Avances en torno al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. El president Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han dado cuenta de las novedades en el cumplimiento de este acuerdo entre la Moncloa y el Govern, el único que puede salvarse de la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.
Ambos dirigentes se han reunido a primera hora de este jueves en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, en un encuentro que ha durado algo más de 45 minutos. Al terminar, han anunciado ante la prensa que la parte catalana aprobará el contrato programa en el Consell Executiu del próximo martes. Será el mismo día en que Renfe reunirá al consejo de administración para hacer lo propio.
El escollo de las elecciones
Se trata de un documento clave para blindar la transferencia en favor de Rodalies de Catalunya, la empresa mixta con mayoría catalana. Es el acuerdo oficial entre la Administración y la operadora ferroviaria para regular la prestación del servicio los próximos años, una operación "más compleja de lo que parece", en palabras de Illa.
El president ha señalado que "todos los compromisos siguen los pasos previstos" y que "los trabajos no se ven alterados, ni mucho menos, por la convocatoria electoral". Un poco menos optimista se ha mostrado el ministro, quien ha reconocido como "evidente" que la llamada a las urnas por parte del presidente Pedro Sánchez "algo nos ha trastocado".
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente
"Flecos procedimentales"
La Generalitat y Renfe darán detalle la próxima semana del futuro servicio de Rodalies bajo una gobernanza mixta y la presidencia catalana del exdirectivo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Òscar Playà. La nueva empresa empezará a operar en enero de 2027, ya con el inventario de trenes, personal y estaciones en su haber.
Más complejo se antoja el traspaso de las infraestructuras de Adif.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, reunidos en Barcelona
Las dos Administraciones acordaron cerrar un modelo de transferencia de la R1 que sirva para replicar en un futuro en las vías, catenarias y estaciones de otras líneas, con el objetivo de que Cataluña pueda decidir sobre sus inversiones y mantenimiento. Durante la reunión en el Palau, Puente e Illa han constatado que la línea del Maresme está pendiente de "algunos flecos procedimentales".
El traspaso del inventario debe superar una Comisión Bilateral de Infraestructuras y una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que podrían celebrarse al mismo tiempo, pero aún no se han fijado en el calendario.
La incógnita de la R1
El ministro ha asegurado que "la voluntad de cesión es irrevocable", al menos para el Gobierno del que forma parte, ha apuntillado, sin aclarar qué puede suceder en caso de que el resultado de las elecciones entregue la Moncloa al Partido Popular (PP) y a Vox, contrarios a lo que ellos consideran cesiones para Cataluña.
Fuentes de la Generalitat señalan que los trabajos están lo suficientemente avanzados como para impedir que un eventual gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo pueda revertir el traspaso.
Vista de un tren de Rodalies en la R1, la línea que cruza la costa del Maresme (Barcelona)
No obstante, si no lo cierra antes el PSOE, el futuro Ejecutivo estatal podría asignar una transferencia económica insuficiente a ojos del Govern, forzando a la Administración catalana a asumir la infraestructura sin una inyección extra de fondos, lo que haría inviable la operación.
Los nuevos trenes podrían llegar antes
Otra de las cuestiones de las que están pendientes los usuarios de Rodalies --a los que Puente ha evitado pedirles "paciencia" porque "ya han tenido mucha", prometiendo devolver el servicio al nivel que los catalanes "merecen"-- es la puesta en marcha de un centenar de nuevos trenes.
Los retrasos del fabricante francés Alstom, con planta en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), han obligado a dilatar los plazos hasta el primer trimestre del próximo año. Una fecha que tanto Illa como Puente han mantenido, aunque el ministro ha deslizado que podría ser "incluso antes" puesto que el plazo fijado es "prudente".