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El ministro de Justicia belga, Koen Geens / EFE

Bélgica avisa de que puede denegar la euroorden contra Puigdemont

El ministro de Justicia, Koen Geens, afirma que existen ciertas situaciones en las que se puede rechazar la petición

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El ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens (democristiano), ha advertido de que pueden denegar la euroorden contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que están con él.

Geens ha aclarado que el procedimiento es "totalmente judicial" y que, a diferencia de la extradición tradicional, el poder político no tiene "ningún papel". Pero en la orden "sigue habiendo motivos de denegación", según ha dicho en un comunicado, sin ofrecer más datos.

Los motivos del rechazo

Tres son los motivos que permiten la denegación de una euroorden: que el acusado sea menor de edad, que ya haya sido juzgado por los mismos hechos en otro Estado miembro, y que los delitos en cuestión hayan sido objeto de amnistía en el país de recepción.

Bélgica añadió a la lista, sin embargo, el atentado contra los derechos fundamentales, y a ello es lo que se aferra el abogado belga del expresidente, Paul Bekaert.

Decide el juez

Geens ha recordado que la orden europea sustituye desde 2004 al tradicional sistema de extradición que dependía de cuestiones bilaterales entre Estados miembro y que la nueva orden solo puede ser emitida por delitos que sean castigados con al menos un año de carcel en el país que mite la petición.

En cualquier caso, las personas requeridas por la euroorden serán "privadas de libertad" y deberán prestar declaración en las 24 horas siguientes ante el juez. Será éste quien decida si la orden es conforme a derecho y también si Puigdemont y los exconsellers deben continuar en prisión quedan libres con medidas para impedir su fuga.

Hasta 90 días

La Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) decidirá después en el plazo de 15 días si la orden de extradición puede ser ejecutada, y las partes podrán recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación, que también dispondrá de otros 15 días para pronunciarse.

Tras agotar estos dos recursos (30 días máximo en total), las partes aún podrán recurrir a una última instancia, la Corte de Casación, lo que podría alargar los plazos previstos para tomar la decisión definitiva.

Así las cosas, la decisión final sobre la orden de detención y extradición se debe cerrar en un plazo máximo de 60 días, aunque en circunstancias excepcionales podría alargarse 30 más, hasta sumar 90.