Fotomontaje con el megaproyecto de Neom de fondo y el político Antoni Vives al frente Crónica Global
El regreso de Antoni Vives, el 'Lawrence de Arabia' catalán que fue imputado, inhabilitado y condenado
El político regresa a Barcelona para presentar 'Al país secret', sus memorias sobre su experiencia en el Golfo Pérsico
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Imputado por el caso del 3%, condenado por el caso Barcelona Regional e inhabilitado para la política, a Antoni Vives (1965) le quedaban pocas opciones más que hacer las maletas en 2018.
Sin embargo, en el mapamundi había mucho donde elegir, y no escogió precisamente un país en el que redimirse de sus malas prácticas políticas, sino más bien uno en el que esta forma parte del paisaje: Arabia Saudí.
Seis años ha pasado en la gran petromonarquía saudí quien fuera tercer teniente de alcalde de Barcelona con Xavier Trias y responsable de Hábitat Urbano y Urbanismo (2011-2015).
Vuelve de ahí con unas memorias publicadas, Al país secret (Pòrtic Edicions), además de una retribución, él mismo lo confiesa en una entrevista en el Diari Ara, “diferente a todo lo que había conocido antes”.
Portada de 'Al país secret' Pòrtic
Neom, el megaproyecto urbano
Es posible que no fuera solo el sueldo lo que deslumbró a Vives. Ha trabajado para el príncipe Mohammed bin Salman en Neom, el megaproyecto urbano, económico y tecnológico impulsado por el Gobierno saudí en pleno desierto.
Regresa, como el controvertido Lawrence de Arabia —Neom está, dicho sea de paso, en el noroeste de Arabia Saudí, no muy lejos del desierto jordano de Wadi Rum, escenario de algunas de las secuencias más famosas de la película de David Lean—, fascinado por un país donde asegura haberse sentido mejor acogido que en ningún otro.
Sin embargo, entre todas estas historias fantásticas, dignas sin duda de ser contadas, no está de más recordar, a su regreso, los asuntos más prosaicos —aunque igual de opacos— que le ocuparon aquí.
![Montaje con el edificio de Mediapro y su nuevo logo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/566032.jpg?p=w:320\/h:240&h=j62F3uZf"])
Los contratos de Barcelona Regional
En 2015, con la llegada de Ada Colau al ayuntamiento, Barcelona Regional (BR), la entidad pública dedicada al planeamiento y el desarrollo urbano, empezó a acumular sospechas de irregularidades.
El gobierno municipal encargó una auditoría y llevó sus conclusiones a la Fiscalía, que acabó investigando dos contratos ligados a Antoni Vives, entonces presidente de BR.
Uno de ellos fue el de Jesús Arévalo, de la malograda Unió, elegido alcalde de Cervelló en 2011. A la euforia de llegar a la alcaldía le siguió pronto el chasco de descubrir que cobraría menos que como arquitecto municipal en Sant Feliu de Llobregat, así que recurrió a su partido para que la Administración le ayudara a completar su remuneración.
Según la Fiscalía, Vives, que presidía BR, se puso de acuerdo con el entonces director general, Guillermo Müller, para contratarlo ficticiamente.
Un trabajo ficticio
El contrato establecía que Arévalo trabajaría a jornada completa en un proyecto sobre dispersión de contaminantes y le asignaba un sueldo de 34.000 euros anuales. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que no participó en ese proyecto ni en ningún otro de BR, y que cobró 155.067 euros entre 2012 y 2015 sin prestar contraprestación alguna.
El caso acabó con Vives aceptando una condena de dos años de prisión, que no implicó su ingreso en la cárcel, y otros dos años de inhabilitación. Los tres condenados también se comprometieron a restituir los 155.000 euros cobrados por Arévalo, mientras que Vives fue condenado además a pagar una multa de 5.400 euros.
El otro enchufe por el que fue investigado Vives fue el de Antoni Miquel Cerveró, Leslie, vocalista de Los Sírex y exconcejal de CiU en Barcelona. La Fiscalía lo acusó de cobrar de BR por un trabajo que no había realizado, aunque él sostuvo que, en realidad, trabajaba como asesor y mediador vecinal para Vives en Les Corts. El asunto quedó en una negligencia administrativa, sin condena penal.
Media Urban
Según fuentes próximas a Vives en aquellos años, cuando estalló el caso de BR y fue imputado, a Vives le costó dejar el acta de concejal: sobre todo porque significaba renunciar a la tarjeta oficial del Ayuntamiento de Barcelona, que utilizaba en el extranjero para abrirse puertas empresariales.
Tras su salida de la política municipal, se alió con la arquitecta Maria Sisternas para lanzar Media Urban, una consultora impulsada por Jaume Roures y vinculada a la estructura de Mediapro.
Sede de Mediapro en la avenida Diagonal de Barcelona
Cabe interpretar ese apoyo de Roures, explican las mismas fuentes, como un intercambio de favores: mientras Vives había sido el responsable municipal de supervisar a las empresas públicas implicadas en el desarrollo del 22@, Mediapro había dejado de pagar sus compromisos financieros con el ayuntamiento.
Como contó este medio, la deuda que la filial del grupo audiovisual mantenía con el consistorio por el canon del edificio Imagina ascendía en 2016 a dos millones de euros.
Pero el papel de Vives al frente de la consultora también se vio comprometido a medida que avanzaban las causas judiciales contra él por su etapa como teniente de alcalde, y tuvo que ceder el liderazgo a Sisternas en 2018.
'Per aspera ad astra'
Todos estos reveses, al final, no resultaron estériles. Los contactos que hizo durante su etapa en el ayuntamiento y en la consultora le sirvieron después para trabajar en la corte de uno de los príncipes más poderosos del mundo y en uno de los mayores proyectos urbanísticos, no del Golfo Pérsico, sino del planeta.
Y, de paso, para regresar ahora a Barcelona con unas fascinantes memorias bajo el brazo.
