A falta de que se resuelva el culebrón entre ERC y Gabriel Rufián, el pacto alcanzado entre los Comuns y Más Madrid para impulsar la candidatura de Ada Colau como cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Barcelona sitúa a la exalcaldesa de Barcelona en la carrera por la Moncloa.
Las posibilidades de que llegue a ser ministra están ahí, si el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE aceptan su candidatura y las elecciones del 29 de noviembre dan a Pedro Sánchez la opción de revalidar la presidencia conformando un nuevo Gobierno de coalición con las fuerzas progresistas.
Colau cruzó la puerta de la alcaldía aupada por el movimiento de indignados del 15M en 2015, acompañada por sus primeras espadas Gerardo Pisarello, Janet Sanz y Eloi Badia, e hizo tabula rasa de las políticas municipales. Ese fue su "pecado original", recuerdan quienes hicieron oposición a la exedil, que instauró un "relato con planteamientos irreales" que fue en contra de "la dinámica de progreso de la ciudad".
Paralizó multitud de iniciativas y escuchó solo a los suyos. "Dejó de dialogar con los grupos y de recibir a empresarios que querían hacer proyectos en la ciudad, lo que es un drama para toda administración municipal", coinciden varias voces, que justifican que el progresismo español ensalce ahora a Colau como figura de consenso para sobreponerse a la fragmentación de su espacio: "Se aferran a un clavo ardiendo".
Carteristas y narcopisos
Aún hoy, la capital catalana se sobrepone al declive en materia de seguridad que arrancó con la llegada de la líder de BComú al ayuntamiento. Una de sus primeras decisiones fue la de eliminar la concejalía de seguridad, desoyendo a la oposición cuando esta le pidió que nombrara a un regidor específico. Este desatino tuvo efectos que no tardaron en llegar.
Los hurtos se consolidaron como principal tipología delictiva --alcanzando una media de más de 300 al día en 2019-- y escalaron sensiblemente los robos con violencia, concentrados principalmente en Ciutat Vella. Carteristas aparte, en este céntrico distrito proliferaron, además, los domicilios destinados a la venta y el consumo de drogas, estallando la crisis de los narcopisos que tanto atormentó a los vecinos.
La delincuencia subió de quinta a primera preocupación de los barceloneses, según el Barómetro Municipal. No fue hasta la entrada del PSC en el equipo de gobierno local y la recuperación de la cartera de seguridad por parte de Albert Batlle tras las elecciones de 2019 que la administración realmente tomó cartas en el asunto.
Las dimensiones del desbarajuste eran tales que obligó a la Generalitat a movilizarse, con planes de choque coordinados tras años de desencuentros con BComú.
La relación del gobierno municipal con la Guardia Urbana también empeoró. La policía municipal acusó la desprotección del consistorio, que se opuso sistemáticamente al uso de pistolas táser y retrasó la instalación de cámaras de grabación unipersonal para los agentes, pese a su reclamo.
Un agente de Mossos, con uno de la Urbana en una operación contra los narcopisos
Menos vivienda y más cara
La exactivista, que dio el salto al ayuntamiento directamente desde las plataformas antidesahucios y mantiene la condición de abanderada de esta lucha, no frenó desde la plaza Sant Jaume el encarecimiento de los contratos de alquiler, que aumentaron de 735 euros al mes a una media de 1.136 euros en 2023. También de acuerdo con datos del portal Idealista, el precio de compra se infló más de un 20%, alcanzando los 4.130 euros el metro cuadrado.
Su intervención del mercado inmobiliario, con la obligación de reservar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial (VPO), también agudizó la crisis. Este contrapeso actuó como un desincentivo directo a la inversión: la construcción de pisos en la ciudad se resintió y los promotores derivaron sus proyectos a municipios colindantes.
Bloque de pisos en alquiler en Barcelona / EP
El sector atribuye a esta iniciativa el desplome interanual de construcción de obra nueva, que en ocasiones alcanzó el 70% según datos del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) en su último año de mandato. Pese a la polémica, la reserva sigue activa, pero la alcaldesa "no supo gestionarlo".
En paralelo, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona --cargo que va aparejado al de alcalde de la Ciudad Condal--, frenó la creación de la Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), la empresa mixta dedicada a la construcción de vivienda social, esbozada en 2008, relanzada en 2014 y aparcada en 2015. El ente supramunicipal no logró vencer el veto a esta fórmula de colaboración público-privada hasta 2021.
Decisiones cuestionables
Colau tuvo otras decisiones de dudoso acierto en materia de vivienda. Entregada a la causa ideológica, el consistorio se alineó con los okupas de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera y expropió esta mansión para evitar que se reconvertiera en un hotel de lujo. La cuestión derivó en condena ante el Tribunal Supremo, al tiempo que puso el germen de lo que vino después, con casos como el de la Casa Orsola.
El actual consistorio, comandado por el PSC, echó mano de las arcas públicas para comprar este bloque entero de Consell de Cent a un fondo de inversión para evitar el desahucio de sus moradores, algo visto por muchos como un error por la larga lista de espera de barceloneses sin alternativa habitacional que aguardan por un piso de protección oficial.
Reveses judiciales
La implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se convirtió en otro de los reveses judiciales más sonados del Ejecutivo de Barcelona en Comú.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló la ordenanza municipal al constatar la falta de informes objetivos que justificasen el rigor de las restricciones y la desproporción de sus sanciones sobre los ciudadanos con menor capacidad económica para renovar su vehículo. El fallo fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo, dejando al descubierto las deficiencias técnicas de la normativa.
También erró Colau con su proyecto de dentista municipal; el alto tribunal catalán desmanteló por invasión de competencias un sistema que ofrecía precios hasta un 40% por debajo del mercado a toda la ciudadanía, no solo a las personas vulnerables.
Una Zona de Bajas Emisiones del Área Metropolitana de Barcelona
Remunicipalización del agua
Otra de las cruzadas más arriesgadas de la etapa de Colau fue su intento de municipalizar el servicio de suministro de agua, una de las promesas estrella con las que alcanzó la alcaldía.
La ofensiva del ayuntamiento contra la sociedad mixta Aigües de Barcelona (liderada por Agbar) desencadenó una guerra abierta que tensó al máximo la colaboración público-privada y sembró de inseguridad jurídica la gestión metropolitana.
Sin embargo, tras años de pleitos, intentos de consultas ciudadanas bloqueadas y un notable dispendio de recursos municipales en informes y campañas institucionales, la justicia frenó en seco sus aspiraciones: a finales de 2019, el Tribunal Supremo avaló íntegramente la legalidad de la concesión y la viabilidad de la empresa mixta.
El fallo judicial asestó un revés definitivo al proyecto intervencionista de la alcaldesa, certificando en los tribunales el colapso de otro de los grandes buques insignia del programa de los Comuns.
'Superilles' y movilidad
La transformación del espacio público impulsada por Colau tuvo su principal apuesta en las superilles --que embellecieron distintos rincones de la ciudad pero también encarecieron los pisos en sus aledaños--, la guerra al vehículo privado y la proliferación desordenada de carriles bici.
La pacificación de arterias clave del Eixample y la colocación de elementos de hormigón afectaron a la movilidad, incrementaron los tiempos de desplazamiento del transporte comercial y provocaron el malestar de los gremios de comerciantes y distribuidores, que acusaron los obstáculos a la accesibilidad en el corazón de la ciudad.
Una moto accede en la superilla de Consell de Cent
Freno a la inversión
Apenas 15 días después de tomar posesión de la alcaldía en 2015, Colau decretó una moratoria hotelera que bloqueó decenas de proyectos de inversión estratégica. Entre los damnificados figuraron firmas como Four Seasons en la antigua sede del Deutsche Bank, Hyatt en la Torre Agbar o el hotel Praktik en Drassanes.
Estudios del sector cifraron las pérdidas en más de 300 millones de euros y cerca de 4.000 empleos directos e indirectos. La espantada más sonada fue la de Four Seasons, que terminó desplazando su apuesta prioritaria hacia Madrid mientras el edificio barcelonés se reconvertía en residencias de lujo.
El veto al impulso económico en la ciudad también se tradujo en una oposición formal a la ampliación del aeropuerto de El Prat y a una evidente turismofobia del consistorio, pese a ser el principal sector económico de la ciudad.
Acoso al ocio nocturno
El ocio y el entretenimiento privado sufrieron severas restricciones durante las dos legislaturas con Colau como alcaldesa. El ayuntamiento revocó o se negó a renovar las concesiones del frente marítimo a discotecas como Pachá, Opium o Shôko mediante el expediente de dar prioridad a la ampliación de instalaciones científicas.
Paralelamente, el consistorio apretó el cerco sobre el Casino de Barcelona, imponiendo una sanción tributaria de 18 millones de euros y congelando las licencias para el sector del juego que impidieron la reforma de sus instalaciones.
Eloi Badia (1d) y Janet Sanz (2d) con la alcaldesa Ada Colau (i), en un acto de Barcelona en Comú
Subvenciones a entidades afines
Por su parte, la gestión económica municipal estuvo marcada por la polémica concesión de subvenciones y contratos a dedo a entidades, cooperativas y plataformas afines al entorno ideológico de Barcelona en Comú.
Organizaciones e iniciativas vinculadas al activismo vecinal y social de los propios miembros del equipo de gobierno recibieron partidas de forma recurrente. Un reparto de fondos públicos que benefició a plataformas afines como el Observatorio DESC, organización dedicada a los derechos humanos que forma parte de la órbita de los Comuns.
Ese modus operandi suscitó querellas y fue ampliamente criticado; la oposición cifró en más de 3,5 millones de euros el dinero otorgado durante varios años al mencionado organismo.
Contradicciones con el transporte
Pese a que el discurso político de los comuns hizo de la municipalización de los servicios públicos su principal bandera ideológica, la gestión de Ada Colau al frente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) asimismo derivó en una sonada contradicción en materia de movilidad.
En lugar de integrar las líneas periféricas y nocturnas en la red pública de TMB, el gobierno metropolitano perpetuó y adjudicó mediante licitaciones privadas grandes lotes del transporte público de superficie —como el Nitbus, el Aerobús o las redes de autobuses urbanos e interurbanos del Baix Llobregat y el Barcelonès Nord—.
Las adjudicaciones a grandes operadores privados terminaron desencadenando graves conflictos laborales, huelgas de conductores por el deterioro del servicio y continuas averías en la flota, provocando duras críticas de los sindicatos y de la oposición, que acusaron al Ejecutivo metropolitano de precarizar el transporte de superficie.
Imagen del NitBus
Más sombras que luces
La gestión de la eventual ministra también estuvo marcada por la falta de mantenimiento en los cementerios municipales --con derrumbes de bloques enteros de nichos--, la protección de la actividad del top manta y la voracidad recaudatoria con las zonas azul y verde de aparcamiento.
Asimismo, retiró al ayuntamiento como acusación particular contra múltiples acusados por altercados callejeros e hizo que el consistorio apoyara a los partidos independentistas durante el referéndum, rompiendo el pacto de gobierno con el PSC en 2017.
Y en este balance con más sombras que luces, el rediseño del tradicional Belén, con la introducción de arriesgadas propuestas conceptuales que cabrearon a vecinos y a la comunidad religiosa, queda en el recuerdo para muchos como una anécdota.