallecas, que encabeza la tabla de contagios por cada 100.000 habitantes".
Presupuestos. El Gobierno negocia a varias bandas. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se muestra muy activo. Ayer se retrató en el despacho con Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, la portavoz bildutarra. El líder de Podemos arrastra al Gobierno a un acuerdo con las formaciones de la investidura que no sólo aleja a Ciudadanos del pacto sino que plantea la posibilidad de una inédita entente entre el PSOE y eso que llaman la izquierda abertzale. En El Confidencial, Fernando Garea explica que hay posibilidades de un pacto en materia penitenciaria. "El Gobierno traslada a Bildu que acabará progresivamente con la dispersión de presos" se titula la crónica. Arranca sí: "El Gobierno considera que la política de dispersión de presos de ETA ya no tiene sentido y es partidario de ir progresivamente acercándolos a prisiones del País Vasco. Y así se lo ha trasladado a Bildu desde hace tiempo. Este tema ha estado este miércoles en la mesa de la reunión que han mantenido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los representantes de Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute. Y estará la próxima semana en la que mantendrán con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. No obstante, el Gobierno asegura que no forma parte de la negociación de los Presupuestos con Bildu. De la reunión de este miércoles, se trasladó desde la Vicepresidencia primera la disposición de Bildu de 'mantener la estabilidad de la legislatura'. Y este partido transmitió que una de sus reivindicaciones básicas es la referida a la política penitenciaria".
La Audiencia Nacional ha devuelto a Iglesias la condición de perjudicado en la pieza del caso Villarejo centrada en la tarjeta del móvil robado de Dina Bousselham. Sin embargo, el exabogado del partido continúa lanzando duras acusaciones en sede judicial. Manuel Marraco en El Mundo da cuenta de los audios de Calvente al juez: "Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan". Ahí va una parte del texto: "El pasado jueves el ex coordinador legal de Podemos José Manuel Calvente pasó tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Por videoconferencia desde Barcelona, relata como testigo los motivos que le han llevado a sostener que el caso Dina es 'un montaje' de Podemos para sacar rédito electoral. (...) En el inicio de la comparecencia, ante los abogados de Pablo Iglesias y su ex asistente Dina Bousselham, Calvente indica que dentro del partido le explicaron que había 'una estrategia' para 'hacer un tema mediático del asunto'. Parte de esa estrategia, añade, era lograr que la Fiscalía accediera a citar a ambos como perjudicados por él robo del móvil de Bousselham y la difusión de su contenido. Si lo pedía el fiscal, explica, las cosas irían más rápido y se podría aprovechar antes el asunto".
Sigue Marraco: "La declaración profundiza en esa supuesta estrategia de Podemos y el testigo precisa que dentro de la formación había un núcleo de dirigentes, que denomina 'gabinete de crisis', que se encargaba de marcar el camino. En él estaban Iglesias y la ministra Irene Montero junto a Rafael Mayoral y Juanma del Olmo. La estrategia era sencilla, añade: 'Vamos a usar el caso Villarejo para beneficio político'".
Teoría y práctica de las puertas giratorias en política. Interesante pieza de Antonio R. Vega en Abc sobre el pasado profesional de una ministra de Sánchez: "Teresa Ribera Rodríguez, actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuvo trabajando como directiva para la empresa de paneles solares Isofotón S.A., investigada judicialmente tras recibir 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades durante los gobiernos del PSOE en Andalucía. De nada sirvieron las fuertes inyecciones de fondos públicos que la Junta realizó entre 2005 y 2012, incluso con sus cuentas de resultados en números rojos y supuestamente maquilladas para obtener el dinero. La factoría malagueña, que había sido vendida por el precio simbólico de un euro en el año 2010, echó el cierre en enero de 2014 y despidió a sus últimos 297 trabajadores".
Continúa la nota: "Dieciséis meses antes, el 12 de septiembre de 2012, Isofotón anunció el fichaje de Ribera como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales de la sociedad con la misión de pilotar la expansión mundial de la empresa, que contaba con una cartera de proyectos en Iberoamérica y Asia con 1.500 megavatios. No hacía ni nueve meses que Ribera había cesado como secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo un mes antes de su desembarco en Isofotón, que funcionó como una 'puerta giratoria' para la política, el 10 de agosto de 2012, la entidad Soprea, perteneciente a la Junta de Andalucía, firmó un préstamo a favor de la sociedad privada por importe de 8,39 millones de euros a través del director general de la agencia pública IDEA con el objetivo de saldar pagos pendientes de paneles de energía solar con el compromiso de mantener a sus 702 empleados. Según la Fiscalía Anticorrupción, la concesión del préstamo incurrió en una 'negligencia grave rayana en la intención'".
17 de septiembre, santoral: Adriana de Frisia, Columba de Córdoba, Francisco María de Camporosso,
Hildegarda de Bingen, Lamberto de Lieja, Manuel Nguyen Van Trieu, Pedro Arbués, Reinaldo de Mélinais, Roberto Belarmino, Rodingo de Argona y Sátiro de Milán.