Ada duda y el muerto del proceso

Tic, tac. Enervante cuenta atrás. Kim Jong-Puigdemont enardece a la tropa. Dice que retirar las urnas sería un golpe de Estado. En efecto, todo un golpe argumental inesperado en el proceso, un giro del guión mediante el que Rajoy, el hombre que no se apresura por nada, se convertiría en una especie de Trump desatado. Esperen sentados. El soberanismo necesita un gesto autoritario del Gobierno para no morir de éxito, gusto que no le va a dar el Ejecutivo del PP, donde se maneja la hipótesis de que no habrá choque sino descarrilamiento. El primer spot del referéndum en TV3 se basa en la desafortunada imagen de un cambio de vías. Remite al accidente ferroviario.

Todo está preparado de víspera para la histórica jornada de mañana en el Parlament. El proceso entrará entonces en la dimensión desconocida para quienes no se acuerden del 9-N de 2014. Misma historia con cambios en el elenco de actores de la parte independentista. El president irá per feina. Aprobación exprés de la ley del referéndum, firma colectiva del decreto de convocatoria y publicación inmediata en el Diari Oficial. Lo que es un visto y no visto. Según la crónica en La Razón de Toni Bolaño, "el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O justo después de su aprobación en el Parlament". Y añade: "Según las fuentes consultadas, el presidente catalán convocará reunión del Consell de Govern en el propio Parlament y, acto seguido, firmará el decreto de convocatoria, junto a todos los consellers. Después, el decreto sería enviado al DOGC y podría publicarse el mismo miércoles en una edición del boletín oficial de la Generalitat. Esta es la posible resolución de la primera de las incógnitas de 'esta semana es decisiva', según los nacionalistas o de 'una semana decisiva más, la enésima', para los constitucionalistas. Una semana que a todas luces es diferente, porque el soberanismo de la calle y el de los despachos se han conjurado para desobedecer al Estado y forzar el final de la partida de tensión que ha protagonizado 'el procès'".

Serias dudas respecto al papel de Ada Colau, que no se puede negar a ceder locales para una fiesta de la democracia, pero que muestra síntomas de no querer hacerse el selfie con los pedecatos. Vive la alcaldesa en un mar de dudas. Cristina Rubio firma el texto en El Mundo sobre las cogitaciones de la primera edil del cap i casal: "La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado favorable a ceder espacios de titularidad municipal para la celebración del referéndum unilateral previsto el 1 de octubre. 'Estoy perfectamente dispuesta a facilitar que se pongan urnas, ahora bien, sin poner en peligro a ningún funcionario, sin poner en riesgo la institución', ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser".

Sigue: "Eso sí, la exactivista ha tratado de sacar hierro a la decisión final y la ha supeditado a la firma del decreto de convocatoria y al requerimiento formal que haga el Govern a todos los Consistorios. 'Mientras no se ponga en peligro a ningún funcionario, cualquier Ayuntamiento estará encantado de facilitar la participación democrática de la gente en una movilización', ha proseguido sin mencionar directamente el de Barcelona, clave para decantar la balanza de la participación en la consulta de Junts pel Sí y la CUP".

En el mundo de los comunes todo es compatible con nada y viceversa, razón por la que tanto pueden estar en misa como repicando, bilocación que ejecutan de carrerilla. En La Vanguardia, Iñaki Ellakuria sirve un texto sobre el rumor de fondo principal entre el común: "En este clima de debate, más de 300 dirigentes y militantes de Catalunya en Comú, partido articulado en torno a Ada Colau, han elaborado un manifiesto en el que llaman a no participar en una votación que carece de las mínimas 'garantías' democráticas y que ha sido diseñado por el independentismo como 'una justificación no homologada democráticamente para continuar con el proceso, la DUI, la desconexión y el choque suicida contra el muro del Estado'".

Más: "El documento lleva por título 'L’1-O no hi anirem', consta de diez puntos en los que se detalla la posición de estos comunes y será presentado públicamente el próximo viernes, día en el que se dará a conocer también los abajo firmantes. El manifiesto de esa nutrida representación de comunes señala la ley de Transitoriedad Jurídica, que el Parlament aprobará el miércoles, y con la que el Govern de Puigdemont pretende crear una suerte de legalidad paralela al actual marco legal, como un ejercicio de 'deshonestidad democrática', porque entre otras razones 'limita el tiempo y el derecho al debate y a las enmiendas de los representantes de la ciudadanía'".

Vuelve la aciaga predicción del teórico muertito que le falta al proceso en el artículo de Anson en El Mundo. El académico recurre al estilo conversacional con una fuente catalanista para alertar al lector. Se parte de la base de que el independentismo está en decadencia electoral. Extracto:

"Porque en las próximas semanas Carles Puigdemont hará lo que haga falta para remontar. Hay ya colaboradores que solo creen en la sangre para provocar la remontada. Se trata de propiciar la violencia y de que algún muerto estimule la reacción popular. Gregorio Morán ha escrito que 'necesitan algún muerto que sirva de símbolo', que 'un muerto salvaría a Cataluña, es el lema escondido entre los conspiradores de esta farsa'.

-No te falta razón, no. Ni a ti ni a Gregorio Morán. Eso es una tradición política arraigada en la Historia.

-Por supuesto. Si en alguna manifestación pública, y la Diada está en puertas, se produjera un escándalo de violencia, achacándose, fuera verdad o no, a la derecha, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil un muerto o varios, la situación de retroceso del independentismo podría cambiar radicalmente".

Como hay vida más allá del proceso, Alberto Ortín firma una inquietante noticia en Voz Pópuli sobre la voracidad fiscal de Montoro, que mira ahora al gremio de los letrados en leyes: "La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha requerido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) datos relativos 'a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015, y 2016, para que se remita a dicha agencia la información con trascendencia tributaria interesada (...)'. La medida, cuya aprobación por parte del organismo puede consultarse en el Boletín de Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de julio de 2017, ha puesto en pie de guerra a los más de 100.000 abogados que aproximadamente trabajan en España, y también al colectivo de procuradores. (...) Abogados consultados ayer por este diario se mostraron enojados con la iniciativa y negaron que se haya realizado con anterioridad. 'Se trata de una inspección global, no de inspecciones aleatorias, no es constitucional' se quejaba un letrado. 'Ahora entiendo lo de LexNET', comentaba otro. 'Quieren volcar todos los datos de los procesos judiciales en una hoja de cálculo para cruzarlos con los honorarios recomendados por los colegios de abogados; los que no cuadren, a por ellos'".

Kim Jong-un no lanzó ninguna bomba ayer. Tranquilidad en el planeta. Hoy o mañana, a saber. Lo mismo le da al malvado tirano de Pyongyang por opacar la efeméride parlamentaria catalana.

5 de septiembre, santoral: Teresa de Calcuta, Quinto de Capua.