Las calles son suyas y el Govern se esfuma

A los señores que montaron el 20-S, el 1-O, el 3-O y el 27-O, más aquello de los ocho segundos de república catalana, se les ha impuesto la menor de las penas posibles, entre nueve y 13 años, por el cargo de sedición, lo que en este Estado malayo y totalitario equivale a que en unas semanas podrán pisar la calle, según aventuran algunos medios. No es previsible que al Tribunal Supremo se le ocurra que tienen que cumplir las penas en su integridad o dos tercios para acogerse a los beneficios penitenciarios por lo que ocurrió ayer en Cataluña. Esa reacción judicial sí que sería venganza, no las condenas por sedición y en algunos casos malversación.

Como es habitual desde los tiempos de Artur Mas, el astuto, el Govern de la Generalitat tira la piedra y esconde la mano, moviliza a las bases independentistas, incendia las calles, llama a las barricadas y después se desentiende si los manifestantes cívicos, pacíficos y dempeus montan barreras con palés, rocían a su propia policía con extintores o se los lanzan a la cabeza. Todo muy pacífico y no violento, sí, pero con encapuchados y embozados dispuestos a chocar con los Mossos y hasta con la Policía Nacional, a la que en TV3 y RAC 1 llaman "espanyola" porque nacionales solo son los Mossos según sus libros de estilo. El Govern lanzó su comunicado por boca de Torra y se esfumó de la escena del crimen.

Imágenes de los altercados tras las condenas del 1O

El efecto es evidente. El aeropuerto de El Prat convertido en un campo de batalla, más de cien vuelos cancelados y miles de turistas, viajeros, propios y extraños atrapados en las instalaciones o caminando hasta Barcelona. Gran triunfo independentista. Cuánta diginidad. Palabra de Guardiola, erigido en portavoz del gandhiano pero al revés Tsunami Democràtic. El millonario de Qatar, esa democracia, brutalmente reprimido por los jueces del Supremo y los hombres del tricornio que dice prou! La lucha continuará hasta que España se siente y hable, asegura el entrenador del Manchester City. 

Mientras tanto, en las calles de Cataluña se llega a las manos. Un individuo perfectamente identificadable pega y derriba a una señora que agitaba una bandera española en Tarragona. Un hombre y una mujer pelean en el paseo de Gràcia, también por una bandera. Él, independentista, cae al suelo. Ella lo quiere matar y tienen que impedir que se abalance sobre el hombre con intención de patearlo.

Como diría el abogado Melero parafraseando la película de José Luis Cuerda, amanece, que no es poco. Los manifestantes están cansados y de momento sólo hay cortes en carreteras de rango menor, destrozos en las máquinas expendedoras de Renfe y un vermú solidario en Tarragona a las 11. Eso, por ahora, porque el Tsunami ha prometido más mandanga para hoy. Acabarán por mezclar el material orgánico con el papel en el contenedor del vidrio. La estación de Sants está protegida por la Policía Nacional. 

Barcelona y la bullanga. La frivolidad delirante. Estudiantes paniaguados y jubilados aburridos colapsan la ciudad de Ada Colau en colaboración con los funcionarios de la Generalitat más concernidos con la causa de sus jefes políticos. Qué poco cuesta poner una ciudad patas arriba cuando no hay orden ni Guardia Urbana.

División de opiniones. La prensa madrileña, la mayoría, censura la sentencia por quedarse corta. La de Barcelona, alguna, surfea y trata de poner años calientes. La otra se lleva las manos a la cabeza. 

El artículo de Arcadi Espada en El Mundo, crítica de una sentencia disparatada a juicio del autor: "Es fácil comprender la honda impresión de desaliento que causa en cualquier espíritu objetivo la lectura de la sentencia que ayer se hizo pública. Y, en especial, las nucleares doce páginas (263-275) dedicadas a rechazar la rebelión, en que la expectativa de una prosa limpia, cortante y civil se diluye en un esfuerzo gelatinoso y rábula de acomodar los hechos a la cama de Procusto. En esas páginas, la sentencia establece que el Proceso fue una ficción, que nunca tomaron por nada más que un sueño sus propios promotores. El objetivo de los procesados no fue el ejercicio del derecho de autodeterminación sino el ejercicio «de un atípico derecho a presionar», como llega a escribirse textualmente en el insuperable y alucinógeno párrafo final de los hechos probados. Comparándolo con los hechos que realmente ocurrieron en aquel octubre, el grotesco carácter del razonamiento de los magistrados puede resumirse así: los procesados aprobaron unas leyes de desconexión constitucional, celebraron un referéndum de autodeterminación y proclamaron la independencia de la República catalana porque su intención era presionar al Gobierno Rajoy para negociar unas leyes de desconexión constitucional, celebrar un referéndum de autodeterminación y proclamar la independencia de la República catalana. De lo que lógicamente se deriva -y me asombra la falta de valor de Marchena al no escribirlo- que la aplicación del artículo 155, decidida por el Gobierno, estuvo solo encaminada a presionar a los sediciosos con la aplicación del artículo 155. (...) El lirismo catalán lloriqueará en las calles: «¡Cómo se atreven a juzgar un sueño!»

El texto de Sergi Doria en ABC sobre esa cosa llamada TV3: "Según los titulares de TV3, los condenados son «el primer gobierno democrático de Europa sentenciado a prisión». Y para recalcar la presunta ignominia, el subtítulo: «No hay precedentes en la Europa democrática y contemporánea de una condena a prisión a un gobierno local escogido democráticamente con mayoría parlamentaria»".

Sigue Doria: "El expresidente del Parlament Ernest Benach manifestaba que la sentencia no tiene «ninguna base jurídica». Afirmaciones como la de este político tejen las telarañas de la pesadilla catalana. La tarde-noche de TV3 fue una continuada repetición de la cuantía de pena que sumaban los políticos juzgados: 100 años y el recurso a la teoría de la conspiración. Un silenciamiento de que saltarse la ley y atentar contra la Constitución conlleva un precio penal. Las conexiones con los puntos calientes de la protesta precisaron de un complicado equilibrio. Basculaban entre la complicidad con quienes colapsan el aeropuerto, bloquean la N-II y el énfasis de que esas acciones de sabotaje y secuestro de la movilidad ciudadana son, siempre, «cívicas y pacíficas»".

El editorial de La Razón abunda en la tesis de que el Supremo se ha quedado corto. La pieza está escrita por un jurista: "Es cierto que la reforma del Código Penal llevada a acabo por el Gobierno socialista de Felipe González fue objeto de una enmienda impulsada por la entonces senadora Pilar Rahola, que introdujo la exigencia del concurso de la violencia en la tipificación del delito de rebelión, equiparando la vieja rebelión institucional de nuestros códigos, la que se producía desde un sector del poder civil, con los clásicos pronunciamientos militares. Detrás de esta distorsión que, a la luz de la reciente experiencia, no es difícil de calificar, se encuentra el contrasentido ontológico de que una acción tendente a romper la unidad territorial de España, derogar la Constitución en Cataluña y hacer tabla rasa del ordenamiento jurídico, es decir, un golpe de estado en toda regla, pueda ser considerada por nuestros jueces como un delito de sedición, referido al orden público, aunque para ello haya que perderse en arabescos procesales y en interpretaciones al filo del juicio de intenciones. Interpretaciones que llegan hasta el punto de negar la voluntad expresada y reconocida por los propios procesados de obtener la secesión del Principado, tal y como había quedado expuesto en la «Declaración unilateral de Independencia» aprobada por el Parlamento autónomo de Cataluña a instancias de la Generalitat".

Los editoriales de la prensa de papel editada en Cataluña abogan por "desjudicializar" el proceso y volver a la política. El de La Vanguardia tacha de comprensibles las manifestaciones de ayer: "La circunstancia es muy penosa para los condenados, también para sus familiares y allegados, lo cual abona la empatía popular. He aquí algo comprensible. Al poco de trascender la sentencia, rubricada de forma unánime por los siete miembros del tribunal, se produjeron numerosas muestras de apoyo a los políticos independentistas en las calles, carreteras y nudos de comunicaciones de Catalunya, con especial afectación del aeropuerto de El Prat. Este tipo de protestas, que duraron todo el día, propiciaron incidentes, con cargas policiales y heridos. Las entidades independentistas planean otras protestas para días venideros. Como decíamos, son acciones comprensibles al calor de la sentencia, pero que no resolverán los problemas comunes".

En la pieza editorial de El Periódico se relativiza el alcance de la justicia: "El fallo no zanjará el conflicto político catalán. Los millones de catalanes partidarios de la independencia no cambiarán de idea, y los partidos políticos que, legítimamente, propugnan la separación de España no abandonarán su empeño. Mal harían las instituciones del Estado en pensar que la derrota de la vía unilateral y el duro castigo penal por los hechos de otoño del 2017 supone el fin del problema. Las protestas en la calle –legítimas mientras no pongan en riesgo el orden público– son el recordatorio inmediato de que los independentistas ven en las condenas otro ataque a las libertades e ideas que defienden".

Los políticos independentistas mostraron ayer su condena y consternación. Uno de los más activos fue el joven republicano Pere Aragonès, arrastrado por la hiperventilación de sus socios de Junts per Catalunya (JxCat). Había que ver al vicepresident bramando en TV3 por el siglo de condena, esos 99 años producto de la suma de todas las penas, cifra con la que el secesionismo pretende convencer a las tietas y los jubiletas, así como a los estudiantes que no se enteran de nada, de que el Estado pretende mantener a Junqueras durante diez décadas en la trena. 

Conmovedor. Dentro de poco, cuando la gente se cruce a los Jordis por la calle ya nadie se acordará de nada. De la pieza de Beatriz Parera y Pablo Gabilondo en El Confidencial: "Nadie duda, ni siquiera los propios afectados, de que no pasarán en prisión ni un minuto más de esa cuarta parte que recoge el Reglamento Penitenciario como norma general para que un recluso pueda acceder al régimen abierto que favorece la salida diaria y obliga a pernoctar en la celda. Juristas consultados avisan, sin embargo, de la existencia de una salida más rápida, en solo dos meses, que no se correspondería con la legalidad e incluso rozaría la prevaricación: la progresión automática al tercer grado".

Es la impotencia de la justicia, igual que con la euroorden contra Puigdemont, el gran ausente. Al hilo de esa instrucción escribe Carmen Lucas-Torres en El Independiente: "La reactivación de la Euroorden por parte del juez Pablo Llarena contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación no implica su inmediata detención en Bruselas. Menos aún su entrega a España para que sea juzgado por los mismos delitos por los que el Tribunal Supremo condenó este lunes a los miembros del procés liderado por el ex presidente catalán. La demora en la entrega de Puigdemont a la Justicia española estaría relacionada con la demanda sobre su inmunidad como europarlamentario planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), trámite que tardará al menos un año en resolverse, según informan a El Independiente fuentes especializadas en extradiciones y de su defensa".

Qué cruda represión. Mientras tanto y en Moncloa apelan a la calma, según apunta Miquel Noguer en El País: "A la espera del alcance de las protestas y de la actuación que tenga la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por una respuesta contenida pero intentando alejar la idea de un indulto para los condenados, como mínimo a corto plazo. “El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento”, dijo Sánchez tras ensalzar la labor del Tribunal Supremo y hacer una encendida defensa de la justicia española. Consciente de la trascendencia internacional de la sentencia, este lunes por la mañana el Ejecutivo difundió un vídeo con ministros hablando en cinco idiomas para reivindicar la democracia española y, por la tarde, el ministerio de Exteriores convocó a todos los embajadores acreditados en España a una sesión informativa. El jefe del Gobierno en funciones habló por la tarde con el presidente del PP, Pablo Casado, y con los líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias".

Puede que si no reacciona de alguna manera más allá de la retórica, el independentismo se lleve por delante a Pedro Sánchez, urnas mediante, como se cepilló a Mariano Rajoy tras un 155 de chichinabo.

15 de octubre, santoral: Teresa de Ávila.