Tercer Debate de Política General como president superado por Salvador Illa.
Al jefe del Govern le han bastado una defensa férrea de la democracia frente al auge de los autoritarismos y una batería de nuevas medidas en materia de vivienda —la más llamativa, una fórmula para comprar pisos a medias con mayores de 40 años— para neutralizar los aspavientos de la oposición en las réplicas de este miércoles en el Parlament.
Mañana jueves será el turno de las propuestas de resolución —el mecanismo parlamentario para posicionarse respecto a las propuestas de los grupos, aunque sin consecuencias legislativas—.
Y las pantallas del hemiciclo volverán a proyectar, en la mayoría de votaciones, la suma consolidada de 68 escaños que permiten a los socialistas gobernar con relativa estabilidad.
Tras la aprobación de los presupuestos "más expansivos de la historia" en junio, con los que el Govern y sus socios confían en solucionar los problemas acumulados en múltiples frentes, este es su principal triunfo: mantener el apoyo de ERC y los Comuns para, según ha defendido el president, seguir transformando Cataluña.
Moción de censura encubierta y 1-O
La segunda jornada del Debate de Política General arrancaba con la intervención de Mònica Sales, jefa de filas de Junts, que se ha apuntado a la moda de reservarse grandes anuncios para escenarios como este.
Ante la atenta mirada desde el palco de Jordi Turull, secretario general del partido a punto de ser amnistiado, adelantaba que su formación —no había sucedido nunca en estos términos— someterá a votación la reprobación de Illa.
Una moción de censura encubierta ridiculizada por el president que, por si a los posconvergentes se les había pasado por la cabeza hacerla de verdad, no tiene opción alguna de prosperar.
La diputada, firme como le pedían algunos diputados de su grupo que desconfiaban de su liderazgo, ha asegurado que es "el peor presidente de la historia moderna de Cataluña".
Por su "incapacidad de gestionar", pero sobre todo por tratarse de un dirigente "sucursalista" —nada nuevo— rendido a los intereses del Gobierno y del PSOE.
También ha vuelto a insistir, con un énfasis que hacía tiempo que no mostraba, en reivindicar la independencia.
Aprovechando el noveno aniversario del referéndum ilegal del 1-O de este jueves y, quizás, preparando el terreno para la vuelta al día a día parlamentario de Carles Puigdemont, que aún no ha decidido qué papel jugará cuando, en los próximos días, llegue la amnistía del procés.
Anuncios y votaciones en Madrid
Illa, que ha cargado contra los jueces por la demora en la aplicación de la ley, ha tildado a Sales de exagerada por su diagnóstico "catastrofista" de la realidad.
Su primera intervención de la jornada, tras casi dos horas de discurso inicial el martes, también guardaba un anuncio —endurecer las penas por tenencia ilícita de armas— aunque con trampa, pues esto es competencia estatal y lo único que puede hacer el Govern es proponerlo al Parlament, votarlo y, de aprobarse, trasladarlo al Congreso como proposición de ley.
Esto ha reafirmado la tesis de Sales, compartida por todos los grupos de la derecha, de que Illa es un "propagandista" que vive de "eslóganes y promesas que no cumple".
Pero el president ha optado por no confrontar con Junts, tenderles la mano y pedirles colaboración en asuntos como el pacto educativo o el nuevo modelo de financiación, que depende exclusivamente de sus votos en el Congreso y que, por ahora, no están por la labor de apoyar al no tratarse de un concierto económico al uso.
Mientras, también sobrevolaba en el hemiciclo que estos siete escaños posconvergentes serán determinantes el viernes para convalidar los decretos aprobados ayer por el Gobierno tras la ola de protestas y acampadas —también en la plaza Catalunya de Barcelona— que desencadenó el desahucio de la octogenaria y ya famosa Maricarmen en Madrid.
Por lo pronto, Junts duda al desconocer, aseguran, la letra pequeña de ambos textos.
Democracia frente a autoritarismo
El siguiente en debatir con Illa ha sido el jefe de filas de ERC, Josep Maria Jové, con el líder de su partido Oriol Junqueras sustituyendo a Turull en el palco.
Como de costumbre, lo ha hecho con un impostado esmero por recordar al president que gobierna en minoría y que, ahora que ya tiene las cuentas que quería, les debe resultados.
Se ha mostrado indignado por Rodalies, por el escándalo de las pruebas PISA y por la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas docentes, hecho que desencadenó una grave crisis en la conselleria de Interior —y acabó con la dimisión del director general de la policía Josep Lluís Trapero—, pero que apenas ha sido comentado por los grupos.
Por no ser menos que su antiguo socio independentista, el líder republicano también ha reivindicado el derecho de autodeterminación, a lo que Illa le ha respondido que su propuesta es el "máximo autogobierno" para Cataluña.
Han acabado agradeciéndose mutuamente la colaboración mientras Illa animaba a Jové a seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia frente al autoritarismo, la dicotomía en la que el president ha querido —y conseguido— convertir el debate, diluyendo así el Cataluña-España indepe y el civilización-barbarie que busca la extrema derecha.
Illa, muy duro contra Vox y AC
Tanto Vox como Aliança Catalana, en esta línea, han recibido sendas reprimendas de Illa, que ya anunció el martes que organizará una Conferencia Regional por la Democracia en Cataluña frente a los partidos reaccionarios que crecen en toda Europa y también aquí, con ambos —especialmente el partido de Sílvia Orriols— disparándose en las encuestas.
La alcaldesa de Ripoll, que ha reivindicado su libertad de expresión tras ganar la batalla legal por defender que "el Islam es incompatible con Occidente" —algo que ha vuelto a decir—, ha sido tildada de "demagoga y autoritaria" por parte del president.
A Ignacio Garriga, líder de Vox, Illa ha añadido los adjetivos de "indocumentado, maleducado y provocador", en lo que ha sido el enfrentamiento más tenso de la jornada.
El jefe de filas de los de Santiago Abascal en Cataluña ha insistido en vincular al dirigente socialista con la corrupción del Gobierno —citando textualmente a "las putas, las drogas y las joyas", hablando de la presunta financiación irregular del PSOE—, y ha vuelto a pedir deportaciones y remigraciones frente a la "invasión migratoria".
Illa, decidido a confrontar con Garriga, ha citado al Papa León XIV para reivindicar los derechos humanos y ha achacado al diputado, de madre extranjera, tener "poca memoria familiar".
Los Comuns, protagonistas
Los Comuns también parecían cómodos en este embate contra la ultraderecha. Sin ir más lejos, el diputado Lluís Mijoler le ha llamado "nazi" desde su escaño.
Su jefa de filas Jéssica Albiach, cogiendo el guante, ha cuestionado que, como dicen, sea "civilizado" el ICE norteamericano o el genocidio de Gaza, haciendo pinza con el president pero a la vez criticando, como es habitual, su falta de ambición.
También en materia de vivienda, pese a las nuevas medidas del Govern.
A esto, Illa ha respondido que estudiarán sus propuestas —que se votarán este jueves—, y que esperan acordar un nuevo texto para prohibir la compra especulativa que pase el corte del Consell de Garanties Estatutàries, el Constitucional catalán, que tumbó la última propuesta de la Cámara.
Y, de regalo, un nuevo anuncio: un plan para crear 20.000 plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad en 2030.
Los Comuns lo han aplaudido, reduciéndose su crítica a las centrales nucleares, la regulación del burka en Lleida por parte del PSC o la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Nada que ponga en riesgo la palpable sintonía —lo que el diputado David Cid llamaría arrumacos— entre ambos socios.
Alejandro Fernández (PP), irónico
Por su parte, el líder del PP Alejandro Fernández ha tirado de su ironía habitual buscando retratar el modelo de Illa —especialmente en vivienda, que considera "un desastre"—.
Así, ha vuelto a bromear sobre el acto del president inaugurando el eclipse del pasado verano, ha criticado que su solución a los problemas siempre pase por la creación de un nuevo organismo —su ya clásico "Taula pel Pacte, Pacte per la Taula"— y le ha retado a un examen de catalán como respuesta a que el Govern siempre culpe a los populares de no querer lo suficientemente a la lengua al "boicotear" su oficialidad en la UE.
También ha hecho mofa sobre Gabriel Rufián, jefe de filas de ERC en Madrid muy criticado por hablar en castellano y no en catalán.
Y ha recordado cuando Illa y él se manifestaban juntos durante el procés de la mano de Societat Civil Catalana, en una especie de, buscaba proyectar el dirigente popular, quién le ha visto y quién le ve.
El presidente de la Generalitat le ha pedido "menos gracietas" a la hora de debatir, citando a algunos de sus compañeros del PP posicionándose en contra del cambio climático y asegurando que no tienen ninguna propuesta para mejorar la financiación autonómica.
Sobre esta cuestión, Fernández ha dicho que la propuesta del Govern es "un truño".
Y ha recordado que hay muchos barones territoriales del PSOE que también lo piensan.
Dos años de legislatura por delante
El debate ha terminado por la tarde con Laure Vega, diputada de la CUP y candidata a la alcaldía de Barcelona, tendiendo la mano al Govern.
Gesto que ha sido correspondido por Illa pese a la inmensidad ideológica que les separa, según han reconocido ambos.
Por lo demás, caras de agotamiento en un hemiciclo que tiene la sensación de vivir en el Día de la Marmota en muchos debates de la presente legislatura.
Y satisfacción en la bancada del Govern, que tenía dos objetivos principales —proyectar determinación en materia de vivienda y valentía y liderazgo frente a la ultraderecha— y que se han cumplido.
Nada o muy poco sobre educación, que hace dos semanas parecía una carpeta capaz de hacer temblar al Ejecutivo cuando el Parlament votó mayoritariamente el cese de la consellera responsable Esther Niubó.
Y, en definitiva, oxígeno de cara a un tercer año de legislatura que sin duda será más complejo que los anteriores para el Govern.
Por la posible irrupción de Puigdemont como jefe de la oposición en los dos años que restan --hasta ahora no había nadie-- y, sobre todo, por el hipotético cambio de Gobierno en España, que dejaría al president sin un socio en la Moncloa que, hasta ahora, le ha facilitado mucho las cosas.