Una serie de propuestas de resolución de Junts en el Parlament de Cataluña han desairado al gobierno chino y a su consulado en Barcelona.
La última, la que desató el desencuentro diplomático, forzaba a los grupos parlamentarios a posicionarse sobre la situación en Taiwán, una isla que la República Popular China reclama como propia pero que se constituye como estado desde 1949 bajo el nombre de República de China.
El texto, defendido por el diputado Francesc de Dalmases, llamaba a reconocer a Taiwán como una democracia "estandarizable", condenaba la creciente presión militar en la zona y pedía "respetar la soberanía y libre determinación" de la isla, en línea con lo que reivindica la Unión Europea y el resto de organismos internacionales occidentales.
Salvo la CUP, que no participó de la comisión, todos los partidos apoyaron la propuesta, aunque el PSC introdujo un par de enmiendas para suavizar algunos puntos, conscientes de que es una perspectiva opuesta a la que defiende el gobierno de Xi Jinping y podía, como ha acabado sucediendo, generar tensiones.
Socios comerciales y tecnológicos
Y es que el Govern de Salvador Illa tiene en China a uno de sus principales socios comerciales y tecnológicos, un aliado para atraer inversiones a Cataluña y para que las empresas catalanas amplíen su mercado exterior, como así promovió en el viaje que hizo al país asiático el año pasado por estas fechas.
Esta buena sintonía institucional se ha traducido, asimismo, en proyectos como el rescate de la marca Ebro por parte del gigante Chery.
Y también en acuerdos con grandes compañías tecnológicas como Huawei, empresa con presencia histórica en Cataluña y ganadora de contratos vinculados a la Generalitat, por la que la oposición parlamentaria también ha preguntado al ejecutivo al chocar, en algunos puntos, con normativas europeas.
Maniobra afilada de Junts
Es por todo esto que Junts, segundo partido de Cataluña aunque en horas bajas, ha diseñado una campaña para obligar a los socialistas a pronunciarse reiteradamente en contra de China, también desde la perspectiva de la propia organización comunista y autoritaria del país.
El objetivo de esta maniobra afilada del partido es tratar de desgastar a los socialistas, como admiten algunas voces internas de la formación, aunque el Parlament no tenga ninguna competencia en la materia. Y tienen intención, añaden, de seguir en la misma dirección.
En septiembre, otra propuesta más dura
Sin ir más lejos, en septiembre se votará otra propuesta de resolución, mucho más dura, destinada a denunciar la existencia de campos de internamiento en el país, reclamar sanciones diplomáticas y económicas desde la UE, advertir a empresas catalanas sobre posibles cadenas de suministro vinculadas al trabajo forzoso y, especialmente, ofrecer acogida a refugiados uigures, de religión musulmana y origen turco.
Hay más ejemplos, pues el presidente del Parlament Josep Rull ya recibió al inicio de la legislatura al Gobierno tibetano en el exilio, representantes de una región del sur del país que, aunque reclama su independencia desde hace décadas, forma parte de la República Popular China.
Traslado del malestar
Fue precisamente a Rull, miembro de Junts, a quien se dirigió el consulado chino en Barcelona para trasladar su malestar y pedir una reunión, que se celebró el pasado 8 de julio.
Fuentes del sector diplomático explican que los sucesivos gobiernos catalanes han sido siempre "muy cuidadosos" en las relaciones con China y las posibles contradicciones que esto puede suponer, por lo que esta situación es "nueva" para el consulado, que también ha hablado con el Govern, concretamente con la conselleria de Acció Exterior.
Pese a no compartir su posición de "una única China", el ejecutivo también lamenta que Junts utilice esta cuestión para hacer "politiqueo", mientras los posconvergentes aseguran que siempre se han posicionado a favor del derecho de autodeterminación, independientemente del contexto de cada región.