El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la planta industrial de Ebro en Barcelona junto a los 'consellers' Paneque y Dalmau
Los ayuntamientos catalanes emitirán licencias de obras en tan solo un mes
El presidente Illa anuncia una reforma que agilizará la construcción de pisos y la transición hacia la nueva industria
Los técnicos municipales aceptarán certificados de empresas autorizadas y auditadas que recibirán el nombre de ECAU
Entrevista: Albert Dalmau: "Junts tiene una oportunidad con la nueva financiación para ponerse del lado de las soluciones"
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La emisión de licencias para levantar un bloque de pisos o una nave industrial en Cataluña se dilata más de lo que dura la propia construcción. El complejo entramado regulatorio de la Generalitat frena la competividad de la región, donde los promotores se ven forzados a esperar incluso más de dos años para siquiera recibir la luz verde de la administración catalana.
Esto cambiará en un año, de acuerdo con los planes del Govern, que guiado por el Comité de Expertos para la Transformación de la Administración (CETRA), recortará el plazo en el que los ayuntamientos emiten las autorizaciones de obras y ambientales a uno y dos meses respectivamente.
El Ejecutivo socialista somete desde este lunes a consulta pública el anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, impulsado por el Departamento de la Presidencia de Albert Dalmau para alumbrar un sistema que, por ejemplo, agilizará el Plan 50.000 para la ampliación de vivienda pública y facilitará la llegada de la nueva industria.
"Reglas sí, pero simples"
Lo ha anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto celebrado esta tarde en la planta industrial de la automovilística Ebro en la Zona Franca de Barcelona. "Lo que presentamos hoy no es un proyecto para decir 'fuera reglas', sino 'reglas sí, pero simples'", ha resumido el dirigente socialista el objetivo de la iniciativa.
Esta implica un cambio de chip para abandonar la "mentalidad garantista, conservadora y desconfiada" de la administración, a juicio de Illa. El president ha pedido una amplia participación durante la fase de consulta pública de la ley; también que los grupos parlamentarios hagan el mayor número de aportaciones al texto en su paso por la Cámara catalana.
Acelerón
Por su parte, Dalmau ha destacado que los informes de Enrico Letta y Mario Draghi por la competitividad europea ponen asimismo el acento en "la velocidad" de las transformaciones.
"Tenemos un país de ocho millones de personas que aún tiene servicios, infraestructuras y viviendas de unos cuantos millones menos. Si queremos dar respuesta a ello, no solo debemos fijar el rumbo industrial, económico, investigador y de construcción de vivienda, sino que debemos hacerlo más rápido", en palabras del titular de Presidencia.
También ha participado en esta reforma el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. La consellera Sílvia Paneque ha defendido tener "una administración más ágil" para tener "un país más competitivo" y que "Cataluña sea capaz de avanzar sin renunciar a la seguridad, a la protección ambiental y al interés general".
Catalunya no es pot aturar per culpa de la burocràcia.
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 13, 2026
Amb la nova llei de simplificació dels tràmits urbanístics i ambientals, accelerem projectes clau per a la prosperitat i el futur de Catalunya.
Més agilitat per construir habitatge, impulsar l’activitat econòmica i avançar… pic.twitter.com/vHUDLnMOUZ
Profundo recorte de plazos
El anteproyecto de ley modifica 10 leyes y cinco reglamentos para recortar de 12 meses a uno la emisión de licencias de obras, y las licencias ambientales de 24 meses de media a un máximo de dos. También reducirá de dos años a un mes los planeamientos derivados, aquellos que ordenan una parcela para la actividad a la que se pretende destinar.
El Govern aprobará en diciembre el anteproyecto de ley en el Consell Executiu para que el Parlament lo apruebe a mediados de 2027, de aquí a un año. Los impulsores confían en repetir el consenso generado por otras medidas de desburocratización aprobadas con unanimidad en la Cámara, ya que "no supone una desregulación sino que agiliza los procedimientos".
Construcción de nuevas viviendas EP
Cuello de botella
Hoy, el camino que deben seguir los promotores para conseguir su licencia de construcción es uno: presentar su proyecto al ayuntamiento de turno para que sus técnicos municipales, habitualmente saturados, verifiquen que cumplen con la normativa.
Para ello, piden información a los organismos interpelados por la actividad que se pretende generar, como la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o Protecció Civil, por ejemplo. Para cuando el consistorio emita sus informes técnicos y jurídicos, ya habrá transcurrido un año, más de dos en los peores casos.
Y pese a que la norma establece que el silencio administrativo por más de un mes ya habilita a los promotores a seguir adelante con su iniciativa, estos no se atreven a continuar por miedo a encajar un informe desfavorable posterior que desbarate sus planes.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la presentación del anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales
De un año, a un mes
Cuando la ley salga aprobada, existirá un procedimiento alternativo que permitirá sortear este cuello de botella. Los ayuntamientos aceptarán certificados emitidos por las llamadas Entidades Colaboradoras de la Administración en el Ámbito Urbanístico (ECAU), presentados por el promotor en el mismo momento en el que entra el resto de la documentación.
De esta manera, los técnicos municipales se limitarán al cotejo de la certificación y podrán emitir las licencias de obras en un mes. Algo similar sucederá con las licencias ambientales, para las que valdrá un sistema de formularios normalizados "sin renunciar al mismo estándar de exigencia en la regulación", explican fuentes del Govern.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la presentación del anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales
Entidades colaboradoras
Ante las enormes dificultades de los ayuntamientos para contratar más técnicos --por motivos económicos o porque los concursos en ocasiones quedan desiertos--, la Generalitat defiende ampliar la corresponsabilidad de los distintos actores que forman parte del procedimiento para "pasar de una administración desconfiada a una que confía".
Es en este contexto en el que nacerán las ECAU, figura que hoy no existe. Serán empresas privadas con un acreditado conocimiento urbanístico y ambiental que recibirán la autorización de la Generalitat y estarán auditadas una vez al año. Deberán estar aseguradas por valor de 5 millones de euros para responder por su responsabilidad en caso de que cometan algún error que derive en indemnizaciones.
La 'consellera' de Territorio, Sílvia Paneque, en la presentación del anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales
Pisos e industria
El nuevo sistema agilizará el Plan 50.000, anunciado por el president Illa en el último Debate de Política General (DPG) celebrado en el Parlament. El Ejecutivo pedirá a las constructoras que opten por este procedimiento --puesto en marcha con éxito en la comunidad de Galicia-- para construir el mencionado monto de pisos públicos, y así "evitar que encalle".
Asimismo, favorecerá la transición hacia la industria de alto valor añadido, atrayendo actividad dedicada, por ejemplo, al sector agroalimentario y al foodtech, que en ocasiones se establece en Aragón porque allí la tramitación es más ágil. También empresas dedicadas a la movilidad eléctrica y a la descarbonización, actividades estratégicas de acuerdo con las directrices europeas, entre otras.
