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Viviendas en las Islas Baleares / EFE

Baleares penará con 30.000 euros a los propietarios con pisos vacíos

Los que tengan más de diez viviendas deberán ceder al gobierno balear los inmuebles que lleven más de dos años desocupados

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Los grandes propietarios de Baleares que dispongan de más de diez viviendas en propiedad, alquiler o usufructo deberán ceder al Govern los inmuebles que lleven más de dos años vacíos. El objetivo es que estos puedan ser destinados al alquiler social. De lo contrario, deberán afrontar una sanción de hasta 30.000 euros.

Así lo dispone el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Baleares. La ley, impulsada por los partidos que conforman el pacto de gobierno de las islas (PSOE y MÉS), no está exenta de polémica. De hecho, ha sido duramente criticada por su socio externo, Podemos, que considera insuficiente y "muy mejorable" la normativa.

Especulación inmobiliaria

Para la formación morada, la ley no garantiza el fin de la especulación inmobiliaria ni "salvaguarda con contundencia" el derecho al acceso a la vivienda de todos los ciudadanos.

La normativa, que la presidenta balear, Francina Armengol, ha calificado de "justa y valiente", estipula que las viviendas deberán ser gestionadas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) durante tres años. Además, deberán integrarse en un registro de inmuebles vacíos que se nutrirá también de pisos cuyos propietarios hayan sido desahuciados.

No obstante, el gobierno isleño precisa a los propietarios que no basta con la mera tenencia de más de diez viviendas: las personas físicas o jurídicas que se vean afectadas por la medida deben participar de manera activa en el mercado de la vivienda. Esto implica, por tanto, desarrollar una actividad económica con estas casas.

Impago de la factura energética

Por otra parte, los proveedores de energía deberán avisar a los ayuntamientos antes de proceder al corte de suministro en caso de impago. De esta manera, se comprobará si la persona que no ha abonado la factura que le corresponde se encuentra en riesgo de pobreza energética.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de las islas también ha denunciado el contenido de la normativa, que ha calificado de "inútil". El anteproyecto inicia a partir de ahora su periodo de exposición pública.