La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon
Los sindicatos policiales denuncian la "desigualdad injustificada" en su vacunación contra el Covid-19 en Cataluña
Los abogados de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil insisten en la discriminación “palmaria” hacia ambos cuerpos en la autonomía, y recuerdan que, el 24 de marzo de 2021, la Generalitat sólo había vacunado al 3,6% de policías y al 2,8% de guardias civiles, frente al 77% de los Mossos y el 68,9 % de policías locales
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Los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular contra los exdirigentes de la conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña por el retraso “arbitrario” de la vacunación a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante la pandemia del Covid-19 en la autonomía han recordado este lunes la “desigualdad injustificada, conocida y mantenida” que, a su juicio, sufrieron los agentes de estos dos cuerpos respecto a otros como los Mossos d'Esquadra.
Así lo han recalcado hoy después de que la Fiscalía haya retirado este lunes su acusación contra los exconsellers Alba Vergés (ERC) y Josep Maria Argimon (Junts) y sus colaboradores en el último día del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona. Una decisión que los abogados de las víctimas han lamentado.
Así, los letrados de los sindicatos policiales han recordado que la “abrumadora” prueba documental que señalaba a los acusados en la instrucción “sigue existiendo”, y acredita que hubo una discriminación “palmaria” hacia ambos cuerpos. Algo que han respaldado con datos, al apuntar que, el 24 de marzo de 2021, la Generalitat sólo había vacunado al 3,6% de agentes de la Policía Nacional y al 2,8% de la Guardia Civil, frente al 77% de los Mossos d'Esquadra, el 68,9 % de las policías locales, el 69,8 % de los bomberos y el 77,9 % de la Guardia Urbana de Barcelona.
Piden de 12 a 15 años de inhabilitación
Por todo ello, el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han mantenido su petición de 15 años de inhabilitación para Vergés, su colaborador Marc Ramentol, el en aquellas fechas secretario de Salud Pública Josep Maria Argimon, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS), Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios, Francesc Xavier Rodríguez.
El Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP), por su parte, han retirado la acusación contra Rodríguez y han rebajado su petición contra Vergés y los otros tres altos cargos de 15 a 12 años de inhabilitación, los mismos que inicialmente pedía la Fiscalía.
![La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/487429.jpg?p=w:320\/h:240&h=DKjHsP4b"])
La defensa de los acusados ha insistido este lunes en que el retraso en la vacunación de agentes de las fuerzas de seguridad nacionales se debió a criterios sanitarios al priorizarse a la población de mayor edad tras suspenderse durante unos días la vacunación con Astra Zeneca, cumpliendo según su argumentario las pautas marcadas por el Consejo Interterritorial.
La acusación popular sí ve prevaricación
Tras retirarse este lunes la Fiscalía, la acusación popular ha recordado, además, el ultimátum dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 27 de abril de ese año, que ordenó a la Conselleria de Salud a avanzar en la inmunización de ambos cuerpos. Algo que, según la abogada de SPP, María Ponte, demuestra que la vacunación era posible y que “no había problemas de censos, dosis o logística”.
“La arbitrariedad reside no sólo en el resultado final de la vacunación, sino en, una vez se conoció, no corregirlo y consolidarlo”, ha añadido el letrado de UOGCP, Jesús Martín.
Los letrados de los sindicatos han situado a Vergés como la “máxima responsable”. Y, a diferencia de la Fiscalía, han señalado, como ha dicho Martín, que “la prevaricación no se agota en quien toma la decisión inicial”, por lo que, en el caso de Jucil y Jupol, han mantenido la acusación incluso contra Rodríguez.
La defensa de los acusados exime de culpa a la Generalitat
Por su parte, las defensas de los exmandatarios de la Conselleria de Salud de la Generalitat —gobernada en aquellas fechas por los partidos secesionistas— han pedido la libre absolución de los acusados, pues en su opinión no se ha “acreditado”, como requiere el delito de prevaricación, que hiciesen una resolución administrativa para “tratar peor” a los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil, según ha dicho la abogada de Xavier Rodríguez, Míriam Company.
El letrado de Vergés, Mariano Bergés, ha sostenido que la exconsellera no dio la orden de parar la vacunación, sino que, según su argumento, “ejecutó la decisión del Consejo Interterritorial”, que el 22 de marzo decidió reanudar la vacunación recuperando el criterio de edad y “priorizar (a los mayores de 60) y reemprender (la vacunación) no es parar”.
![La secretaria general y candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, en rueda de prensa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/555967.jpg?p=w:320\/h:240&h=ZFDHikWP"])
Según los abogados de los dirigentes independentistas, el “sistema a medida” (sic) que pidieron los cuerpos de seguridad nacionales para vacunarse, unido a un supuesto retraso en la entrega de sus censos de un mes y 28 días en el caso de Policía Nacional y de 32 días en el de la Guardia Civil, fue lo que causó el retraso de su inmunización.
“No eran proclives a dar datos a la Generalitat, supongo que por el clima de 2021”, ha señalado el defensor de Marc Ramentol, Carles Martínez, recordando la declaración del inspector jefe de la Policía Nacional Daniel Rapado en el juicio, y aludiendo también a la situación social y política que vivía Cataluña tras el referéndum ilegal y unilateral que culminó el golpe secesionista de octubre de 2017, y la posterior condena a sus mandatarios en octubre de 2019.
