Catastrófica victoria de Theresa May frente a Jeremy Corbyn. Se abre un escenario parlamentario incierto. Los conservadores han perdido la mayoría absoluta. Si quieren gobernar, deberán hacer grandes concesiones y notables equilibrios. Corbyn exige la dimisión de May, que podría ser fagocitada por los suyos tras el desastre causado por su decisión de anticipar los comicios y por su nefasta campaña. Los laboristas han llegado a ir por delante de los conservadores durante buena parte del escrutinio. El Partido Nacionalista Escocés también se ha pegado un sonoro batacazo. La recuperación del laborismo se atribuye al electorado de menor edad, el que se quedó tirado en el sofá durante el referéndum sobre la Unión Europea. Las encuestas han vuelto a fallar y la libra se desploma.
Vendaval sobre el Gobierno en España. La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal de 2012 no tiene efectos prácticos, pero sí políticos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó el enjuague por la necesidad de dotar de liquidez al Estado. Se podía blanquear lo oculto a cambio de un diez por ciento. Luego resultó que quienes se acogieron a la amnistía (Bárcenas, los Pujol, Granados y algún otro socio de Soto del Relax entre otros) acabaron por abonar sólo el 3%. Precisamente un tres, el quinto de la niña bonita. Lo defraudado, defraudado está, pero Montoro queda tan mal o más que Guindos en el caso del Banco Popular.
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Destaca el texto de El Mundo los antecedentes del magistrado ponente: "Estos duros reproches al Gobierno del PP no resultaban necesarios para argumentar la inconstitucionalidad acordada. Su inclusión en la sentencia fue empeño del ponente de la resolución, Andrés Ollero. Se trata del magistrado que, tras haber sido diputado del PP durante los 17 años anteriores a su llegada al TC, figuraba hace unos meses como candidato inicial del Gobierno para presidir el Tribunal. Pero finalmente el Ejecutivo le dejó caer para alcanzar un acuerdo con el PSOE, que consideraba inasumible su lastre político. Algunos miembros del TC interpretan que, al margen de que sí había motivos para las críticas de fondo, en Ollero han pesado las cuentas que tenía pendientes con el Gobierno".
El rencor es una motivación tan buena como cualquiera si el resultado es la reparación, ni siquiera formal, de un desafuero.
El fin del Banco Popular sí que ha tenido efectos prácticos y los tendrá también políticos. Trescientos mil tangados no caben bajo la alfombra ni de coña y menos si el Opus Dei está entre ellos. Los tentáculos de la Obra son de orden terrenal y la peripecia del Banco en los últimos meses es como mínimo rara. La entidad había superado los test de estrés del Banco Central Europeo. Los controladores han vuelto a fallar y hay material para pleitear.
En Cinco Días, Juan de Portillo firma el texto sobre las primeras maniobras legales: "La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), representada por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional reclamando una investigación judicial sobre la debacle de la entidad, las causas que provocaron su intervención y la pérdida del dinero de más de 305.000 accionistas entre otros inversores. Se abre así una posible actuación penal sobre la gestión de Popular a la que prometen acompañar centenares de demandas de afectados por la vía civil y administrativa".
Tras la noticia publicada por CRÓNICA GLOBAL sobre el amotinamiento de altos cargos de la Generalitat, en El País se cuantifica el número de funcionarios que se requieren para montar un referéndum. Sacan la cuenta Dani Cordero y Camilo S. Baquero, que escriben: "La celebración del referéndum catalán de independencia, si se produce, requerirá de la participación activa de más de 4.000 funcionarios. Conseguir ese número de empleados públicos será un reto para la Generalitat, que, ante la previsible anulación de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, en las principales ciudades difícilmente podrá contar con los funcionarios que suelen organizar elecciones ordinarias. Los sindicatos CC OO y UGT estudian pedir que se reúna el Consejo de la Función Pública para exigir explicaciones, pero el Govern lo rechaza. Las últimas elecciones autonómicas han requerido el servicio de entre 4.000 y 5.500 funcionarios —sobre todo, municipales—, además de unos 7.000 mossos d’Esquadra y cerca de 2.000 policías locales".
Artur Mas ha hablado sobre Germà Gordó. Marta Lasalas entrevista al expresidente en El Nacional. Cerrada defensa de la honradez de su mano derecha, total comprensión sobre su actuación tras la apertura de la investigación en el TSJC y mar de fondo en el PDeCAT. Dos preguntas de muestra:
-"Gordó va ser una persona de màxima confiança seva, va formar part del famós pinyol...
-Sí, com bastants altres...
-...Va ser gerent de CDC. I s’ha dit que hi ha por que pugui estirar la manta. Té por que engegui el ventilador?
-Sempre es diran coses. Però si agafeu les paraules literals de Germà Gordó cada vegada que se li ha preguntat, ha dit que ell en la seva actuació com a gerent de CDC mai, i utilitzo paraules seves, havia actuat al marge del marc legal. Una persona que ha reiterat que mai havia actuat al marge del marc legal i una persona coherent com és Germà Gordó no canviarà d’opinió sobre això. Perquè és veritat: segur que ell va actuar en tot moment d’acord amb el marc legal. Jo d’això n’estic plenament convençut".
En el PDeCAT se va a liar parda.
9 de junio, santoral: Efrén, Feliciano y Primo.