El retraso en la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la Covid-19 en Cataluña se salda con la absolución de la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, y su equipo al frente del departamento.
La Audiencia de Barcelona ha fallado en favor de la extitular de la cartera encargada de la estrategia de inmunización durante la pandemia, que benefició enormemente a los Mossos d'Esquadra en detrimento de los agentes de los cuerpos estatales.
La decisión del tribunal también favorece al exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon y al entonces director del Servei Català de Salut, Marc Ramentol, quienes también justificaron los ritmos de inoculación de dosis entre las distintas plantillas de policía. Los tres estaban acusados de un delito de prevaricación, por los que se enfrentaban hasta a 12 años de inhabilitación, a petición de fiscalía.
Por razones sanitarias
El tribunal argumenta que falta "la prueba de una voluntad de discriminar" a estos cuerpos policiales y que la decisión adoptada por la conselleria de Salud de suspender la vacunación de policías y guardias civiles se debió a razones sanitarias, por lo que no aprecia delito ni por parte de Vergés, ni Argimon.
La sentencia recuerda que al inicio de la pandemia las vacunas eran un bien escaso, por lo que se impuso la selección de grupos prioritarios por razones de edad o trabajo y que esta selección "entrañaba una discriminación objetiva aunque estuviese justificada porque el número de vacunas disponible era reducido".
El tribunal prosigue argumentando que había que seleccionar "necesariamente" a los pacientes y que esta decisión debía apoyarse en criterios técnico-sanitarios, aunque esto pudiese comportar que ciertos colectivos en riesgo quedasen fuera de la vacunación inicialmente.
Se enfrentaban a 12 años
En julio, Vergés negó que ordenara detener la vacunación contra el covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Afirmó que siempre siguió el criterio del Consejo Interterritorial y trató de compatibilizar la inmunización por criterios de edad y de grupos esenciales.
También en verano, Argimon explicó que los distintos niveles de inmunización respondían a la priorización de ciudadanos comprendidos en la franja de los 60 a los 65 años. La gestión de las dosis disponibles obligó a aparcar momentáneamente la vacunación de colectivos esenciales, aseguró.
El exconseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon
Limitar temporalmente la vacunación a las personas de mayor edad fue una decisión adecuada y nunca les planteó "ningún conflicto ético", sostuvo Argimon, quien negó que pudiera ordenar la reprogramación de las citas de los agentes afectados.