El Gobierno emplaza al Govern a "garantizar" la normalidad del 10N

El último Consejo de Ministros previo al 10N ha dejado pocos titulares en este aspecto. La ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha emplazado al Govern a "garantizar el normal ejercicio el día electoral", dado que es su "deber", y ha hecho un nuevo llamamiento a la calma en Cataluña, donde las movilizaciones ("pacíficas, no violentas") convocadas por Tsunami Democràtic en la jornada de reflexión centrarán la actualidad en las horas previas a la vuelta a las urnas.

En todo caso, Celaá ha dado detalles del dispositivo policial movilizado en todo el país: trabajarán 45.000 guardias civiles, 20.000 policías nacionales, 13.000 policías locales, y 5.000 agentes autonómicos. "Un dispositivo casi igual al de las elecciones de abril", ha afirmado. ¿Lo han reforzado en Cataluña? "El despliegue en Cataluña lo han estudiado las instituciones competentes (Interior sigue con la coordinación de los Mossos d'Esquadra, ha recordado) y será el adecuado para que el ejercicio del voto se haga con total garantía".

La ilegalización de partidos

En esta línea, ha añadido, ante la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Lo que más deseamos, y para lo que el Gobierno esta preparado, es que la jornada esté llena de normalidad democrática en todo el país". Por cierto, serán las elecciones número 15 en democracia, y cuentan con un presupuesto "de casi" 136 millones de euros (3 millones de euros menos que el 28A). Más de 37 millones de españoles están llamados a las urnas.

Por otra parte, preguntada por la actitud del presidente catalán, Quim Torra, ha optado por callar, dado que la cuestión hacía referencia a unas declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, "en su condición de candidato" y en una radio. En cambio, sí ha explicado que el Ejecutivo estudiará la resolución de la Asamblea de Madrid, aprobada por PP, Cs y Vox, para que la Comunidad de Madrid inste al Gobierno a la "ilegalización inmediate de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación".

La Mesa del Parlament y el Constitucional

Finalmente, el Consejo de Ministros ha decidido acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que anule otros dos acuerdos de la Mesa del Parlament sobre una propuesta de la CUP a favor del derecho de autodeterminación y ha advertido de que se pone de manifiesto la "clara intención" de la Mesa de "continuar" con el proceso independentista.

En concreto, el Ejecutivo actúa contra la admisión a trámite el pasado 29 de octubre de una moción de la CUP en cuyo punto número uno se insiste en la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación. También se dirige contra la decisión de la misma Mesa del Parlament de rechazar el 5 de noviembre las solicitudes de reconsideración presentada por varios grupos de la oposición. "El president del Parlament, el secretario general y el resto de miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con sus acuerdos estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional", ha afirmado la portavoz.