El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Disseny Hub Barcelona a 28 de septiembre de 2026
Sánchez presume del compromiso de Cataluña con la ley de vivienda tras el desahucio de Maricarmen
El presidente del Gobierno señala que la norma estatal habilita "palancas" para garantizar el acceso a la vivienda y pide a las comunidades que la apliquen en su visita a Barcelona
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En pleno escándalo por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desalojo en Madrid ha cobrado una dimensión nacional con protestas en varias ciudades, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido a las comunidades autónomas a aplicar la ley de vivienda, tan solo en marcha en cinco territorios.
La Administración que más ha apostado por la norma --que habilita a los ejecutivos regionales a limitar el precio del alquiler en municipios tensionados y aplicar sanciones a propietarios que cobren de más, entre otros-- es la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa. Precisamente este lunes, el jefe de la Moncloa se encuentra en Barcelona, donde visita un edificio de vivienda pública de alquiler asequible.
Urge a las comunidades a "gobernar" en vivienda
Sánchez ha abogado por "gobernar el mercado de la vivienda" para no impedir el desarrollo vital, especialmente, de los jóvenes, y "privilegiar el uso residencial" al turístico. La capital catalana, gobernada por el alcalde socialista Jaume Collboni, de hecho, no renovará los permisos y eliminará los apartamentos turísticos en 2028.
"Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna", ha resuelto Sánchez en el acto de presentación del informe Vidas Futuras, en el Disseny Hub Barcelona. En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha recordado que la actual ley de vivienda estatal ya habilita "palancas" que pueden ser utilizadas por las comunidades, lo que sí hace el Govern catalán pero no otros ejecutivos autonómicos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa
Gobernar la vivienda, ha insistido, es "uno de los retos presentes y futuros" y un gobierno responsable no se limita a gestionar el presente, sino también a anticiparse al futuro y adaptarse a las transformaciones sociales para evitar que la legislación sea una foto fija del pasado.
El presidente ha hecho énfasis en la desigualdad que es el "principal reto" que tiene la sociedad europea y española, y que en los próximos años se puede ver afectada por transformaciones como el aumento de la longevidad, la digitalización, la IA y la emergencia climática. "La pregunta hoy no es si esos cambios llegarán, porque es evidente que ya han llegado. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Nos beneficiarán a todos o solo a unos pocos?", ha preguntado.
Illa defiende el intervencionismo
Precisamente Illa ha reivindicado la intervención de las instituciones y sus políticas públicas para afrontar la crisis de la vivienda, proteger a las personas vulnerables y limitar el peso de la especulación.
El president ha afirmado que el Govern catalán siempre estará "del lado de las personas vulnerables", ha defendido la "obligación" que tienen las instituciones de trabajar por el "bien común" y ha sostenido que se debe poner límites al "poder desenfrenado del dinero y de la codicia", es decir, a la "especulación".
Collboni: la ley ha frenado los precios
Por su parte, Collboni ha asegurado que las políticas públicas "sí pueden cambiar las cosas" y "sí pueden acometer el reto de la vivienda" que afronta España, y ha puesto como ejemplo la regulación de la vivienda impulsada por el Gobierno y la Generalitat en Barcelona.
En este sentido, el alcalde de Barcelona ha subrayado que con esta regulación se ha frenado la subida de los precios del alquiler en los últimos tres años, se han eliminado 10.000 pisos de uso turístico para que vuelvan a tener uso residencial y la producción anual de vivienda protegida ha pasado de 500 "a más de mil en tres años".
Negociaciones por el 'decreto Maricarmen'
En su intervención, Sánchez no ha hecho referencia alguna a las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Sumar, para aprobar el decreto sobre vivienda que se pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. En un plazo de un mes, deberán convalidarlo los grupos parlamentarios, como Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC).
Mientras los neoconvergentes han aceptado abrir un "paréntesis" --así se ha referido Josep Rull, presidente del Parlament-- en su complicada relación con los socialistas y las conversaciones para apoyar el decreto están en marcha, los republicanos ya han avanzado que votarán a favor.
ERC votará a favor
"No creemos que haya ningún problema para que nuestro voto sea favorable", ha dicho el portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, en una rueda de prensa en la sede del partido. Sus propuestas están "ámpliamente recogidas" en el texto e incluyen medidas como la suspensión de los desahucios, la prórroga extraordinaria de los alquileres por 2 años y más autonomía local en relación con la gestión del IBI.
También ha acusado al PSOE y a Junts de querer "correr cuando tiene el problema delante de la puerta y en las calles", en alusión a las protestas tras el desahucio de Maricarmen de la semana pasada.
