La abogada catalana Núria González y de fondo varios menores haciendo cola en una comisaría de Ceuta
Núria González, abogada catalana: "No es la primera vez que el Gobierno abandona a menores en Ceuta"
La letrada de Badalona ya lideró un procedimiento penal en 2021 en relación con la devolución irregular de 55 adolescentes a Marruecos
Contenido relacionado: Cataluña encabeza las peticiones para la regularización de inmigrantes
“Los vecinos del barrio de Príncipe están haciendo de Estado”. Con esta frase, la abogada catalana Núria González resume la situación que asegura estar observando en Ceuta tras la última crisis migratoria.
No es la primera vez que González, especializada en derechos humanos y presidenta de L'Escola Asociación Desarrollo Integral, cuestiona públicamente la gestión de la Administración ante las crisis migratorias que afectan a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Y es que la abogada de Badalona conoce bien las consecuencias que puede tener una actuación administrativa deficiente, especialmente cuando afecta a menores extranjeros no acompañados.
Una batalla judicial que empezó en 2021
Hace cinco años, la asociación que dirige emprendió una batalla judicial para depurar responsabilidades por la devolución a Marruecos de 55 menores en agosto de 2021.
El procedimiento terminó sentando en el banquillo a dos de las máximas responsables políticas de Ceuta durante aquella crisis.
Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional
Esta vez, sin embargo, González no habla de devoluciones irregulares ni cree que pueda repetirse exactamente lo sucedido entonces.
Su preocupación es más inmediata: ¿qué está ocurriendo con los menores que ya se encuentran en territorio español y quién se está haciendo cargo de ellos?
"Lo que no puede ser es que los vecinos del barrio del Príncipe estén haciendo de Estado, estén haciendo un censo de niños, intentando vigilarlos e intentando darles de comer", sostiene la letrada en conversación con este medio.
"No han mandado ni un auxiliar administrativo"
La crítica de González se centra especialmente en la falta de recursos humanos, administrativos y asistenciales para gestionar la emergencia.
Mientras Ceuta ha recibido refuerzos de Policía Nacional, Guardia Civil y otros efectivos para garantizar la seguridad y reforzar el control fronterizo, la abogada denuncia que ese despliegue no ha tenido un equivalente en las oficinas encargadas de tramitar la situación de las personas llegadas ni, asegura, en los servicios sanitarios.
Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional al lado de una comisaría en la que un grupo de menores espera para ser filiado
"A nivel administrativo no han mandado ni un triste auxiliar administrativo más", lamenta.
La falta de personal resulta especialmente preocupante, sostiene, cuando se trata de menores extranjeros no acompañados.
Según González, la tramitación individualizada de los expedientes no avanza al ritmo que exige la situación y tampoco existe todavía una fotografía fiable de cuántos niños y adolescentes permanecen fuera de los recursos de acogida.
Sin una cifra clara de menores
Frente a estimaciones que sitúan alrededor de los 2.000 el número de menores, González asegura que vecinos del barrio del Príncipe afirman haber elaborado listados que alcanzarían aproximadamente los 4.000.
No se trata de un censo oficial, pero para la letrada la disparidad evidencia uno de los principales problemas: todavía no se conoce con certeza cuántos menores se encuentran en la ciudad ni cuál es la situación concreta de cada uno de ellos.
"Lo que se necesita es dinero", insiste González.
Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur reparten alimentos básicos a unos 2.000 migrantes en la Playa del Trampolín
Recursos, explica la abogada, para habilitar espacios temporales donde los menores puedan permanecer alojados, alimentados, supervisados y atendidos sanitariamente mientras se estudia de forma individual su situación.
Qué obliga a hacer la ley
El artículo 35 de la Ley de Extranjería regula específicamente la situación de los menores extranjeros no acompañados y establece un marco de protección que la Administración debe respetar.
Una eventual repatriación exige analizar individualmente las circunstancias personales y familiares del menor y atender, en todo momento, a su interés superior.
Eso fue precisamente lo que no ocurrió en agosto de 2021.
Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España)
Después de que entre el 17 y el 18 de mayo de aquel año miles de ciudadanos marroquíes cruzaran la frontera hacia Ceuta, las autoridades pusieron en marcha, al cabo de meses, la devolución de parte de los jóvenes que habían llegado solos.
Entre el 13 y el 16 de agosto, un total de 55 menores fueron entregados a las autoridades marroquíes en la frontera del Tarajal sin que existiera un expediente administrativo individualizado para cada uno.
Según recoge la sentencia dictada posteriormente por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Ceuta, tampoco se había emitido una resolución individual, se había dado a los menores la posibilidad de formular alegaciones, se les había escuchado formalmente ni se habían recabado todos los informes exigidos.
Nueve años de inhabilitación
La asociación dirigida por González ejerció la acusación en aquel procedimiento.
La Audiencia Provincial declaró culpables de un delito de prevaricación administrativa a María Isabel Deu del Olmo, entonces vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, con competencias delegadas en materia de protección y tutela de menores, y a Salvadora Mateos Estudillo, entonces delegada del Gobierno en Ceuta.
![Imagen de archivo de los Juzgados de Ceuta](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/562417.jpg?h=zySMrHcy"])
Imagen de archivo de los Juzgados de Ceuta
Cada una fue condenada a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a otros nueve años de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
La sentencia ha sido recurrida y todavía no es firme.
Una obligación del Estado
Precisamente aquella experiencia lleva ahora a González a considerar improbable que se repita una actuación como la de 2021. Pero evitar una nueva devolución sin garantías, advierte, no resuelve la situación de los menores que permanecen en Ceuta.
Mientras se determina si pueden ser repatriados o deben permanecer en España, la Administración tiene la obligación de protegerlos.
Y es ahí donde la abogada sitúa el principal problema de la crisis actual.
Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín
El impacto en los barrios más humildes
González cuestiona que se hable de futuras partidas económicas y del posterior traslado de menores a otras comunidades autónomas mientras sigue sin resolverse, a su juicio, la atención inmediata de quienes ya están en Ceuta.
A esta situación, la catalana añade otra preocupación: el impacto desigual que la crisis está teniendo dentro de la propia sociedad ceutí.
La letrada mantiene desde hace años contacto con organizaciones y vecinos de Ceuta, y señala especialmente al barrio del Príncipe, una de las zonas más humildes de la ciudad, donde asegura que los residentes están asumiendo buena parte de las consecuencias más inmediatas.
Un edificio del barrio de El Príncipe de Ceuta
Quien dispone de recursos económicos, argumenta, tiene más posibilidades de aislarse de la situación: puede marcharse temporalmente, acudir a espacios privados o recurrir a determinados servicios. Quien no puede hacerlo, permanece expuesto a sus efectos cotidianos.
Por eso González insiste en que la respuesta no puede recaer sobre los vecinos. La cuestión, sostiene, ya no es únicamente evitar que vuelva a producirse una devolución como la de 2021. "También hay que garantizar qué ocurre con esos menores mientras están aquí".
Y, para la abogada, esa es ahora la asignatura pendiente: que la emergencia fronteriza no termine convirtiéndose también en una emergencia de protección de la infancia.
