La decisión de la Moncloa de prorrogar hasta 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, no altera el rumbo de la Generalitat de Salvador Illa, partidaria del apagón de los tres reactores catalanes de los siete con los que cuenta España.
El calendario fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez sitúa la clausura de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II en 2030, 2032 y 2035. Pero la rectificación de los socialistas en Madrid con la planta extremeña --debía dejar de producir energía entre el próximo año y 2028-- alimenta las esperanzas del empresariado de evitar los desmantelamientos en Cataluña.
El Govern ratifica sus proyecciones
No parece que deba ser así, al menos a juicio del Govern, que comparte la desconexión atómica con sus socios de legislatura, ERC y Comuns, por lo que no tomará iniciativa alguna en favor de este extremo. La consellera del ramo ha asegurado en su rueda de prensa este martes que la Generalitat mantiene su política energética y que no trabaja con otro "escenario".
"En caso de producirse una solicitud por parte de las centrales nucleares [de extender su vida útil], sería el Gobierno quien debería acotar esa posible prórroga", ha agregado, llamando a respetar las proyecciones hasta 2050 del documento PROENCAT y a mantener el impulso de los proyectos de energía renovable.
Calendario ajustado
Mientras la eólica y la solar apenas logran cubrir en la actualidad en torno al 15% de la demanda eléctrica de la región, los planes de los socialistas implican la sustitución de una fuente que suministra casi el 60% de la energía consumida.
Un reto que, cotejado con el calendario que se pretende para el cierre de los reactores nucleares, genera dudas entre los expertos sobre la posibilidad real de que el despliegue renovable llegue a tiempo.
La inquietud aumenta si se tiene en cuenta que las empresas propietarias deben encargar el uranio tratado en las centrales con al menos dos años de margen, por lo que la clausura de Ascó I superaría el punto de no retorno en 2028.
Sílvia Paneque, 'consellera' de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica
Foment pide una "revisión realista"
Ante la inminencia de los plazos de clausura, Foment del Treball Nacional ha reclamado en reiteradas ocasiones un paso atrás. La principal patronal catalana considera que el aval técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central de Almaraz debe empujar al Gobierno central a prolongar la actividad de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II.
La ampliación del ciclo productivo de la planta extremeña "no debe ser una excepción aislada, sino el punto de partida de una revisión realista, rigurosa y global de la política nuclear española", según un comunicado de la organización empresarial.
Su presidente, Josep Sánchez Llibre, defendió que "la política energética debe basarse en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, y no en planteamientos ideológicos”.
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball
Proteger la industria
"Para Cataluña, mantener la actividad de Ascó y Vandellòs es especialmente relevante ante el retraso acumulado en el despliegue de las energías renovables, las infraestructuras de red, el almacenamiento y las interconexiones. En Cataluña, en estos momentos, no puede haber transición energética sin la energía procedente de las centrales nucleares", a juicio de Foment.
La patronal también recuerda la necesidad de proteger a la industria intensiva --como el complejo petroquímico de Tarragona, el metalúrgico o el automovilístico-- de los cortes de suministro ordenados por Red Eléctrica. Estos se esperan cada vez más habituales hasta que no se asiente por completo la energía renovable, lo que se traducirá a todas luces en pérdidas millonarias.
Industria petroquímica de Tarragona
Mayor estabilidad
A diferencia de la eólica o la fotovoltaica, cuya generación está sujeta a la variabilidad meteorológica y a la intermitencia del viento y el sol, los reactores nucleares inyectan electricidad de forma continua y predecible a la red las 24 horas del día. Esta aportación constante resulta vital para regular la frecuencia del sistema eléctrico y amortiguar las fluctuaciones de tensión.
Además, prescindir anticipadamente de la capacidad nuclear comportaría mayores costes energéticos, una mayor exposición a la volatilidad internacional y un riesgo de pérdida de actividad productiva, añaden los empresarios catalanes.
La clausura de los reactores catalanes, así las cosas, dejará un notable impacto socioeconómico en las comarcas de la Ribera d'Ebre y el Baix Camp, territorios cuya economía gravita en torno al ecosistema de las centrales. Estudios del sector estiman que la parada de los reactores afectará directamente a unos 3.000 empleos vinculados a la operación de las plantas.
La central nuclear de Ascó, en la provincia de Tarragona, vista desde el aire
Retraso por las renovables
Para acometer la desconexión atómica, la Generalitat negocia con los 947 municipios catalanes qué terrenos ofrecer a los promotores para que instalen los parques solares y eólicos necesarios para dejar de depender de las nucleares.
Tras recibir un aluvión de alegaciones al primer borrador del llamado PLATER, Paneque ha explicado que su oficina abrirá un segundo periodo de exposición pública a fin de introducir mejoras y ganar en seguridad jurídica, por lo que difícilmente saldrá aprobado en enero de 2027, como se preveía.