Junts ha celebrado este jueves la "gran victoria para Cataluña" que, a su juicio, supone la sentencia del TJUE, que ha avalado la ley de amnistía aprobada en 2024 en el Congreso y está llamada a desbloquear el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los próximos meses.
Así lo han explicado su abogado, Gonzalo Boye, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en una rueda de prensa posterior a la publicación del fallo, que ambos han seguido desde la propia sede del partido junto al resto de la plana mayor de la formación, entre aplausos y la voluntad de que, en este punto, la cuestión se resuelva lo antes posible.
Concretamente, han pedido al Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolver los recursos de amparo de Puigdemont y ya ha manifestado que tiene previsto hacerlo en octubre, que "no se vayan de vacaciones" sin obligar al Tribunal Supremo, que es quien tiene la última palabra, a aplicar la ley.
Turull, a sabiendas de que esto no sucederá y también consciente de que, en cualquier caso, el juez Pablo Llarena sigue teniendo maniobras a su alcance para dilatar el proceso, ha insistido en comparar a la justicia europea, "la de verdad", con los "activistas con toga" del Supremo, a quienes una vez más ha acusado de prevaricar.
"Anomalía democrática"
"Es una de las tantas anomalías democráticas que tiene España", ha insistido el secretario general de Junts, aunque ha reiterado que "no tienen excusas" para no archivar la causa y levantar la orden de detención tanto a Puigdemont como a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, que esperan que se cumplan estos dos requisitos para poder regresar.
En este sentido, Boye ha dicho que la cuestión está "clara y aclarada", y respecto a la sentencia del TJUE, ha asegurado que "ha ido más allá de las conclusiones del abogado general de la UE", en referencia al informe de Dean Spielmann del pasado mes de noviembre, que se mostraba favorable y se leyó como un anticipo de la posición final del tribunal.
La primera ley de amnistía
Por otra parte, tanto el abogado como Turull han insistido en que este fallo les ha dado la razón al haber votado en contra, en enero de 2024, de la primera ley de amnistía que se llevó al Congreso, reivindicando haber "mantenido la posición" e insinuando que, si hubieran aprobado aquella y no la que se renegoció después, quizás el TJUE no hubiera sido tan claro.
"Quien quiera seguir cuestionando la ley, se topará con un muro", ha concluido Boye, finalmente, aunque consciente de que volverán a ser los tribunales españoles quienes marquen los tempos del regreso de Puigdemont, que Junts espera como agua de mayo pero que, hasta que el TC mande y el TS ejecute, no será posible. Eso sí, parece hoy un poco más cercana.
Illa celebra el fallo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abrazado la sentencia favorable a los intereses de los líderes independentistas, aprobada por el Congreso de los Diputados hace dos años.
En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, media hora después de conocer el fallo, Illa ha insistido en que el Tribunal Supremo aplique la ley. El presidente del Govern del PSC ha defendido la vuelta de Carles Puigdemont (Junts) y de Oriol Junqueras (ERC) a la política catalana desde que asumiera el cargo en 2024.
"Ya no hay ningún obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación", ha declarado Illa, describiendo el pronunciamiento como "una muy buena noticia" que "abre un futuro de esperanza y liderazgo para Cataluña".
Junqueras no cierra el conflicto
Por su parte, el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha asegurado que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía "no cierra el conflicto político, sino que lo confirma".
"Ya no hay excusas, es urgente que casi 10 años después el Estado español cierre definitivamente esta carpeta", ha declarado.
Junqueras ha realizado estas afirmaciones en la sede del partido en Barcelona este jueves, minutos después de conocer el pronunciamiento, que añade presión al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.