Profesionales en la política y cómo empezó el caso Montoro

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha provocado un movimiento sísmico en la política catalana porque se le ocurrió decir en una entrevista en el Ara que cuando la Generalitat disponga de las competencias de inmigración los Mossos harán "redadas racistas" como la Policía Nacional.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se sumó a la fiesta al afirmar que lo dicho por Belarra era más propio de Albert Rivera e Inés Arrimadas. Ante lo cual, Pablo Iglesias salió a la misma palestra de X (todavía hay quien especifica que se trata del viejo Twitter) para recordarle a Junqueras que le visitó en la cárcel, etcétera, etcétera. 

Hasta el presidente de la Generalitat ha intervenido en la polémica, pero no en X y sí para asegurar que "no permitiré que nadie ponga en duda la profesionalidad de los Mossos". 

Todo eso ocurre mientras Gabriel Rufián trata de formar un frente común con Bildu, Compromís, el BNG y también Podemos, según apunta El Mundo en lo alto de su portada. 

En medio de esta brega política más bien cutre y de vuelo gallináceo, "El Govern impulsa una ley para que los directivos públicos se elijan por méritos y no por afinidad política", según indica un titular de La Vanguardia. Se trata de un proyecto verdaderamente revolucionario. Primar el mérito por encima de la militancia. Inédito e inaudito propósito, verdaderamente contracultural.

La información es de Silvia Hinojosa: "El Govern de la Generalitat ha dado este lunes un paso crucial en su proyecto de reforma de la administración, dando inicio a la tramitación de la futura ley de dirección pública profesional. Es un movimiento de envergadura, ya que afecta al núcleo del sistema". 

"El objetivo es despolitizar este nivel de gestión y atraer el mejor talento, estableciendo un modelo de selección y permanencia de los directivos públicos basado en criterios de mérito -formación, experiencia, aptitudes- y no de adscripción política, y orientado al ejercicio de funciones con responsabilidad gerencial y cumplimiento de objetivos".

"El Consell de Govern aprobará mañana martes la memoria preliminar de la futura norma, pero el president Salvador Illa ha querido visibilizar que el Govern no está solo en este propósito, para cuyo trámite necesitará apoyos parlamentarios, sino que va de la mano con las más de 300 entidades que desde hace años reivindican la mejora de ese servicio esencial, agrupadas en el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració".

"El acuerdo con las entidades se ha formalizado este lunes en una reunión en el Palau de la Generalitat del president Illa y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, encargado de la reforma administrativa, con los representantes del FERA  Antoni Biarnés y Carme Poveda y los presidentes de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, y de la patronal Cecot, Xavier Panés, además de Carles Ramió y Joan Turró, en representación del Cetra, el grupo de expertos que trabaja desde octubre por encargo de la Generalitat en esta reforma de la administración. También han asistido representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT para informarles del despliegue de la propuesta".

"La futura ley de dirección pública profesional, a la que quedan por delante largos meses de tramitación hasta que, previsiblemente en el primer trimestre del 2026, inicie el camino parlamentario, busca despolitizar este nivel de gestión y dar estabilidad a los directivos técnicos, para que no tengan que ser reemplazados cada vez que hay un cambio de gobierno". 

"El objetivo es separar funciones: los políticos definen los objetivos estratégicos y prioridades de la legislatura y confían en los directivos públicos para que gestionen con criterios técnicos los recursos y los procesos para conseguir esos objetivos. El esquema se basará en estándares de la OCDE y buenas prácticas internacionales, señalan desde la Generalitat".

Y: "Las nuevas reglas afectarán a subdirectores generales y directores generales, lo que supone unos 900 nombramientos, ha detallado Dalmau, en su comparecencia ante la prensa. El conseller ha explicado que para acceder a una subdirección se mantendrá el requisito de ser funcionario, pero los aspirantes tendrán que pasar un proceso selectivo que se encargará a una empresa externa". En el caso de los directores generales no hará falta ser funcionario.

Más noticias. El proceloso mundo de las relaciones entre los soberanistas neoposconvergentes y los socialistas. "Junts arruina el cierre de curso 'estelar' de Sánchez: el 'Pleno escoba', sin ley Bolaños, ni reducción de jornada", señala un titular de Vozpópuli.

Escribe Mario Cortijo: "El Pleno extraordinario en el Congreso de este martes ha pasado de ser crucial a ser un mero trámite de fin de curso para aprobar algunas leyes y reformas del reglamento de la Cámara Baja que quedan por ser aprobadas antes de las vacaciones".

"El culpable, como de casi todas las penas del Gobierno, ha sido Junts, que no ha cerrado con el Gobierno un acuerdo de cara a las votaciones para la Ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral. Y ante la posibilidad de una derrota, en Moncloa han activado el plan B habitual: archivar ambas cuestiones y dejarlas para después del verano, una vez tengan acordado el apoyo de los independentistas".

"De este modo, Sánchez pasará de puntillas por el Congreso en el último día del curso en lugar de protagonizar lo que él buscaba: un auténtico paseo militar a través de la aprobación de los textos aplazados, ambos con mucho peso y gran significado para sus respectivos ministerios".

"En el caso de la Ley Bolaños, Junts ha decidido imponer un gran número de condiciones a Moncloa a cambio de su apoyo, entre ellas la creación de un Consejo General del Poder Judicial en clave catalana. Una exigencia que no se ajusta a lo que está dispuesto a ceder el Gobierno, de modo que Félix Bolaños ha decidido aparcar la votación del texto para más adelante".

"En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la tensión entre partidos es menor, pero desde Junts no han confirmado tampoco su apoyo. Por ese motivo, Yolanda Díaz ha decidido sentarse a negociar después del verano con los partidos y no arriesgar a que su medida sea rechazada en el hemiciclo".

Y: "De este modo, se decidirán asuntos como el posible cambio de reglamento para poder sancionar a periodistas o se someterá a votación el cambio de nombre del Congreso de los Diputados, que pasará a llamarse Congreso, a secas". Junts agradece así que la fiscalía y la abogacía del Estado haya defendido en Europa la amnistía para los autores de la asonada de octubre del 17. 

Pregunta: La Comisión Europea avaló vuestra posición al afirmar que el Gobierno no aprobó la Amnistía por el interés general de los españoles sino para garantizarse la investidura de Sánchez.

Respuesta: Dimos importancia a la malversación, porque sabemos que en Europa son sensibles a este tipo de corrupción, pero el dictamen de la Comisión Europea acierta al señalar que fue una "autoamnistía". Por dos razones: el Gobierno la aprobó para favorecerse a sí mismo. Y porque los dirigentes independentistas amnistiados colaboraron en el redactado de la ley que les benefició mediante el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ver en directo la actuación de Boye ante el TJUE fue muy llamativo.

P: ¿Por qué?

R: Boye, Francesc Homs, y todo el equipo que defendía a los dirigentes del procés amnistiados abrazaban la Constitución española para defenderse, alegando que el TC ya ha avalado la ley y por lo tanto Europa debería respetarla íntegramente. Fue sorprendente, doloroso y decepcionante también ver cómo la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas iban de la mano de Boye en defender la Amnistía. El Estado se puso del lado de los que dieron el golpe en 2017. Estoy convencido de que la abogada del Estado y el fiscal no se sentían muy cómodos con el papel que les tocó interpretar delante del TJUE. Mire, el mismo fiscal que en Europa se opuso a nosotros, antes apoyó nuestra causa de la malversación ante el Tribunal de Cuentas. Extraordinario. Francesc Homs, el portavoz de Mas, interpretando el papel de letrado y loando la Constitución. Primero no querían los indultos. Luego renegaban de la amnistía. Y ahora abrazan la Carta Magna. Vaya vidas echadas a los cerdos.

"En un principio, la investigación se inicia a raíz de una entrada y registro, el 9 de noviembre de 2017, en la sede de la empresa gasística Messer Ibérica de Gases, SA, a raíz de unas diligencias, las previas 220/2017, sobre delitos contra la administración del Estado a través de las cámaras de comercio, que no tenían nada que ver con el caso Montoro y que estaban en el mismo juzgado de instrucción número 2 de Tarragona".

"Unos correos electrónicos intervenidos en este registro al director técnico de la compañía, Rubén Folgado, alertaron a los Mossos d’Esquadra, que pidieron abrir otra investigación que fue a parar al juzgado de Instrucción 6, pero que la devolvió al 2". 

"Con los correos sospechosos pidieron ayuda a la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado. Fue entonces cuando se descubrió que la trama liderada por Equipo Económico ya había sido denunciada el 24 de marzo de 2017, con todo detalle, por una persona anónima que temía por su futuro laboral. Una denuncia que terminó archivada y sin ninguna investigación en firme".

"La denuncia, a la que ha tenido acceso El Món, tiene fecha de 13 de marzo de 2017, pero fue registrada en la Fiscalía Anticorrupción el 24 de marzo de 2017. El escrito no se anda con rodeos y en el primer párrafo ya indica las intenciones. «Mediante este escrito les comunico hechos presuntamente delictivos relativos a la empresa Equipo Económico», empieza el denunciante, que no revela su identidad «por motivos laborales»".

Y: "En esta denuncia expone, con todo tipo de detalles, que la empresa fundada en 2006 por Cristóbal Montoro «opera como un lobby al que empresas muy importantes se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán sobre su cuenta de resultados». «A algunas empresas se les sugiere la contratación desde el mismo gobierno», indica. Otras, destaca, lo hacen voluntariamente.

Actualidad local. "Barcelona identifica a 266 ladrones a los que se ha detenido 1.776 veces", indica un titular de El País.  La pieza viene con la firma de Alfonso L. Congostrina: "La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra han identificado a 280 ladrones multirreincidentes -los detenidos más de cinco veces en un año- en la capital catalana. Entre ellos, 266 han sido detenidos 1.776 veces y se les atribuye 5.284 actos delictivos, la mayoría hurtos y robos violentos. Entre ellos, destacan cinco individuos que acumulan hasta 123 detenciones en lo que va de año".

"La multirreincidencia sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad en la ciudad de Barcelona. Así ha quedado constatado en la Junta local de Seguridad celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona". 

"La reunión la ha presidido el alcalde Jaume Collboni y han participado la consejera de Interior, Núria Parlon y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, junto con representantes de la Judicatura, Fiscalía y los cuerpos policiales. Durante la Junta, se ha certificado también que la delincuencia ha adoptado una tendencia a la baja en el primer semestre de 2025". 

"En Barcelona se cometieron, en los primeros meses del año, un 8,8% menos de delitos respecto al mismo periodo de 2024 y un 22,9% menos que en 2019, antes de la pandemia". Líneas después Congostrina escribe que "por el contrario, la conflictividad en la calle ha aumentado en Barcelona. En la Junta de Seguridad Local se ha alertado de un aumento del consumo de drogas junto a problemas de salud mental, conflictos juveniles o de carácter socioeconómico". 

"Fruto de esos problemas ha crecido el decomiso de armas blancas un 38,3% y el número de delitos de lesiones aumenta un 7,2%. Los operativos de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra especializados en sacar de la circulación cuchillos y navajas han permitido requisar 1.844 armas blancas (un 45,8% más que en 2024). Y los atentados a agentes de la autoridad han aumentado un 21,2%".

La información también recoge que el número de denuncias por violencia sexual ha aumentado un 17,1% durante el primer semestre del año y que uno de cada cinco hechos denunciados tuvo como escenario el domicilio de la víctima.

22 de julio, santoral: María Magdalena, Vandregisilo de Fontenelle, Cirilo de Antioquía, Anastasio de Suania, Jerónimo de Pavía, Gualterio de Lodi, Platón de Ancira y Meneleo de Menat.