¿Dimitirá Catalá? ¿Pedirá disculpas? El ministro de Justicia insinuó que el juez del voto discrepante en la sentencia de La Manada tiene un problema cuya índole no especificó, pero problema de todos conocido. O sea, que en la Pamplona judicial es un clamor algo sobre el juez que Catalá comentó como de pasada en el programa de Carlos Herrera, estilo mira como tiro la piedra y escondo la mano mientras me cargo la reputación de un pollo que no conozco porque yo lo valgo y voy de guays.
Dijo el ministro: "Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el CGPJ no actúe y que luego se produzcan resultados singulares pues yo creo que eso se podía haber evitado".
Herrera inquiere sobre la naturaleza del problema y Catalá replica: "No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de cuestiones personales, pero insisto, don Carlos, todos lo saben".
Como es fama que Rajoy no da puntada sin hilo y sus ministros son todos grandes lumbreras, cabe suponer que Catalá no tenía reflujo matinal ni se levantó con mal pie sino que dijo lo que dijo consciente y a conciencia porque el Gobierno no se quiere comer el desgaste de la contestación en la calle de la polémica sentencia.
A los ministros no les dan pasmos ni hablan a humo de pajas, gastan pólvora de Mariano, igual que pasó con Montoro y su capotazo a Puigdemont al efecto de anular el cargo de malversación.
De los problemas del juez de La Manada se escribe en El Confidencial: "En lo que no existen dudas es que su currículo está manchado con cuatro sanciones por los retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de este siglo, cuando González ejercía como magistrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Por ejemplo, una de las sanciones obedece a una demora de más de dos años en dictar una sentencia en un proceso abierto por divorcio. En su conjunto, las sanciones impuestas, según las sentencias del Tribunal Supremo, sobrepasaron las 350.000 pesetas de multa. Además, una de ellas conllevó la suspensión por seis meses por una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos".
El texto también incide en supuestos problemas personales: "González llegó a permanecer tiempo atrás más de un año de baja laboral, al parecer, por depresión. En 2008 se volvió a incorporar a su puesto y posteriormente ha sufrido alguna recaída, según apuntan compañeros de la Audiencia Provincial, que ponen de manifiesto que la Sección Segunda, la competente en los casos de violencia de género, soporta una elevada carga de trabajo. Las palabras de Catalá han dado lugar a mucha rumorología en torno al magistrado, sobre su capacidad profesional, si bien a este respecto fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) replican de forma contundente que no han recibido ninguna queja sobre la labor de González. 'Es un juez absolutamente normal', aseveran".
Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, personal funcionario, todo el mundo, que diría Catalá, pide la dimisión de Catalá. Pelea de poderes. Ejecutivo contra Judicial. Que no hay separación, dicen los que entienden...
Portada de 'El Mundo' del 1 de mayo de 2018
En Ok diario se hacen eco de las buenas relaciones entre Puigdemont y los sindicatos: "La Generalitat abonó en 2017 un total de 14.897.500 euros en 2017 a los liberados de las delegaciones catalanas de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Ambas se han posicionado a favor del proceso secesionista. El año en que el Gobierno de Junts pel Sí (CDR y ERC) culminó su intento de desconexión con la celebración de la consulta separatista del 1 de octubre, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, los liberados de las centrales en Cataluña completaron cerca de medio millón de horas a lo largo del ejercicio, según consta en el portal de Transparencia de la Generalitat. Los pagos coincidieron con la estancia de Carles Puigdemont en el poder y con la aplicación del artículo 155 que dejó la Consejería de Gobernación, Administración Pública y Vivienda en manos de la secretaria general del departamento, Meritxell Masó, integrante del PDeCAT".
El independentismo sale en defensa de los profesores de El Palau investigados por la Fiscalía a cuenta de la denuncia de un grupo de padres. Vilaweb entrevista a un docente de ese instituto:
"—Com estan, els professors afectats?
—En tenim uns quants de baixa, que, per cert, el Departament d’Ensenyament no la reconeix com a laboral. Volem fer saber que no ha fet públics els informes d’inspecció, sobre els quals ens ha dit oralment que indiquen clarament que no van dir cap de les coses que denuncien i que no hi ha indicis que els professors actuessin irregularment. I, és més, els informes certifiquen que la situació es feia insostenible per als qui han hagut d’agafar una baixa. Els documents també donen fe que havien de fer un tractament. I només ha faltat ara que el departament ens adverteixi què hem de dir, que no ens deixi parlar… Els professors estan malament: els uns han hagut d’agafar una baixa per tractament i els altres passen per una situació molt difícil. I, per a la resta de companys, és una cosa que toca tot l’institut. I no parlo únicament de professorat, sinó de nois, pares, famílies… El mal que es fa és molt gran".
Según los familiares de los profesores, no hubo señalamientos a hijos de guardias civiles ni nada por el estilo, sino lo típico en una escuela catalana el día después del 1-O en un centro que fue "colegio electoral", unos minutos de silencio por los miles de heridos, por la libertad de expresión y por la paz mundial.
El Supremo vuelve a la carga en Schleswig-Holstein, cuenta La Vanguardia. Le ha mandado a los jueces germanos dos informes sobre las andanzas de Puigdemont en la que les dice si eso que ha hecho Puigdemont de desobedecer al Constitucional, montar un referéndum ilegal y proclamar una república se puede hacer en Alemania o no.
1 de mayo, santoral: José obrero y Jeremías profeta.