Junqueras y Romeva recurren al TC su suspensión como diputados

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspenderlos como diputados del Parlament.

La suspensión fue dictaminada por el juez Pablo Llarena el 9 de julio y posteriormente ratificada por la sala de apelaciones, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión de los cargos públicos encarcelados y procesados por rebelión.

"Muerte" política

Junqueras y Romeva alegan que esa medida supone una "vulneración" de sus "derechos de participación política y de libertad de expresión e ideológica" y advierten de que "la Constitución no puede anular las funciones de un diputado electo".

La defensa considera que la causa por rebelión instruida por el TS "ha supuesto la muerte" de "los derechos políticos de los encausados" y la suspensión de funciones de los cargos procesados "ha causado un hito en la historia judicial española en cuanto al tratamiento y protección (o desprotección) de derechos políticos de investigados y procesados".

Ni candidatos ni participar en la campaña

"Nunca en la historia reciente un tribunal español había interpretado la ley determinando tamaña pérdida de vigencia de derechos políticos", insisten los abogados en sus recursos, que recuerdan que el TS ha impedido además a los investigados participar en la campaña electoral de las autonómicas del 21S y los ha sancionado por hacerlo.

Además, denuncian que Supremo impidió a los encausados participar en candidaturas a la presidencia de la Generalitat, "y ahora, merced a una aventurada e ilógica calificación jurídica de los hechos, se les suspende de funciones públicas y representativas".

"Desproporción"

Las defensas de Junqueras y Romeva consideran que la legislación prevé sólo la suspensión de cargos en los casos de procesados "que hubieran utilizado armas de guerra o explosivos para atentar contra el orden constitucional", por lo que su aplicación a los líderes independentistas resulta "desproporcionada".

El recurso señala que Llarena debió ser consciente de la "desproporción de la medida impuesta" cuando propuso la fórmula de sustitución entre diputados del mismo grupo que el de los parlamentarios suspendidos.

Niegan la competencia del Supremo

Los abogados también critican en su recurso que la ofensiva legal contra el proceso independentista ha supuesto una "criminalización del debate parlamentario" y ha acarreado "la suspensión de plenos del Parlament y la disolución de este por el Gobierno de España".

Finalmente, insisten en que el Supremo no tiene competencia para investigar los hechos que se imputan a los líderes independentistas, toda vez que "no han cometido ningún delito fuera del territorio catalán".