El obispo de Solsona, Xavier Novell, votando en el referéndum independentista del 1-O / OBISPADO DE SOLSONA

El obispo de Solsona, Xavier Novell, votando en el referéndum independentista del 1-O / OBISPADO DE SOLSONA

Política

La complicidad bien ‘pagá’ de la Iglesia independentista

Puigdemont y Torra han entregado 5,1M€ al clero catalán, siendo la Abadía de Montserrat y los obispados de Solsona y Tarragona los más beneficiados, y castigan al ‘disidente’ arzobispo de Barcelona

8 agosto, 2019 00:00

La designación, por parte de Quim Torra, del nuevo prior de la capilla del Palau Sant Jordi supone un golpe contra la separación de poderes. Pero también la constatación de las complicidades que, desde la época de Jordi Pujol, ha tenido la Iglesia catalana con el soberanismo convergente. “Las instituciones políticas no son confesionales, pero en nuestro caso, eso no quiere decir que no se deba reconocer la aportación decisiva de la Iglesia católica y del cristianismo en la configuración del pueblo catalán”, afirmaba Pujol.

La entrada de ERC en el Govern convergente no ha matizado esas complicidades, pues hay que recordar que el líder republicano, Oriol Junqueras, es un católico confeso. De ahí la permanencia de las subvenciones a los colegios de élite vinculados al Opus.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, saluda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la misa con motivo de La Mercè / EFE

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, saluda al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la misa con motivo de La Mercè / EFE

Desde 2016, ese “reconocimiento”, más bien recompensa, ha sido generosa por parte del Gobierno catalán, pues los jerarcas eclesiásticos han realizado diversas proclamas a favor del procés y en contra de que los políticos presos estén en prisión. Así, los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra han gastado 5,1 millones de euros en subvenciones destinadas a los obispados y a la Abadía de Montserrat, siendo ésta la más beneficiada, con casi 3,9 millones de euros. Así consta en el Registro de ayudas y subvenciones de la Generalitat.

La orden benedictina es uno de los iconos del independentismo y su abad no ha escondido su apoyo a la causa secesionista. Por el contrario, el arzobispado de Barcelona es el menos favorecido. El cardenal Juan José Omella intentó hacer de mediador entre Puigdemont y el expresidente Mariano Rajoy en los días previos a la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI). Previamente había aleccionado al president en la misa celebrada en la polémica capilla del Palau con motivo de la festividad de Sant Jordi. “La imposición y la confrontación no es el modelo que enseña ni Jesucristo ni la leyenda de la festividad”, dijo Omella.

Castellers y banderas independentistas ante el Monasterio de Montserrat / CG

Castellers y banderas independentistas ante el Monasterio de Montserrat / CG

En 2019, el Arzobispado de Barcelona no ha recibido ninguna ayuda por parte de la Generalitat, mientras que en los tres años anteriores, la suma recibida del Govern no alcanza los 11.000 euros.

Por el contrario, las sumas correspondientes a la Abadía de Montserrat han ido creciendo, al pasar de los 24.168 euros de 2016 a 2,1 millones en 2017, mientras que en 2018, la cifra bajó a 516.499. Pero en lo que va de 2019, ya ha recibido 988.190 euros. El grueso es canalizado a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat, entidad autónoma adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Generalitat. Pero también recibe de las consejerías de Cultura y de Educación.

Críticas a la "represión"

El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, afirmó que "la situación que se vive en Cataluña es muy preocupante y muy dolorosa”, y que "las prisiones preventivas, incomprensibles para mucha gente, están creando una inquietud notable". Asimismo, el monje de la abadía Sergi d’Assís defendió el referéndum en una homilía de la misa pública del monasterio en vísperas del 1 de octubre. D’Assís rechazó la “represión” y consideró que el derecho a la reunión y a la libertad de expresión se habían visto “vulnerados” por el Estado en su acción para evitar la consulta secesionista.

Especialmente polémica fue la elección de Joan Planellas como arzobispo de Tarragona, pues su perfil independentista venció al candidato favorito, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez. Defensor del derecho a la autodeterminación, Planellas se enfrentó en 2013 a Albert Boadella cuando el dramaturgo y su esposa denunciaron la colocación de una bandera independentista en el campanario de la iglesia de Jafre (Girona), de la que era párroco.

Estelada en el campanario de Moià, Barcelona / CG

Estelada en el campanario de Moià, Barcelona / CG

El obispado de Tarragona ha recibido importantes subvenciones. Solo este año lleva ya 131.302 euros. Pero es que, el año pasado, obtuvo 185.679 euros y en 2017, un total de 119.813.

Ese año se celebró el referéndum y en él votó el obispo de Solsona, Xavier Nonell, para quien la doctrina Social de la Iglesia “avala el derecho a la autodeterminación y la independencia de los pueblos y naciones”. A lo largo de 2017, este obispado recibió 122.015 euros y en 2018, un total de 143.640 euros.

Los obispados de Vic y Urgell también han "pasado el cepillo" oficial y han recibido desde 2016, respectivamente, 29.010 y 213.210 euros. La diferencia es llamativa, también las tendencias ideológicas de sus titulares: Romà Casanova no es independentista, pero el copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives, sí lo es.

Estado aconfesional

El PSC recordaba ayer que el nombramiento de Josep Maria Turull Garriga --primo del exconsejero de Presidencia Jordi Turull, en prisión preventiva por el 1-O-- como nuevo prior de la Capilla de Sant Jordi del Palau "casa muy mal con el carácter aconfesional del Estado, y tampoco resulta congruente, desde este punto de vista, el mantenimiento de un espacio de culto dentro de la edificio más representativo de las instituciones de la Generalitat”. Así lo advertía en una propuesta de resolución sobre el carácter aconfesional de las instituciones de la Generalitat presentada en el Parlament para garantizar la separación de poderes.