Illa defiende que actuó pronto y bien ante la pandemia

España enfoca el final de la emergencia sanitaria con tantas preguntas sobre el pasado como interrogantes de futuro. Los medios echan la vista atrás y las entrevistas resultan punto incómodas, difíciles para sus protagonistas. La duda es si se podía haber hecho algo más, si se despreciaron las alertas, si aquella monserga de que el coronavirus era como una gripe fuerte resultó fatal. Planea en el ambiente político la judicialización de la gestión de la epidemia, la enorme bronca entre el Gobierno y la oposición, un choque para el que la palabra crispación se queda corta y pequeña.

En El País comparece el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aporta el siguiente titular: "Visto lo visto, todos llegamos tarde a esto". Parece que la frase porta implícita una evaluación crítica de la gestión del Gobierno, pero nada más lejos según el subtítulo: "El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defiende su gestión, no admite errores y critica que “haya quien intente hacer ruido” cuando las cosas empiezan a ir bien".

La entrevista a Illa lleva las firmas de Elena G. Sevillano y Pablo Linde, que aprietan al ministro respecto a la posibilidad de haber actuado antes y sobre la manifestación del 8M. Ahí va un extracto: 

P. Informalmente supo del aumento de casos el día 8 por la tarde noche. ¿Cómo le avisaron?

R. Recibimos una llamada: “Mañana vamos a comunicar un incremento importante de casos, entendemos que hay que tomar medidas de distanciamiento social: supresión de actividad educativa, de grandes eventos”. El lunes a primera hora tengo una reunión telemática con la consejera del País Vasco y a mediodía con el consejero de Madrid. Adoptan decisiones, porque les corresponden a ellos, que se refuerzan el jueves 12 al conjunto del país y que culminan en el decreto de estado de alarma el 14.

P. Por entonces solo se hacían pruebas a quienes estuvieran en contacto con positivos o vinieran de zonas de riesgo. De haber hecho más, se hubieran detectado más casos. ¿No debería el Gobierno haberse adelantado?

R. El Gobierno ha sido proactivo. Aumentamos la sensibilidad de la definición de caso la semana anterior para abrirlas a neumonías no filiadas.

P. Fue insuficiente, visto lo visto

R. Visto lo visto, todos llegamos tarde a esto. Todo Occidente. Esto es una obviedad. Pero España, Italia, Francia, Alemania, todos los países, EE UU, Brasil, todo el mundo ha llegado. Es una cura de humildad para todos. Pero España actuó antes que otros, decretó el estado de alarma con un número de afectados y fallecidos inferior a otros países. Nosotros, el 5 de marzo teníamos 261 casos, Italia 3.089.

P. ¿Se arrepiente de haber permitido concentraciones multitudinarias como el 8-M y todas las que se produjeron esos días?

R. Acertar la quiniela del domingo el lunes no me interesa mucho. No voy a entrar en ese tipo de disquisiciones, no voy a perder un minuto. Se actuó como se tenía que actuar conforme a la información de la que se disponía en aquel momento, pero no voy a jugar a predecir el pasado; es demasiado sencillo.

P. ¿Se arrepiente de algo en la gestión de esta crisis?

R. Claro que ha habido cosas mejorables. Pero ni en política ni en la vida hay actitudes infalibles. Se trata de tener más aciertos que errores. En España tenemos la epidemia controlada hoy. Y me sorprende que, cuando las cosas empiezan a ir desde el punto epidemiológico bien, algunos se dediquen a hacer ruido. Yo no voy a entrar en reproches ni a responder provocaciones. Lo que reclama la sociedad es unidad. La unidad salva vidas, la unidad salva empleos, la unidad salva empresas. Hace falta esto. Hace dos años hubo una moción de censura. Esto nos ha llevado a constatar dos cosas: se ha acabado la impunidad, el uso inadecuado del dinero público; y dos, se han puesto en el centro de la acción del Gobierno las prioridades sociales. No es casualidad que ese aniversario coincida con el ingreso mínimo vital.

En La Razón comparece el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien interroga Carmen Morodo. El candidato a la reelección se muestra prudente, sumamente correcto en el tono empleado respecto al Gobierno, aunque no ahorra críticas: 

–Ahora el debate político y judicial está en si el Gobierno y las autoridades actuaron o no tarde. ¿Usted qué cree?

–La OMS venía avisando desde diciembre de que había riesgo de pandemia y en España no hemos estado a la altura en la activación de la alarma epidemiológica durante el primer trimestre del año, y, sobre todo, desde finales de febrero hasta el 15 de marzo. Falló, sin duda, la alerta epidemiológica y faltaron decisiones que debía haber adoptado la autoridad sanitaria. La primera de ellas, activar los servicios de salud para que empezasen a comprar material sanitario, sobre todo respiradores, porque ya sabíamos que este virus produce neumonías explosivas e ingresos en UCI, y el respirador es un elemento fundamental en esta patología. También se llegó tarde al cierre de actividades. Se perdieron entre 15 y 20 días, que fueron determinantes para el contagio masivo que se produjo en algunas ciudades y el posterior colapso de hospitales.

–¿Esa tardanza hace al Gobierno responsable directo de la pérdida de vidas?

–Nuestro sistema de alerta epidemiológica falló. Actúo con retraso. Yo no estoy para responsabilizar a nadie en concreto, pero el Gobierno haría mal en mantener que no se ha cometido ningún error y que todo se ha hecho bien.

–La OMS habló de pandemia el 11 de marzo. Por eso le preguntaba si puede decirse que los fallos de Sanidad y de las autoridades han provocado más fallecimientos.

–Pero el virus estaba a una hora de avión de España. Lo estábamos viendo. Y es evidente que la alerta epidemiológica es responsabilidad del Gobierno central, y del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública. Y de todos los que están encargados de la coordinación de la salud pública española. Ésta es una de las pocas competencias, quizás la más importante, que tiene el Ministerio desde el punto de vista de la prevención de la salud.

–Entonces, ¿hubo negligencia o delito?

–No me corresponde a mí decirlo. Pero es evidente que hay una responsabilidad porque al país no se le previno con la antelación suficiente de un riesgo cierto. Y con independencia de que siempre hay dudas y zonas grises, a finales de febrero estábamos ante un riesgo cierto. No estoy diciendo con esto que el 27 de febrero habría que haber dictado el estado de alarma, pero sí se tenía que haber activado la alerta epidemiológica y haber tutelado día a día cualquier brote o sintomatología compatible con la Covid en los hospitales, e informar dentro de la alerta a las autoridades sanitarias del Gobierno central.

Parecido temario que en las dos entrevistas anteriores emplean Juan Carlos Merino y Enric Juliana en su conversación con la vicepresidenta Carmen Calvo en La Vanguardia: 

P. Examinemos lo ocurrido. A la vista de lo que ocurría en Italia la primera semana de marzo, ¿no se tardó en decretar el estado de alarma?

R. El 4 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que estamos ante una emergencia sanitaria controlable. Ningún país de Europa, ni Francia, ni Alemania, ni España toman en ese primer momento ninguna decisión drástica hasta que la OMS, el 11 de marzo, dice que es una pandemia. Tardamos 24 horas en decretar el estado de alarma.

P.¿Es verdad que las ministras del área económica eran reticentes, por el impacto de la medida?

R. No. Rotundamente, no. El Gobierno fue unánime en aquella decisión, aportando cada ministro su punto de vista. Es lógico que a la vicepresidenta económica le preocupe la economía, pero Nadia Calviño tenía en la cabeza la crisis sanitaria.

P. Estuvo en la primera fila de la manifestación feminista del 8 de mayo. ¿Se arrepiente?

R. No. Es más, deseo volver a manifestarme el año que viene, en la fila que me toque, como he hecho toda mi vida. Espero que en el 2021 esa manifestación se pueda celebrar.

P. ¿Teme la apertura de un frente judicial a propósito del 8-M?

R. Llevar la política de manera genérica a los tribunales no es nunca la vía. Que la estrategia de la ultraderecha y del PP sea atacar el feminismo es un error terrible. Es algo que forma parte de su trayectoria. El PP ha llevado al Tribunal Constitucional todas las leyes de igualdad adoptadas en los últimos cuarenta años. Y han decidido que el 8-M y el feminismo es el objetivo a batir. No solo es un error inmenso, sino que va a ser una derrota inmensa. Poner el foco en el 8-M es una gran torpeza, cuando ese día había concentraciones y actividades masivas de todo tipo en España. La derecha española está haciendo el ridículo en Europa. A ninguna derecha de ningún otro país se le ha ocurrido pensar que las manifestaciones que hubo en todo el mundo el 8 de marzo eran el foco de la Covid-19. Eso solo ocurre en España. El PP y Vox han descubierto el origen del virus: el feminismo. Es un gran bochorno.

En El Mundo "reconstruyen" los mensajes de whatsapp del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien habría tecleado que "soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España".

ABC, por su parte, sirve a sus lectores una encuesta que dice que "el 71 por ciento de los ciudadanos acusa al Gobierno de ocultar el número real de fallecidos" y que "seis de cada diez votantes del PSOE creen que el Ejecutivo ha actuado sin rigor y sin transparencia".

Como siguen los coletazos de las remociones en la Guardia Civil a cargo del ministerio del Interior, el titular de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska continúa en el palmito informativo, En El Independiente, Antonio Salvador traza un completo retrato del personaje en el que destacan los pasajes alusivos a la cercanía que mantuvo el actual ministro con el PP, que a punto estuvo de nombrarlo fiscal general del Estado. Escribe Salvador: "Hubo un tiempo, sin embargo, en el que Grande-Marlaska flirteó con el PP. Fue el partido liderado entonces por Rajoy el que lo había propuesto en 2013 para ocupar una vocalía en el CGPJ tras diez años como juez instructor en la Audiencia Nacional, donde se habría librado un gran prestigio por su lucha contra ETA. «Se me tildó de conservador por ser propuesto por el PP, pero la gente que me conoce sabe que mi perfil no es ése», declaró años después a la revista XLSemanal".

Sigue la pieza: "Fuentes populares aseguran a este diario que, a través de terceros, el hoy ministro hizo llegar a la cúpula del entonces Ministerio de Justicia su interés por ocupar algún cargo de responsabilidad en el último Ejecutivo de Rajoy. En concreto, su nombre estuvo encima de la mesa primero para sustituir como Defensor del Pueblo a Soledad Becerril -tras expirar el mandato de ésta en julio de 2017- y, después, para suceder a José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado tras el fallecimiento de aquél durante un viaje oficial a Argentina en noviembre de 2017. «Se hizo una terna con seis o siete candidatos y Grande-Marlaska estuvo muy cerca de ser el elegido. Su lucha por las libertades en el País Vasco, su condición de homosexual… le daban un toque modernito, aunque es un tipo bastante conservador. Fue uno de los tres finalistas junto a José Ramón Navarro (presidente de la Audiencia Nacional) y Julián Sánchez Melgar, que fue finalmente el designado. Desde luego hubiera dado saltos de alegría si él llega a ser la persona propuesta», señala una fuente conocedora de aquellas gestiones".

Noticias de Cataluña. La Generalitat traslada la Consejería de Economía, según cuenta El Nacional: "De tots els edificis que abandona el Govern, el més emblemàtic és sens dubte, la Casa Heribert Pons, la conselleria d’Economia, que també ha estat seu de vicepresidència amb Oriol Junqueras i Pere Aragonès. Situat a la cruïlla de Rambla Catalunya amb la Gran Via de les Corts, va ser adquirit per la Generalitat durant el primers anys de Govern de Jordi Pujol per l’aleshores conseller d’Economia, Ramon Trias Fargas. En aquell moment era un edifici d’oficines però es va construir entre 1907 i 1909 per servir de residència habitual de l’empresari i advocat manresà Heribert Pons Arola".

Sigue la pieza líneas después: "Ja en aquell moment (durante los hechos del 20-S), la Generalitat vivia de lloguer a la Casa Heribert Pons. El Govern d'Artur Mas l’havia venut l’any 2013, en plena crisi econòmica junt amb altres propietats per intentar cobrir les necessitats de tresoreria de la Generalitat. La venda es va tancar en segona subhasta per 23,2 milions d’euros. L’edifici, de 8.080m2 va ser comprat pel holding financer del grup farmacèutic italià Angelini i es va acordar un lloguer amb el nou propietari que en aquell moment es va xifrar en 95.693 euros mensuals i que havia de ser per un màxim de tres anys".

Qué manera de malvender patrimonio ese capitán de agua dulce de Artur Mas, personaje letal para el nacionalismo y hombre que no supo conservar el impresionante legado que le dejó Jordi Pujol. 

Más noticias. Sorprendente desaparición de lazos amarillos. Del e-notícies: "Els llaços grocs en record dels dirigents independentistes empresonats han desaparegut dels escons del Parlament de Catalunya. Els símbols, que sovint van ser objecte de polèmica a la Cambra en representar l'absència dels polítics independentistes, han desaparegut del saló de plens en les últimes sessions plenàries després de la represa pel Covid-19".

7 de junio, santoral: Antonio Maria Gianelli, Colmán de Dromore, Isaac de Córdoba y Roberto de Newminster.