La expresidenta de Junts Laura Borràs

La expresidenta de Junts Laura Borràs GLÒRIA SÁNCHEZ EUROPA PRESS

Política

El Gobierno indulta a la expresidenta del Parlament Laura Borràs

El Ejecutivo perdona parcialmente a la condenada por corrupción y le rebaja la pena de prisión de cuatro a dos años

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El Gobierno ha indultado parcialmente este martes a Laura Borràs, la expresidenta del Parlament condenada por corrupción.

El Consejo de Ministros ha aprobado reducirle la pena de prisión de cuatro a dos años. La expolítica de Junts recibió el castigo por cometer dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018.

Paquete

La medida es una de las cinco amnistías aprobadas en este último Consejo de Ministros antes del parón veraniego y en pleno momento de aplicación por parte del Tribunal Supremo de la amnistía tras el aval del TJUE a la norma.

De hecho, el alto tribunal ya ha anunciado los primeros beneficiados del perdón general: la exconsellera Meritxell Serret, así como Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, exmiembros de la Mesa del Parlament durante el desafío independentista de 2017.

Todos ellos fueron condenados por desobediencia.

Meritxell Serret entregando la cartera de Acció Exterior i UE a Jaume Duch

Meritxell Serret entregando la cartera de Acció Exterior i UE a Jaume Duch Lorena Sopêna EUROPA PRESS

Corrupción

En el caso de Borràs, la medida de gracia es distinta. Porque encajó una condena por dos delitos por mala praxis durante el ejercicio de un cargo público: benefició a un amigo suyo, el informático y narco condenado Isaías Herrero, con contratos menores desde la presidencia de la ILC.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condenó a los citados cuatro años y medio de cárcel en 2023, y el propio Supremo confirmó el castigo dos años después.

Troceamiento

Ambas instancias consideraron probado que Borràs fraccionó contratos públicos para beneficiar a Herrero, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Las pesquisas las había iniciado el Área Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra.

Eso sí, la expolítica, que en 2021 se presentó como candidata a la presidencia de la Generalitat, siempre defendió que se la había perseguido por su participación en el procés independentista en Cataluña.