Un parque eólico en Cataluña / EP
Una coalición del 'no a todo' impugna el plan catalán de renovables
Centenares de consistorios y entidades rurales tramitan 12.000 alegaciones y amenazan con llevar a los tribunales la estrategia eólica y solar del Govern
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El despliegue de energías limpias en Cataluña vuelve a encallar. Más de 300 ayuntamientos, consejos comarcales y entidades sociales, una suerte de coalición del no a todo, han alegado el Plan Territorial Sectorial para la Generación Eléctrica y Fotovoltaica (PLATER), la propuesta del Govern que fija dónde y cómo instalar parques solares y eólicos en una región con retraso estructural en estas energías.
La impugnación en bloque coincide con un evidente retraso en los objetivos autonómicos de descarbonización para 2050. Pese a ello, los colectivos exigen la retirada inmediata del texto y piden planificar desde abajo, priorizando zonas urbanas degradadas y puntos de consumo.
Retraso estructural
Esta ofensiva territorial llega mientras Cataluña acumula un retraso severo y estructural en el despliegue de energías renovables frente al promedio nacional. Mientras en España las energías limpias superan el 50% de la producción eléctrica total, en la comunidad catalana apenas rondan entre el 15% y el 17% del mix anual.
Esta brecha amenaza la soberanía energética de la región, que sigue dependiendo de la energía nuclear acumulada en los reactores de Ascó y Vandellòs, garantes de entre el 55% y el 60% del total.
Brecha solar y eólica
En el ámbito fotovoltaico sobre suelo, la potencia instalada en Cataluña representa menos del 4% del total nacional, a gran distancia de regiones como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.
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El panorama eólico refleja una parálisis similar, tras casi una década sin conectar nuevos megavatios por un marco normativo restrictivo impulsado en 2009. A este parón se suman los problemas de tramitación burocrática, los cuellos de botella en la red de evacuación hacia el área metropolitana de Barcelona y la propia oposición social local.
Alud de alegaciones
La Red Catalana por una Transición Energética Justa (Xarxa CTEJ) tilda la propuesta como la más contestada en la historia de la Generalitat contemporánea. Su portavoz, Montserrat Coberó, confirmó el impulso de más de 11.800 alegaciones ciudadanas personalizadas.
El Govern fijó el balance oficial en 12.143 reclamaciones tras la consulta pública. Esta cifra contrasta con las previsiones de la Xarxa CTEJ, que prevé un dato global superior al sumar las alegaciones de ayuntamientos y consejos comarcales.
![Gianni Armani, consejero delegado de Endesa (izq.) y Daniele Caprini, director general de Administración, Finanzas y Control](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/560413.jpg?p=w:320\/h:240&h=YDUuT12S"])
Frente judicial en marcha
Las entidades aclaran que apoyan las renovables, pero rechazan apartar al mundo rural de la planificación. Asimismo, exigen una moratoria para macroproyectos industriales hasta aprobar un plan que respete la biodiversidad y el sector primario.
Para articular la resistencia, los entes locales han creado la Asociación de Municipios por la Reforma del PLATER (AMRP). La nueva entidad les aportará personalidad jurídica y fondos económicos para emprender acciones legales colectivas.
Vía judicial
El alcalde de Viladasens y promotor de la iniciativa, Xavier Sánchez, advirtió en rueda de prensa que acudirán a la justicia si el decreto se aprueba sin una participación municipal real.
Frente al rechazo, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica destacó el éxito de la participación pública. La consellería de Sílvia Paneque analizará las propuestas viables para ajustar técnicamente una norma que considera clave.
