Colau tiene 15 días para salvar su dentista municipal

El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona tiene 15 días para salvar su dentista público. El ayuntamiento dispone del plazo legal habilitado para recurrir el fallo de un juzgado de la Ciudad Condal contra la odontología low cost pagada con presupuesto de la Administración local. Si no lo hace, pasará a ser ilegal. 

Ha informado de ello una portavoz del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) a este medio, que ha matizado las palabras de la concejal de Salud, Envejecimiento y Cuidados, Gemma Tarafa, quien ayer aseguró que el dentista municipal "continuará". Ello no es exactamente así, pues el Ejecutivo local tiene 15 días para recurrir la resolución contraria al proyecto emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona. Si el escrito no prospera, la iniciativa naufragará. 

"Contundente"

Respecto a la sentencia contraria, el COEC ha indicado que la ve "contundente". Lo que es más, cree el Colegio que sienta precedente, pues si el dentista municipal de Barcelona ha recibido un duro golpe, otras corporaciones locales "que sugirieron actuaciones idénticas las pararán". 

Más duros si cabe, la Agrupación de Dentistas de Cataluña (ADC), adscrita al sindicato mayoritario Metges de Catalunya, ha señalado tras conocerse el pronunciamiento del juez que pone fin a los "populismos" en materia de salud bucodental. 

Batalla judicial favorable a los dentistas

La decisión del magistrado de la sala contenciosa número 7 de Barcelona marca el inicio del fin de una larga batalla judicial entre el Ayuntamiento de Barcelona y los representantes del sector de la odontología en torno al dentista municipal que se estrenó en enero de 2019. 

El Colegio lo recurrió por suponer competencia desleal y abuso de competencias de la Administración local, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó las cautelares. Ello permitió al gobierno municipal inaugurar la primera consulta. Ahora, el consistorio ha estrenado la segunda. Ambas las opera la polémica patronal CSC, de quien la Sindicatura de Cuentas afloró irregularidades en la gestión.