El Gobierno ha concedido este martes el indulto parcial a Laura Borràs y ha rebajado su condena de cuatro años y medio de prisión a dos años, evitando así su ingreso en prisión.
La expresidenta del Parlament mantiene, sin embargo, las penas de inhabilitación y la multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuya sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.
La decisión del Consejo de Ministros pone punto final —al menos desde el punto de vista penal— a una investigación que comenzó hace casi nueve años de la forma más inesperada y que, por el camino, provocó una profunda crisis interna dentro de la policía catalana, con el cese del entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente Toni Rodríguez.
Una investigación por narcotráfico
El origen del caso se remonta a finales de 2017. Los Mossos d'Esquadra investigaban a Isaías Herrero dentro de unas diligencias relacionadas con una presunta organización dedicada al tráfico de drogas y la falsificación de moneda.
Durante aquellas pesquisas comenzaron a aparecer conversaciones y documentación que nada tenían que ver con el objeto inicial del procedimiento y que acabaron destapando unas presuntas corruptelas en el seno de la Institució de les Lletres Catalanes, en los años en que había sido presidida por Laura Borràs.
Laura Borràs, expresidenta del Parlament, en la cámara catalana
Con autorización judicial, los investigadores de la División de Investigación Criminal (DIC), expertos en corrupción, analizaron el material informático intervenido a Herrero, incluidos sus correos electrónicos.
Fue allí donde apareció el esquema que, según la posterior sentencia, permitió adjudicar de manera irregular una serie de contratos menores.
18 contratos a Isaías Herrero
Los investigadores reconstruyeron un sistema basado en el fraccionamiento de contratos públicos, obteniendo como resultado una causa redonda, sin ningún cabo suelto.
De hecho, y según quedó acreditado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), varios encargos se dividían para no superar el límite económico previsto para los contratos menores y se incorporaban ofertas de terceros destinadas a aparentar concurrencia competitiva.
El resultado fue 18 contratos adjudicados a Isaías Herrero por un importe conjunto superior a 335.000 euros.
En manos de investigación criminal
Con la apertura formal de la causa judicial, la investigación quedó bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
Los especialistas en corrupción de Investigación Criminal asumieron el grueso de las diligencias y, durante meses, reconstruyeron expedientes administrativos, cruzaron documentación económica, analizaron cientos de correos electrónicos y elaboraron los informes que acabarían sustentando la acusación.
Al frente de la estructura de Investigación Criminal se encontraba entonces el intendente Toni Rodríguez, máximo responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC).
El Intendente Toni Rodríguez en una rueda de prensa anterior
Buena parte de la investigación descansó sobre la documentación digital recuperada durante la instrucción.
Los correos permitieron reconstruir el procedimiento seguido para preparar los expedientes administrativos y documentar el sistema utilizado para tramitar los contratos.
La política entró en escena
Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, la situación procesal de Laura Borràs cambió en varias ocasiones debido a su carrera política.
En 2019 fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados, lo que obligó a remitir la causa al Tribunal Supremo al adquirir la condición de aforada.
Dos años después, tras abandonar Madrid y convertirse en presidenta del Parlament de Cataluña, el procedimiento regresó a Cataluña y pasó a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Aquellos cambios retrasaron notablemente la tramitación del procedimiento, aunque la investigación policial ya estaba prácticamente concluida.
Y lo estaba, pese a la profunda crisis que, esta y otras investigaciones sobre la corrupción de los 'indepes', generaron en el seno de la CGIC.
El choque dentro de los Mossos
De este modo, mientras el caso seguía su recorrido judicial, mucho antes de llegar a juicio, dentro de los Mossos comenzaban a producirse movimientos que terminarían convirtiéndose en otra batalla paralela.
En diciembre de 2021, con Joan Ignasi Elena (ERC) al frente del Departamento de Interior, se apartó a Toni Rodríguez de la jefatura de la Comisaría General de Investigación Criminal y lo destinaron a la comisaría de Rubí (Barcelona).
Una decisión que fue interpretada por sindicatos policiales y por la oposición como una purga dentro de la cúpula policial.
El exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena
Y es que Rodríguez sostuvo que durante años se había negado a facilitar información reservada sobre investigaciones sometidas a secreto judicial y que afectaban directamente a los políticos independentistas.
Incluso llegó a denunciar injerencias políticas en procedimientos especialmente sensibles que afectaban a estos dirigentes públicos. Entre ellos, Laura Borràs o Miquel Buch.
El intendente recurrió judicialmente su traslado. Y, años después, en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló la decisión al considerar que la Generalitat no había motivado suficientemente las razones de su cese y ordenó restituir sus derechos profesionales y económicos.
La resolución, no obstante, no entró a valorar si existieron las injerencias políticas denunciadas por el mando policial.
La confesión de Isaías Herrero
Con todo, el juicio comenzó en febrero de 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Uno de los momentos más relevantes llegó cuando Isaías Herrero alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y reconoció el funcionamiento del sistema de contratación investigado.
Su declaración coincidió con buena parte de la documentación electrónica ya incorporada al procedimiento y reforzó la tesis acusatoria sostenida por el Ministerio Público.
Laura Borràs, por el contrario, mantuvo durante todo el juicio que era víctima de una persecución política y negó haber cometido delito alguno.
Una condena poco habitual
El 30 de marzo de 2023, el TSJC condenó a Laura Borràs a cuatro años y medio de prisión, además de las correspondientes penas de inhabilitación y multa, por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Pero la propia sentencia ya contenía entonces un elemento extraordinariamente poco frecuente.
La expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, junto a su abogado, Gonzalo Boye
Los magistrados consideraban que la aplicación estricta del Código Penal les obligaba a imponer aquella pena, aunque al mismo tiempo entendían que el ingreso en prisión resultaba desproporcionado para los hechos enjuiciados.
Por ello, anunciaron que promoverían un indulto parcial una vez la condena adquiriera firmeza.
El Supremo lo confirmó
En febrero de 2025 el Tribunal Supremo finalmente confirmó íntegramente la sentencia del TSJC.
Con la condena ya firme, el alto tribunal catalán elevó formalmente al Gobierno la petición de indulto parcial y suspendió temporalmente el ingreso en prisión mientras el Ejecutivo resolvía el expediente.
La Fiscalía se opuso a la medida de gracia al considerar que Borràs no había mostrado arrepentimiento ni reconocido los hechos.
Laura Borràs y Carles Puigdemont, en un encuentro en Bruselas
El desenlace
Tres años después de aquella sentencia, el Consejo de Ministros ha aceptado finalmente la propuesta planteada por el propio TSJC y ha conmutado la pena de prisión hasta dejarla en dos años.
La decisión evita previsiblemente el ingreso en la cárcel de Laura Borràs, aunque mantiene intactas las restantes penas impuestas por los tribunales.
Casi nueve años después de que una investigación por narcotráfico condujera de forma fortuita hasta los contratos de la Institució de les Lletres Catalanes, el caso concluye: con una condena confirmada por el Tribunal Supremo; una petición excepcional de indulto formulada por el propio tribunal sentenciador; el cese —posteriormente anulado por la justicia— del máximo responsable de Investigación Criminal de los Mossos; y, finalmente, con una decisión política que pone el punto final al recorrido penal de una de las causas de corrupción más relevantes de la última década en Cataluña.