El Govern de la Generalitat es un artefacto roto en el que los consejeros de ERC no hacen nada y aún menos los de Junts per Catalunya (JxCat). Ya ni siquiera se practica el arte del disimulo. El independentismo está en otra fase y la Generalitat ya no es más que una gestoría para repartir poltronas y prebendas. Entre Carles Puigdemont y Quim Torra han hecho añicos la sustancia institucional del autogobierno.
La única propuesta de Torra es conservar la silla encomendada por su patrocinador, el "exiliado", presidente "legítimo" que pretendía que el Parlament le pudiera designar a distancia para gobernar por telepatía. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que no puede ser.
Por no haber no hay ni plan. La división del independentismo bloquea un mínimo común. La única divisa es "resistir", tarea que consiste en pasar el rato profiriendo declaraciones incendiarias y promesas imposibles. Los medios recogen el palo que se llevó Torra ayer en el Parlament, que le reclama una cuestión de confianza o que ponga fin a la agonía y convoque elecciones. De la nota de Maite Gutiérrez en La Vanguardia: "Se trata de una moción del PSC que ha sido aprobada en el pleno con 62 votos a favor de los grupos socialista, de Ciudadanos, Catalunya en Comú y del PP, y 61 votos en contra de los grupos de Govern. La CUP, antaño aliada del Govern de la Generalitat, ha decidido no participar en la votación, de forma que ha dejado caer al president ante el pleno".
Ocurre que no sirve de nada. Sigue la pieza de Gutiérrez: "La moción no tiene ningún efecto vinculante, pero supone una enmienda a la totalidad al Govern y a Torra por parte del Parlament, dando una imagen de debilidad. Aún así, el president ya ha dejado claro que no piensa ni someterse a una cuestión de confianza ni adelantar las elecciones, tal y como le acaba de solicitar la mayoría de la Cámara".
Un paladín de la democracia parlamentaria este Torra, que se niega a dar un paso al lado por al menos dos motivos: no es lo mismo que te inhabiliten de presidente que de expresidente y ahora está muy ocupado montándose un ejército de mossos de probada adhesión a los principales fundamentales de la república. El escándalo es la portada de El Periódico, que titula: "152 mossos para la guardia de Torra". Escriben Juan José Fernández y Antonio Baquero: "Presidència de la Generalitat está evaluando a 148 mossos (a los que hay que añadir cuatro sargentos que ya han sido elegidos) que aspiran a formar parte del Àrea de Seguretat Institucional (ASI), el grupo policial que Quim Torra está reclutando para que le preste seguridad y también proteja a los 'expresidents', con exclusiva dependencia del Palau de la Generalitat y sin control de la prefectura de la policía catalana".
Párrafos después se apunta que "una buena parte de los agentes que han respondido a la convocatoria tienen acreditado perfil independentista, según todas las fuentes consultadas, que no ocultan en redes sociales".
Los Mossos escogidos tendrán unas espectaculares condiciones de empleo, trabajarían siete días seguidos, librarían los siete siguientes y cobrarían cuatrocientos euros más que sus compañeros. Aparte la oportunidad de estar al lado de tipos como Torra y Puigdemont y formar parte de la historia.
No sólo hay broncas en el Parlament. Convulsa sesión del Parlamento vasco con presencia de representantes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Bildu, aliado de Sánchez, llama nazi a la Policía" titula en portada el ABC. Escribe Adrián Mateos: "El debate sobre la polémica Ley de Abusos Policiales ha generado momentos de gran tensión en el Parlamento vasco, donde un encolerizado dirigente de EH Bildu no ha dudado en catalogar de «nazis» y «asquerosos» a los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza presentes. Se trata de Julen Arzuaga, que ha acusado a las fuerzas de seguridad de querer esconder a las víctimas de este tipo de abusos. Su intervención ha motivado la marcha momentánea de los dirigentes del PP, que han llegado a encararse con el radical. Los populares han sido los únicos que han votado en contra de la polémica norma, que ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE y la abstención de Podemos y Bildu".
Sondeos. El "tracking" de El Diario recoge un repunte del PP favorecido por los retrocesos que atribuye el trabajo demoscópico a Ciudadanos y Vox. Estos son los datos, con porcentajes y horquilla de escaños: "PSOE, 27,2%, 113-118; PP, 23,6%, 97-100; Cs, 15,7%, 52-55; Unidas Podemos más confluencias, 12,2%, 31-33; Vox, 8,7%, 14-16; ERC, 2,9%, 11-13; PNV, 6; JxCat, 5; Compromís 4-5; En Marea, 3 y otros, 4-5". El análisis es de Gonzalo Cortizo, que principia así: "Ciudadanos y Vox entran en la última semana de precampaña perdiendo apoyos mientras el Partido Popular los recupera y se presenta como la opción más fuerte en el bloque de las tres derechas, sin opciones de formar una mayoría por segunda semana consecutiva".
Ecos del debate electoral en La Vanguardia. El Nacional destaca un trino de Jair Domínguez, que realiza el siguiente "análisis": "Segrestats emocionalment per la democràcia i el llirisme, deixem que una colla de sotsnormals imposin el castellà per debatre sobre eleccions a Catalunya. Bona a sort a tots, superpowers".
Juicio en el Supremo. Jordi Pina, el letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, se está cubriendo de gloria con sus artimañas y menosprecios a los testigos de la Guardia Civil. No parece que eso pueda ayudar a sus patrocinados. El presidente de la sala, Manuel Marchena, le metió una bronca de aúpa por acosar a un declarante. Pina, punto vanidoso, se cree que Marchena no está de coña togada cuando se refiere a él como un gran profesional y un tipo serio. Aunque den la sentencia por redactada, la antipatía y prepotencia de Piña carecen de sentido cuando al tiempo solicita la excarcelación de sus defendidos.
En materia de la vida y la muerte, los medios se hacen eco del caso de un hombre que proporcionó a su esposa, enferma terminal, pentobarbital sódico. De la nota de Elsa de Blas en El País: "La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado en la noche de este jueves la puesta en libertad sin medidas cautelares de Ángel Hernández, el hombre detenido este miércoles por haber ayudado a morir a su pareja, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal. Sobre el acusado pesa una imputación inicial por la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Tal y como había previsto, durante su comparecencia judicial, Ángel Hernández, de 70 años, ha reconocido los hechos investigados: que suministró una sustancia —pentobarbital sódico— para ayudar a morir a su esposa, de 61 años, víctima de esta enfermedad desde hace tres décadas".
Pedro Sánchez ya habla de indulto, C's propone regular en rigor la eutanasia y el PP intenta que Suárez Illana no meta la pata.