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Pere Aragonés, junto a Roger Torrent y Sergi Cebrià durante la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona / EFE

El juez del 1-O atribuye desobediencia a Pere Aragonès y pide su imputación

Además de por este presunto delito, también investiga a Josep Maria Jové por malversación y revelación de secretos

11.09.2018 12:27 h.
3 min

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el caso del 1-O, atribuye al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, un delito de desobediencia por no haber impedido el referéndum del pasado mes de octubre, a pesar de las advertencias que recibió por parte del Tribunal Constitucional (TC). Un delito que se castiga con penas de inhabilitación y multa.

El documento con la exposición que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a finales de julio pide a este organismo que investigue a Aragonès y al exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové -en este caso por desobediencia, malversación de fondos públicos y revelación de secretos-, ya que ambos son aforados como diputados del Parlament.

Advertencias del TC

El magistrado recuerda que, en el momento de los hechos, Aragonès era secretario de Economía, y el 13 de septiembre de 2017 recibió una notificación del TC instándole a "impedir o paralizar" el referéndum. Una comunicación en la que se le advertía, además, de "eventuales responsabilidades, incluida la penal" si no lo hacía.

El juez entiende que ni Aragonès ni Jové hicieron nada para cumplir estas órdenes, y por ello aprecia "sólidos indicios" de que Aragonès participara "como autor" o "cooperador necesario" en la desobediencia.

El caso de Jové

Por lo que respecta a Jové, se recuerda que en su despacho se encontró el polémico informe Enfocats, considerado como la hoja de ruta independentista, y una agenda con anotaciones y detalles de las reuniones para llevar a cabo el 1-O y los planes para "la república catalana". Además, el juez le atribuye la "organización logística" de la consulta, con fondos presuntamente malversados en publicidad, buzoneo, gastos informáticos y pagos a observadores internacionales por un total de más de 2 millones de euros.

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