Carles Puigdemont y Jordi Martí Galbis, el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona

Carles Puigdemont y Jordi Martí Galbis, el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona Fotomontaje CG

Política

El viaje de Illa y Collboni a Ucrania descoloca a Junts tras sus antiguos 'flirteos' con Rusia

El grupo municipal de la formación posconvergente en Barcelona pone en su mira el coste del desplazamiento y las medidas de seguridad previstas

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Los viajes del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a Ucrania para expresar el apoyo y reforzar las relaciones de ambas instituciones con dicho país ha suscitado recelos en Junts per Catalunya.

El desplazamiento, este jueves y viernes, de ambos dirigentes socialistas a tierras ucranianas, donde les acompañará el conseller de Exterior, Jaume Duch, ha sido cuestionado por el grupo municipal de la formación posconvergente. Junts ya ha registrado una batería de preguntas en el consistorio barcelonés para saber el coste de la misión, quiénes la integran, y qué medidas de seguridad se han previsto para permanecer en un país en guerra.

Las suspicacias del partido de Carles Puigdemont han devuelto a la memoria los vínculos que el expresidente de la Generalitat huido de la justicia en Bélgica y su entorno político mantuvieron en su momento con Rusia —país invasor de Ucrania desde 2022— en los años álgidos del procés.

Se trata de la denominada trama rusa del independentismo, que desveló la existencia de contactos y negociaciones entre exdirigentes de la Generalitat y emisarios vinculados al Kremlin entre los años 2017 y 2020 para que Rusia apoyara la ruptura de Cataluña con el resto de España. Un caso que quedó impune, después de que la Audiencia de Barcelona ordenara su archivo en diciembre de 2024, al considerar que las prórrogas solicitadas por el juez Joaquín Aguirre se hicieron fuera de plazo.

Apoyo de Rusia a la secesión de Cataluña

La investigación judicial, no obstante, puso sobre la mesa la existencia de dichos contactos entre dirigentes de la Generalitat y sus colaboradores con emisarios rusos para lograr apoyo político, financiero y logístico a la secesión de Cataluña, a cambio de dar influencia a Rusia en la creación del futuro Estado catalán.

En esas presuntas charlas y reuniones, una de ellas llevada a cabo incluso en la Casa dels Canonges del palacio de la Generalitat el 26 de septiembre de 2017 —a escasos días del referéndum ilegal del 1-O—, el exdiplomático soviético y ruso Nikolai Sadovnikov habría garantizado a Puigdemont el envío de 10.000 soldados rusos y 500.000 millones de dólares a la Generalitat si, en contraprestación, Cataluña se convertía en una suerte de paraíso fiscal de criptomonedas al servicio de Rusia. Unas ofertas que también se trasladaron a la en aquella época emergente Elsa Artadi, y que según el entorno del prófugo fueron rechazadas.

De los 10.000 soldados de Terradellas a los viajes de Alay a Moscú

Los entresijos de la trama proceden —entre otros— del llamado caso Voloh (o Volhov), centrado en la presunta financiación irregular del procés y sus ramificaciones internacionales, y de informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Sus detalles obtuvieron repercusión mediática a escala internacional, como ocurrió con la investigación internacional liderada por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR). Y algunos salieron a la luz pública. Tal fue el caso de las grabaciones telefónicas captadas a Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, en las cuales reconocía la existencia de dichas reuniones y la oferta de los 10.000 soldados rusos. Unos extremos que él mismo reconoció posteriormente en varias entrevistas, tanto a medios catalanes como internacionales.

Mención aparte merece el papel activo del jefe de Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay —aún a día de hoy en el cargo— en otras reuniones con personas del entorno de Kremlin. Él mismo confirmó, en una entrevista concedida a TV3 en 2021, haber viajado a Moscú para ese cometido después de que el The New York Times desvelara sus encuentros en dicha ciudad para conseguir apoyo financiero y técnico de Rusia a la secesión de Cataluña. Unos viajes a los que acudió acompañado por Aleksander Dmitrenko, un empresario ruso afincado en Cataluña.

"Obviamente, no fuimos a hablar de caviar, ni de ópera, ni de vodka. Fuimos a hablar de asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en el futuro", confesó Alay en la televisión pública catalana (ver sobre estas líneas).

Según las investigaciones, las capturas de pantalla y chats guardados en los móviles de Alay revelaban viajes a Moscú en los años 2019 y 2020 para reunirse con exagentes del KGB, diplomáticos y periodistas vinculados a la inteligencia rusa.

Asimismo, otros informes del Centro Criptológico Nacional (CCN) español y agencias de inteligencia aliadas evidenciaron la presencia en Barcelona de miembros de la Unidad 29155 del GRU, organismo de la inteligencia militar rusa especializado en operaciones para desestabilizar Europa.

Archivo de la causa

Sin embargo, nada de ello fue juzgado ni tuvo consecuencias penales. El juez instructor, Joaquín Aguirre, investigó la trama durante años por posibles delitos de alta traición, malversación de fondos públicos y organización criminal, apuntando a dirigentes como Puigdemont, Alay, Terradellas y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

La causa se archivó a final de 2024 por razones procesales, y la Ley de Amnistía del procés, concedida por el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de sus socios secesionistas, le dio la puntilla definitiva.

De poco sirvieron, por tanto, las resoluciones formuladas por el Parlamento Europeo, que ha pedido varias veces en los últimos años a los Estados miembros e instituciones de la UE investigar la injerencia de Rusia en campañas para desestabilizar a las democracias del continente, citando de forma expresa casos concretos como los vínculos entre el Kremlin y el independentismo catalán.