La última vez que un Gobierno socialista se enfrentó a una huelga salvaje fue con ocasión de los paros de los controladores aéreos en el puente de la Constitución de 2010. El presidente Zapatero y el ministro del Interior, a la sazón Alfredo Pérez Rubalcaba, no tuvieron ningún problema en decretar el estado de alarma, disposición mediante la cual se militarizaba a los controladores, que no consistía en darles una escopeta y vestirlos de uniforme sino en aplicarles el Código Penal Militar si no acudían a trabajar. Se jugaban seis años de trena y la pérdida del empleo. 



No es previsible que el presidente Sánchez tenga en mente las leyes castrenses para abordar el conflicto de los taxistas, que han decidido reventar el verano en contra de la competencia, los llamados VTC, vehículos de alquiler con conductor de Uber y Cabify. Tampoco es previsible que el Govern de la Generalitat haga uso de sus recién recuperadas competencias integrales en materia de seguridad de ciudadana para reabrir al tráfico la Gran Vía de Barcelona. 



La prudencia con los taxistas es la nota dominante en todo el arco político. Los taxistas, a su modo, son un poder fáctico, una red de inteligencia colectiva que dispone de datos de toda clase, íntimos incluidos, sobre el sector de la población que maneja monises y no sabe del Metro, lo que antes se decían las clases dominantes. Lo que no haya visto un taxista no lo ha visto nadie ni de noche ni de día. De modo que Colau, Torra y Sánchez están por darles la razón y no han salido ni Rivera ni Casado a protestar por el asesinato de la libre competencia en lo de llevar gente en coche de un lado para otro. Todos tienen chófer y algunos hasta piloto, de modo que les afecta poco en lo práctico que los taxistas en lucha luchen en la Gran Vía en vez de rodear la Moncloa.



Si no hay acuerdo esta mañana en el ministerio de Fomento, el taxi plantea cerrar La Jonquera y bloquear el puerto de Barcelona, pero que lo mismo puede ser Mercabarna y el Aeropuerto no porque ya está colapsado. Se va extendiendo como mancha de aceite la huelga, que es parcial en Madrid, comienza mañana en las Baleares, total en Málaga y Bilbao, cuarto y mitad en Zaragoza, Sabadell y Mataró.



El referente de los taxistas madrileños es un forzudo exboxeador que se llama Nacho Castillo, por mal nombre Peseto Loco. Él solo, con un whatsapp ha paralizado Madrid (El País). Los coches de Uber y Cabify circulan de dos en dos por precaución. Uno lleva pasaje y el otro vigila el recorrido. Igual que en las misiones militares. Los turistas no entienden nada.



El Gobierno también debe hacer frente a la emergencia migratoria (El Mundo). Del texto del diario de Unedisa: "Día tras día se suceden las noticias sobre la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas. El Gobierno se esfuerza por transmitir mensajes de normalidad y asegura que no está desbordado. Anteayer mismo, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en negar que exista colapso en el sistema de salvamento y acogida de inmigrantes. Pero, frente a estos discursos, el propio Ministerio ha tenido que llevar a cabo soluciones excepcionales. Y así consta en una resolución firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, número dos de Interior, el pasado lunes. El escrito declara "situación de emergencia" ante la llegada "masiva de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas, especialmente el arco sur (Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva)", titula el escrito que obra en poder de este periódico. Y prevé la llegada de al menos otros 10.500 inmigrantes a las costas andaluzas en un plazo no superior a tres meses".



Al Gobierno, por cierto, le parece injusto que se atribuya el cambio de ruta en el Mediterráneo al efecto Aquarius.



Sondeos y más sondeos. En la encuesta del Abc, sube el PP; la de La Razón alude al "efecto Casado" y en la de Ok Diario gana directamente el joven flamante conservador que frente a la crisis migratoria asume el método Salvini y declara que no hay papeles.



Mientras tanto y en Palafrugell, el juez Pablo Llarena fue el protagonista de un incidente (El Español) que revela el clima de distensión del país. El CDR de la localidad lo localizó cenando en un restaurante con varias personas más, entre ellas el político del PP Alberto Fernández. Vilaweb llega a afirmar que había miembros del CNI en la cena y El Nacional tilda la velada de "polémica". Tuvieron que poner pies en polvorosa juez, señora y acompañantes mientras los cívicos y pacíficos cederristas les llamaban "hijos de puta", "fascistas" y otras galanuras. En las cuentas de Puigdemont y Torra se difundió la foto de la cena y el lugar donde se llevaba a cabo por si alguien se quería pasar a saludar al magistrado. Conste que el letrado Alonso-Cuevillas ha puesto el grito en el cielo. Está en contra de abroncar y amenazar a los jueces por la calle porque eso no ayuda a sus clientes.



El tercer hombre de Puigdemont tras el empresario Matamala es el historiador Josep Lluís Alay. Le entrevistan en El Nacional. Augura aceleradas novedades en materia de presos y desplazados. Puede que la presión a los jueces funcione. Pregunta y respuesta: 



"Quan Puigdemont va dir que tornaria abans de 20 anys, va provocar tota mena d’especulacions sobre què volia dir...



Jo n’estic del tot convençut. És evident que trobarem una solució i no només pel president Puigdemont, també pels presos polítics. Que ningú es pensi que compliran la seva sentència --si arriben a tenir sentència-- a una presó. D’això n’estic fermament convençut, que el president Puigdemont trepitjarà terra catalana aviat i que els presos sortiran molt aviat. Però per a això falta que estiguem plenament convençuts i que seguim mantenint la dignitat que hem mantingut i la convicció en les nostres idees..."



30 de julio, santoral: Godoleva, Pedro Crisólogo, María de Jesús Sacramentado y Senén de Roma.