La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach Europa Press

Política

El Govern y los Comuns pactan una ley para hacer VPO en bajos comerciales, oficinas, parkings y hoteles

La propuesta, que requerirá del apoyo de ERC para aprobarse en el Parlament, busca sortear las trabas burocráticas municipales para que el parque público residencial crezca más rápido en los próximos cuatro años

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El Govern y los Comuns siguen concretando los acuerdos en materia de vivienda que hicieron posible la investidura de Salvador Illa, primero, y los presupuestos, después, apostando por leyes como la que han presentado este viernes, que busca acelerar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

Se trata de una propuesta que empieza ahora su trámite parlamentario y deberá contar con el apoyo de ERC, que busca sortear las trabas burocráticas para ampliar el parque público sin necesidad de modificar los planes urbanísticos, agilizando los requisitos para que las oficinas, bajos comerciales, parkings y hoteles que lo consideren puedan pasar a uso residencial.

Esta es la primera de las seis medidas contempladas en el acuerdo, que a su vez se plantea como de carácter excepcional y temporal, por un máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, y solo se aplicará en las zonas declaradas tensionadas, los ámbitos de "mercado de vivienda tenso" y las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada del Pla Territorial.

El requisito para que este suelo de uso terciario pueda contener viviendas, más allá de que todas ellas serán protegidas de forma indefinida, es que ocupen al menos el 50% de la superficie de los edificios y que cada VPO tenga un mínimo de 50 m2, además de cumplir con las normativas de edificación locales y autonómicas y el resto de exigencias habituales.

Esto puede darse en oficinas o parkings no subterráneos ya existentes o previstos --también en hoteles, aunque esto está pensado, según el Ejecutivo y sus socios, para municipios costeros muy turísticos que puedan tener un "exceso"--, mientras que para que suceda en locales comerciales deberá pasar por los plenos de los respectivos ayuntamientos en cada caso.

Un 20% más, para VPO

La segunda de las medidas que contempla la ley permite ampliar un 20% de la edificabilidad de los suelos urbanizables no consolidados --es decir, edificaciones previstas, pero aún no ejecutadas-- siempre que este porcentaje se dedique a VPO y que sumar más plantas a los bloques, que es lo que sucederá en la práctica, no choque con el entorno paisajístico.

Esto también podrá aplicarse --siempre que se apruebe la ley, algo que podría tardar varios meses-- a edificios de oficinas, hoteles, parkings o equipamientos comunitarios aislados que quieran construir vivienda protegida sobre la propia construcción, o en su defecto destinando el mismo 20% a vivienda protegida, aunque no sea en las plantas de nueva construcción.

Asimismo, se pretende habilitar legalmente la posibilidad de alzar nuevas plantas en suelos urbanos en aquellos edificios encajados entre dos edificios más altos para construir VPO, aunque tengan la edificabilidad agotada. El único requisito, en este caso, es que no podrán superar la altura de sus edificios vecinos.

Partir oficinas en dos

La ley también contempla, pensando ahora en edificios del Eixample de Barcelona donde muchas veces hay oficinas en las primeras plantas, que estas puedan cambiar su uso a vivienda protegida y que, en el caso de que quepan dos viviendas de al menos 50 m2, puedan dividirse, siempre con la condición de que esas nuevas VPO queden indefinidamente protegidas.

Asimismo, siempre con la voluntad de aligerar la capacidad de ampliar el parque público de vivienda, se permitirá construir VPO en las parcelas que actualmente se considera que no tienen las condiciones mínimas de edificación, siempre que se cumplan los requisitos de habilidad y tengan un mínimo de 50 m2 de superficie, como en el resto de supuestos.

Las colonias textiles, la excepción

La proposición de ley conjunta que PSC y Comuns defenderán en el Parlament también recoge, finalmente, incentivos para que --esta vez obligatoriamente reordenando los respectivos planes urbanísticos-- reordenar las colonias textiles, núcleos industriales y residenciales construidos alrededor de fábricas textiles entre mediados del siglo XIX y principios del XX.

Se prevé, así pues, que puedan reservarse partes de las mismas para construir o acoger vivienda protegida con el mismo modus operandi que el Govern ya lleva a cabo en los pueblos, con el mismo régimen de cesiones que se contempló para los municipios rurales y con la misma fórmula para dotar a estos núcleos de los equipamientos pertinentes necesarios.

Residencia habitual y permanente

Como han recordado tanto la consellera de Vivienda Sílvia Paneque como la líder de los Comuns en el Parlament Jéssica Albiach este viernes en Mollet del Vallès, finalmente, la proposición recoge que, naturalmente, las VPO se destinarán a residencia habitual y permanente, bien para uso propio o familiar, bien en régimen de alquiler de larga duración.

Los ayuntamientos, si quisieran, podrían plantear alguna excepción de forma justificada, aunque esto forma parte del detalle de una propuesta que, por ahora, no es más que eso. ERC "está al corriente", pero suele insistir en cambiar cosas cuando los Comuns y el Govern se ponen de acuerdo antes de negociar con ellos. Y desde el plano político no supone gran novedad, pues los socialistas están decididos, como así se comprometieron, a que esta sea "la legislatura de la vivienda", y no deja de ser una de las múltiples acciones en esta dirección.

Como ya ha ocurrido con la prohibición de la compra especulativa, la oposición al bloque progresista podría frenar esta ley antes de aprobarse, llevándola, como ha ocurrido en este último pleno parlamentario del curso, al Consell de Garanties Estatutàries, que emite dictámenes consultivos respecto a la adecuación de estas normas desde el ámbito competencial.