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El Hospital Vall d'Hebron, uno de los centros públicos donde se desarrollan estudios de doctorado / CG

La CGT denuncia fraude en centros de investigación públicos

El sindicato anarquista alerta a Inspección de Trabajo que 40 entidades incumplirían la legislación laboral en la enseñanza del doctorado

02.12.2019 20:39 h.
5 min

Cualquier persona que desee sacarse un doctorado sabe que es una tarea tan apasionante como difícil, tanto por la implicación personal como por la inversión de tiempo y dinero. Y ante este último aspecto parece que la Generalitat no pone mucho de su parte a tenor de una denuncia sobre supuesto fraude interpuesta ante la Inspección de Trabajo. 

La CGT de Catalunya ha alertado a la autoridad laboral de Cataluña de que 40 centros de investigación infringirían, según ellos, la legislación laboral. Estas instituciones han dejado en el paro a varios doctorandos en su tercer año, cuando legalmente disponen de hasta cuatro para poder terminarlo.

Centros públicos

Los 40 centros denunciados son, en su mayoría, de titularidad pública, lo que agrava la situación. Todos ellos forman parte de la Fundació de Centres de Recerca de Catalunya (Cerca), “servicio técnico de la Administración de la Generalitat de Cataluña”, tal y como se puede leer en su web.

Imagen de archivo de un laboratorio
Imagen de archivo de un laboratorio / EP

El sindicato denunciante considera que el Real Decreto 103/2019, aprobado el 1 de marzo de 2019, explicita que, si en un contrato de tres años para realizar un doctorado es necesaria una prórroga por un años más, la entidad debe aceptarla. Algo que no están haciendo estos centros públicos.

¿Imperativo legal?

Desde hace más de medio año, la CGT ha recopilado información sobre la situación contractual del Personal Investigador en Formación (PIF) de estos centros. En total, ha detectado que hasta 40 de ellos están incumpliendo esta prórroga y muchos doctorando en tercer grado acaban en el paro.

La Generalitat considera que la legislación indica una potestad pero no una obligación. En cambio, el mismo Síndic de Greuges ha determinado que los centros tienen la “obligación” de cumplir lo que marca el Real Decreto. 

Excusas

El secretario de Comunicaciones de la CGT-Cataluña, Toni Edo, ha señalado a este medio que la excusa que reciben de la Generalitat es que no se está aplicando la ley “por problemas económicos”. Durante los últimos meses se han mantenido varias reuniones para solucionar el problema en las que “no ha habido ningún resultado”. 

Edo denuncia que 28 personas han sido despedidas solo en Lleida. Estaban terminando su tercer año de doctorado y no se les ha extendido el contrato: “Les han echado a la calle”. Ante esta situación, varios estudiantes han organizado una sentada en la capital de provincia. Mientras, la Generalitat sigue sin tomar cartas en el asunto. 

Hospitales públicos

Entre los centros denunciados pertenecientes a Cerca se encuentran brazos investigadores de hospitales públicos como Vall d'Hebron --el de Investigación (VHIR) y el de Oncología (VHIO)--, Bellvitge (Idibell), Josep Trueta (Idibgi), Sant Pau (IR-Sant Pau), Germans Trias i Pujol (IGTP) --Can Ruti-- y del Mar (IMIM).

Se incluyen centros como el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (Iispv), Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) e Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) y Lleida (IRB Lleida).

Universidades

La CGT ha solicitado que esta denuncia se incorpore a la que presentó en el mes de julio contra todas las universidades públicas catalanas excepto la UAB, que ya aplica totalmente la ley tras un acuerdo con el sindicato para resolver diversas convocatorias de huelga.

Esta primera denuncia ha motivado que Inspección de Trabajo inicie un proceso sancionador contra las universidades por saltarse la normativa legal, lo que les puede suponer importantes sanciones económicas. Asimismo la CGT ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra las propias universidades al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)

por el mismo motivo.