Una veintena de políticos y activistas, identificados como líderes de los CDR

Los líderes de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas responsables de organizar movilizaciones durante el procés, son una veintena de políticos y activistas. La Guardia Civil los ha identificado en un informe que ha entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 28 de febrero.

Entre ellos, se encuentran Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament; y David Fernández y Antonio Baños, exdirigentes de la CUP. Según publica este martes El Confidencial, el documento elaborado por el Instituto Armado asegura que éstos se ocuparon de trazar una estrategia de “resistencia y desobediencia civil” para “forzar el nacimiento de la República Catalana”.

Los líderes

Además de los dirigentes políticos, el informe señala a Jordi Armandans, director de Fundipau; la filósofa Marina Garcés, los miembros del consejo asesor del Instituto Internacional por la Acción no Violenta Pepe Beúnza y Martí Olivella; la portavoz del CDR de Sants, Helena Vázquez; la portavoz de Universitats per la República, Aina Delgado; el presidente del Centro Unesco de Cataluña, Eduard Vallory.

Por parte de la ANC y Òmnium Cultural, participaban en la toma de decisiones Ariadna Isern y Carme Campayà –de la primera entidad–, y el portavoz y el vicepresidente segundo de Òmnium, Marcel Mauri y Joan Vallvé. Además, la lista incluye a Joan Guisado, de la Federación Catalana de Escultismo, representantes de los estibadores del puerto de Barcelona y del sindicato Intersindical-CSC –que no han sido identificados, portavoces de los CDR –entre los que se encuentran Pol Castelví, Inma Zapata y Yasmin Argaz.

1-O, 3 de octubre y 8 de noviembre

Todos ellos tuvieron un papel destacado en la organización de los CDR y se coordinaron con los partidos y entidades independentistas. Entre sus objetivos estaban mantener los colegios electorales abiertos durante el referéndum del 1-O y paralizar la economía catalana los días 3 de octubre y 8 de noviembre.

Para ello, la Guardia Civil afirma que llamaron al corte de carreteras, calles y vías de tren para impedir la circulación de vehículos y alterar la seguridad ciudadana. Los agentes destacan en el informe también que llegaron a “emplear incluso a menores de edad, con el consecuente riesgo para su vida e integridad física”.