La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha advertido este jueves de que la proposición de ley contra la llamada "compra especulativa" de vivienda parte de un diagnóstico incompleto y puede "producir el efecto contrario al que persigue".
Así ha reaccionado esta asociación de propietarios después de que el pleno del Parlament avalara ayer miércoles tramitar por lectura única la proposición de ley de Comuns, pactada con el Govern, contra la "compra especulativa" de vivienda.
Faltan viviendas
En un comunicado, Asval ha defendido que el problema de fondo del mercado no es quién compra las viviendas, sino que no hay viviendas suficientes.
"España acumula un déficit estructural de unas 750.000 unidades según el Banco de España, y Cataluña concentra buena parte de esa carencia. Restringir la demanda no crea ni una sola vivienda nueva", ha señalado la asociación, nacida en 2020.
Exigen rigor técnico
Asval también ha expresado preocupación por el procedimiento porque entiende que una norma que afecta a un derecho constitucional como la propiedad merece una tramitación "con el máximo rigor técnico y la búsqueda de consenso, algo difícil de alcanzar por la vía de la lectura única".
"A ello se suman las dudas de encaje competencial y constitucional que ya han señalado diversos expertos. La política de vivienda necesita estabilidad regulatoria, y las normas que nacen cuestionadas rara vez la aportan", ha añadido la asociación.
Con todo, Asval defiende que Cataluña no necesita más restricciones, sino "suelo, agilidad administrativa, colaboración público-privada y certidumbre para quien invierte a largo plazo en vivienda asequible".
Foment ve inseguridad jurídica
En la misma línea, la patronal catalana Foment del Treball ha afirmado este jueves que la proposición de ley contra la "compra especulativa" de vivienda es un "ataque a los fundamentos de la propiedad privada" que agravará la crisis habitacional.
La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre considera que la norma no incrementa la oferta residencial, genera inseguridad jurídica creando un precedente peligroso y sustituye las políticas de vivienda por "más intervencionismo administrativo".
La patronal ha presentado en varios puntos su posicionamiento, que se resume en considerar la proposición una norma con "sesgo ideológico", una "restricción de derechos", una legislación que va "contra una palabra, no contra un problema" y el ejemplo de un forma de legislar que "degrada" el procedimiento legislativo, entre otros. Foment ha reclamado además estabilidad normativa, diálogo y medidas efectivas para construir más viviendas.