Dinero. La avería que pretende causar el Gobierno en el Govern llega hasta el bloqueo de las tarjetas de crédito de los altos cargos, quienes con tanta frecuencia y necesidad se ven obligados a tirar del plástico para comidas, cenas, taxis y esa clase de sacrificios que exige la revolución independentista. El trompazo es de una violencia inusitada, por lo que no es extraño que Oriol Junqueras y su secretario Pere Aragonés digan que la medida es la aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera encubierta.



Nadie, pero es que nadie se pensaba que Moncloa fuera a actuar con tanta contundencia. Todo lo más se esperaban unos ejercicios militares en algún descampado gerundense, unos cuantos guardias civiles rondando por las Rondas y al fiscal Maza dando caña. Y está pasando. Eso y más. La Benemérita registra imprentas, la sede de Unipost y avisa a los medios del proceso del requerimiento suspensivo del Constitucional. Incluso las policías locales se han puesto a la tarea de torpedear el 1-O.



Sin embargo, lo de las tarjetas de crédito ha sido un golpe bajo inesperado. O sea, esto tenía que ser un choque de trenes, pero sin carteristas. A Montoro se le ha ido la mano, razón por la que Junqueras no ha tenido más remedio que acudir a la justicia del Reino de España para denunciar el atropello. Ha presentado recurso en el Tribunal Supremo, con cuyas resoluciones se suelen sonar los mocos en la Generalitat. En fin, lo nunca visto.



elpais.200

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En El País asume el expediente José Sérvulo, que escribe: "Hacienda ha reclamado a la Generalitat de Cataluña información sobre sus 170.000 funcionarios para poder asumir el pago de las próximas nóminas, según el plan del Gobierno central para controlar las cuentas catalanas y evitar que el referéndum ilegal del 1-0 se financie con dinero público. Si el Govern se niega a responder, los empleados públicos catalanes podrían sufrir retrasos en cobrar la nómina. La respuesta del Ejecutivo catalán debe ser rápida porque los funcionarios cobran el 27 o 28 de cada mes y solo quedan 10 días. Además, los bancos tienen que recibir las órdenes de transferencia con un par de días de antelación. (...) El ministerio controlará incluso las tarjetas de crédito de los altos cargos catalanes. Todos los movimientos financieros de la Generalitat serán supervisados por Hacienda por una vía u otra. El Gobierno central quiere evitar que los responsables catalanes incurran en algún gasto relativo al 1-O aunque tenga el pago aplazado, como las tarjetas de crédito que se liquidan a un mes vista. El ministerio podrá controlar así que los altos cargos o miembros del Ejecutivo catalán no paguen con las tarjetas de crédito oficiales actos para la organización de la consulta ilegal".



¿Será capaz Junqueras de resistirse a la presión? ¿Cobrarán los funcionarios el día 27 o a más tardar el 28? ¿Desactivará el banco la tarjeta de Puigdemont? ¿Encargará la juez Armas alguna diligencia a los Mossos, tal que hacer de mensajeros en los medios? Los partidos de la independencia han suspendido "por razones logísticas" el acto unitario que querían hacer el próximo viernes. Ni siquiera se habían puesto de acuerdo en qué localidad celebrarlo.



En cuanto a los alcaldes, mención aparte merece el apunte de Cristina Farrés en Crónica Global, que acentúa la inaudita habilidad de los munícipes para pisar los charcos sin mojarse: "Los expertos juristas que se dedican a los asuntos locales, cuya figura se fija en la ley reguladora de las bases del régimen local, indican que los documentos que se han publicitado como muestra de compromiso con el referéndum son meras “declaraciones de intenciones únicamente del alcalde”. La inmensa mayoría ni siquiera han sido refrendadas por el pleno municipal, por lo que no se pueden considerar un posicionamiento del pueblo o ciudad en cuestión, sino una adhesión política personal".



Ahora lo mismo van los de la CUP y empiezan a exigir a los alcaldes por la causa que menos postureo y más hechos y la presión cambia de acera.



Una cierta corriente de opinión sustentada en hechos incuestionables sugiere que lo de proclamar la independencia va en serio porque el cerco judicial sobre la corrupción nacionalista se estrecha y se estrecha mucho. Hasta Puigdemont está en entredicho de cuando era el alcalde de Girona. La CUP lo denunció y ya hay un juez tocando la pera. 



Ángeles Escrivá suscribe la información en El Mundo: "El juez del número 2 de Gerona, Manuel Marcelo, investiga la gestión del suministro de agua y alcantarillado de esta localidad catalana cuando Puigdemont era alcalde. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros. Las pesquisas se centran en empresas como Agissa y Girona SA".



Sigue: "Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados a lo largo de varios años más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Gerona Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría serios indicios de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular. El origen de esta operación se encuentra en la investigación del caso del 3% sobre la financiación ilegal de Convergència i Unió llevada a cabo por el juez de El Vendrell, Josep Bosch. En los registros de las investigaciones de El Vendrell aparecieron auditorías de la consultora Efial en el que se observaban irregularidades en la gestión de las aguas de Gerona. Esto hizo que solicitara una investigación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que llegó a la conclusión de que los hechos presentados por el juez podrían dar lugar a varios ilícitos penales, que fueron detallados en un informe antes del verano. Como quiera que el juez Marcelo tenía abierta una investigación al respecto, el asunto ha acabado en sus manos".



El diario Directe no es el Mundo Today, sino el órgano de ERC. Hoy titulan: "Déu nostre senyor es posiciona a favor de l'1-O". Que un lector se deshueve leyendo ese titular no quiere decir que en la intención del susodicho medio esté que sus lectores se revuelquen por los suelos. En cualquier caso, la risa es benéfica y el titular anima a sumergirse en el texto sobre la iniciativa de la sectorial de los "cristianos" de la ANC, que han publicado un manifiesto del que se infiere (por decir algo) el titular anterior: "Catòlics, protestants, evangelistes, ortodoxos... caldrà tenir pasciència per tornar a veure tots els cristians d'acord un objectiu conjunt: la independència de Catalunya. Així ho explica la sectorial de Cristians per a la independència de l'Assemblea Nacional Catalana, que han fet públic un manifest titulat “Siguem creadors d’un futur esperançador. Una mirada cristiana davant el moment històric que viu Catalunya” i que va adreçat principalment a les esglésies, comunitats, grups i persones cristianes".



Mediando Dios no parece que haya mucho más que decir, pero sí: "El Monestir de Vallbona de les Monges (Urgell) ha ofert un espai perquè els veïns puguin votar al referèndum de l'1-O en cas que l'Ajuntament no en cedeixi cap. Així ho ha explicat la mare superiora de la comunitat de religioses, Anna Maria Camprubí, que ha recordat que ja per la consulta del 9-N van cedir una sala polivalent del monestir per poder fer les votacions". 



Rajoy, ríndete. El Altísimo está del lado de Puigdemont y Junqueras. Que lo sepas.



19 de septiembre: Jenaro de Nápoles, Alonso de Orozco y Santa María de Cervelló.