Urna del referéndum ilegal de independencia del 1-O EUROPA PRESS
Societat Civil Catalana pide al Tribunal de Cuentas que investigue el origen del dinero del referéndum ilegal del 1-O
La entidad constitucionalista considera que no puede decidirse sobre la amnistía del 'procés' hasta aclarar de dónde salieron los cinco millones de euros usados en la votación
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Societat Civil Catalana (SCC) ha pedido este martes al Tribunal de Cuentas que, antes de resolver sobre la amnistía del procés, "compruebe el origen de cinco millones de euros usados" por los líderes del golpe secesionista de octubre de 2017 para organizar el referéndum ilegal y unilateral del 1-O.
La entidad constitucionalista ha presentado un nuevo escrito de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para aclarar de dónde surgió el dinero que originó la condena por malversación de los mandatarios del procés. Una cantidad que sufragó las 14 partidas objeto del procedimiento contable, cuya cuantía conjunta asciende a casi cinco millones de euros: en concreto, 4.973.663,68 euros.
Malversación
"Tras la sentencia sobre la malversación de la amnistía dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Societat Civil Catalana considera que no puede decidirse sobre la ley de amnistía hasta que no se hayan aclarado estos extremos sobre la financiación, y siempre salvaguardando los derechos procesales de todos los implicados", explica Societat Civil en un comunicado.
En nombre de SCC, el despacho de abogados Chapapría Navarro & Asociados matiza que no se está afirmando que el dinero procediera de fondos europeos, sino que "lo que se pide es que se despeje la duda, revisando la documentación contable y presupuestaria disponible y, de ser necesario, solicitando información adicional a las administraciones u organismos implicados".
El escrito de SCC insiste en que todo lo que se resuelva a partir de ahora debe hacerse "con pleno respeto a las garantías del procedimiento: contradicción entre las partes y posibilidad real de alegar sobre cualquier diligencia que el Tribunal decida practicar".
El TJUE descartó que afectara a fondos de la UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) amparó el pasado 16 de julio la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al considerar en dos sentencias que la norma aprobada por el Gobierno español a cambio del apoyo de sus socios parlamentarios secesionistas no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión.
![El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/418233.jpg?p=w:320\/h:240&h=YVPNNyPu"])
La Justicia europea respondió así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos sobre los que el Abogado General, en su dictamen no vinculante de noviembre, descartó que afectara a intereses financieros de la UE, ni que fuera una "autoamnistía", aunque esta última referencia no aparece en las sentencias.
Más de 30 ex altos cargos de la Generalitat afectados
El Tribunal de Cuentas tiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos para la preparación, logística y ejecución del referéndum secesionista ilegal del 1-O y por los fondos destinados a la promoción internacional del procés en el extranjero entre los años 2011 y 2017 mediante Diplocat y la red de delegaciones del Govern catalán.
![El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante un acto homenaje al músico Pau Casals con motivo de los 50 años de su muerte](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/286696.jpg?p=w:320\/h:240&h=RaJBdiQE"])
En concreto, hay más de 30 ex altos cargos de la Generalitat pendientes de la decisión del Tribunal de Cuentas, entre ellos sus expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que ocuparon responsabilidades del Govern entre esos años.
A pesar de la decisión del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía y abrió un periodo de alegaciones sobre la posible aplicación de la norma a las partes implicadas, en el proceso para que presentaran la documentación sobre el origen de los fondos utilizados para los gastos del 1-O.
