El juez archiva las querellas contra los Mossos al no ver espionaje en la quema de documentos

El juzgado número 22 de Barcelona ha decidido archivar todas las denuncias y querellas contra los Mossos d'Esquadra por la quema de documentación en la incineradora de Sant Adrià del Besòs.

El juez descarta en el auto la tesis de que la destrucción de informes tuviera motivaciones políticas, en contra de lo que sostenían los denunciantes, que relacionaron los hechos con la posible destrucción de pruebas por un presunto espionaje del gobierno catalán no sólo a políticos, sino también a periodistas, abogados, sindicalistas y otras personalidades. Su resolución puede ser recurrida.

Momento "vulnerable"

El juez constata que la comisaría de información de los Mossos actuó con "competencia", recabando datos de personas que por su significación sociopolítica podían ser partícipes o víctimas de incidentes en un momento "especialmente vulnerable", en pleno proceso independentista.

El magistrado, después de estudiar el informe presentado por la policía catalana, concluye que las informaciones de los documentos se obtuvieron por "medios legales". Y que no hubo "ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio", según ha adelantado La Vanguardia.

"Salvaguardar el interés público"

"No puede concluirse que las investigaciones no estuvieran guiadas por el propósito de salvaguardar el interés público y, por lo tanto, no son una desviación poder", sostiene el juez, que da carpetazo a la causa que abrió a raíz de la denuncia de varios particulares después de que se descubriera que los Mossos habían recabado información sobre ellos, y que constaba en la documentación que iban a incinerar el 26 de octubre de 2017, justo el día antes de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

La Policía Nacional evitó la destrucción de los papeles al considerar que podían guardar algún tipo de relación con la causa del 1-O, o incluso ser pruebas de "espionaje político". Los agentes intervinieron dichos materiales tras obtener la autorización de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

La Policía Nacional intercepta a los Mossos d'Esquadra cuando pretendían quemar documentos sobre el 'procés' en la incineradora de Sant Adrià de Besòs / EFE

La Policía Nacional interceptó a los Mossos d'Esquadra cuando pretendían quemar documentos en la incineradora de Sant Adrià de Besòs / EFE

Acusaciones

El abogado José María Fuster-Fabra se querelló contra la policía catalana por ese presunto espionaje; y también el exlíder de Societat Civil Catalana (SCC), José Ramón Bosch, el secretario general del sindicato policial SPC, David José, su hijo menor de 15 años, su exmujer, y la Plataforma Barcelona con la Selección, entre otras.

Las querellas se dirigían contra los funcionarios de los Mossos que puedan ser identificados como culpables de los seguimientos y por los delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos. Los grupos del PSC, Ciudadanos, Catalunya En Comú-Podem y PP forzaron el pasado mes de julio la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el asunto para averiguar por qué los Mossos recabaron esos datos durante la legislatura pasada.

"Información esencial en toda policía"

A partir de las explicaciones aportadas por el comisario jefe de los Mossos, el juez resalta que las investigaciones buscaban "una finalidad concreta", como era obtener el "máximo de información, esencial en toda policía, sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden pública o devenir víctimas de estos incidentes".

En el auto de archivo, el magistrado resalta que ello supuso una afectación a la intimidad de estas personas, aunque no comprendió la interferencia de comunicaciones ni la instalación de cámaras de vigilancia.

"Garantizar el orden público"

El juez apunta que este tipo de investigaciones están previstas por la ley y persiguen "el fin legítimo de poder garantizar el orden público frente a posibles alteraciones", por lo que es "necesaria en una sociedad democrática".

Según el juez, toda la información que los Mossos iban a incinerar relativa a las personas que denunciaron ser víctimas de espionaje político se obtuvo "con medios legales". También resalta que ninguno de los datos que consta en la documentación afecta a la vida íntima de los querellantes y denunciantes, ya que únicamente figuran datos que "guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta".