Junts se quedará solo este miércoles defendiendo la regulación del Salario Mínimo de Referencia en Cataluña (SMRC) por ley, si no hay sorpresas.
Se trata de un indicador dependiente de la conselleria de Empresa y Trabajo, creado bajo la presidencia de Pere Aragonès, que se calcula en base a criterios como la mediana salarial --la Unión Europea recomienda que se sitúe en torno al 60%-- y que hoy está fijado en 1.372 euros en 14 pagas.
Aunque la potestad para fijar salarios mínimos es exclusivamente estatal, surge de la voluntad de adecuar los sueldos al coste de la vida, que es mayor en Cataluña que en otras regiones de España. Y se utiliza como punto de partida para la negociación colectiva en Cataluña.
Subir sueldos y bajar impuestos
Junts pretende, para empezar, subir el SMRC a 1.400 euros por ley, y, después, imponer este salario mínimo como obligatorio para funcionarios de la Generalitat y, además, comprometer al Govern a destinar partidas para ayudar a los empresarios a llegar a estos sueldos.
Joan Canadell
En esta proposición de ley del diputado y expresidente de la Cambra de Comerç de Barcelona Joan Canadell se pide, además, una bajada del tramo autonómico del IRPF "para que las rentas bajas y medias dispongan de unos ingresos suficientes para hacer frente a los gastos básicos".
Portazo en el Parlament
Esta proposición de ley, no obstante, quedará en nada este miércoles. PSC, Comuns, PP y Vox presentarán enmiendas a la totalidad --lo que impedirá su tramitación parlamentaria-- mientras ERC duda si hacer lo propio u abstenerse y la CUP tampoco lo ve claro.
El Govern defiende que se suba el SMRC y asegura estar trabajando en ello, pero no avala la obligatoriedad de aumentar los salarios de los trabajadores de la administración catalana con una ley que, por otra parte, no garantiza que se haga lo propio en el sector privado.
Las patronales, en contra
Asimismo, advierten de que las patronales están en contra y de que es imprescindible su apoyo para que se suban los sueldos en las mesas sectoriales pertinentes, a la vez que aseguran que están negociando tanto con las patronales como los sindicatos, que sí están totalmente a favor.
Desde las patronales explican a este medio que no están a favor de la ley Canadell, pero que tampoco están dispuestos a negociar una nueva subida de sueldos con el Govern en un punto en que las relaciones, anteriormente excelentes, se han tensado.
Sánchez, a escena
Este debate se produce en el marco de una campaña electoral en que una de las bazas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para darle la vuelta a sus malas encuestas es subir por decreto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una competencia exclusivamente estatal.
En esta línea, el Ejecutivo trabaja a contrarreloj para reunirse con las patronales y los sindicatos estatales --el Estatuto de los Trabajadores exige una "consulta", pero no un acuerdo-- y aprobar esta nueva subida, que no requiere el aval del Congreso de los Diputados, antes del próximo 29N.
El Salario Mínimo Catalán, una quimera
Otra de las propuestas que estaba encima de la mesa en el marco de la negociación a tres entre el Govern, el Gobierno y ERC era la de un Salario Mínimo propio. Algo que solo sería posible aplicando el artículo 150.1 de la Constitución, delegando la competencia --que no traspasándola--.
Era una exigencia de los republicanos, pero acabó sin acuerdo, explica la formación, por la "pasividad" del Ejecutivo de Salvador Illa y la negativa del de Sánchez, que "no veía con buenos ojos" que hubiera un salario mínimo distinto en Cataluña que en otras comunidades, igual que PP y Vox.
¿Negociación de última hora?
Ambos votarán la enmienda a la totalidad y enviarán la ley Canadell a la papelera. Todo esto, siempre que una negociación de última hora entre Junts y el Govern, que parten de posiciones muy alejadas respecto al texto presentado, no cambie el sentido de su voto.
En ese caso, si ERC tampoco vota la enmienda a la totalidad, la ley sí podría tramitarse y debatirse en la fase de enmiendas hasta la votación final.