En política, no hay mayor síntoma de estabilidad que revalidar una mayoría de investidura para aprobar unos presupuestos. Más aún con los parlamentos fragmentados —relativamente nuevos en España—, que han convertido en poco habitual que los gobiernos consigan unas cuentas nuevas cada año.
Este jueves, el Govern de Salvador Illa logrará sacar adelante los primeros de la legislatura. Los primeros, de hecho, desde 2023. Unos presupuestos que dotarán a la Generalitat de los recursos necesarios para tirar adelante los proyectos a los que se comprometieron los socialistas al llegar a Palau.
Lo hará con el apoyo de ERC y los Comuns, tras un inicio de año en el que parecía muy complicado que los republicanos dieran su brazo a torcer. Hasta el punto de obligar al Ejecutivo a retirar las cuentas presentadas en febrero, algo inédito y que estuvo muy cerca de forzar un adelanto electoral.
El Govern inició los trámites sin haber llegado un acuerdo, y aceptó dar marcha atrás. A cambio, los de Oriol Junqueras rebajaron sus exigencias para una negociación futura en la que el traspaso del IRPF a la Generalitat ya no fue condición. El acuerdo se pudo materializar hace algunas semanas con cesiones estatales asumibles para el Gobierno y el compromiso de construir el llamado tren orbital, que no estará listo hasta, al menos, 2040.
Los otros socios, los Comuns de Jéssica Albiach, se conformaron con imponer su criterio en materia de vivienda, entre otras medidas sociales que recoge el proyecto que aprobará la Cámara este jueves y que, en su mayoría, ya reflejaban tanto el acuerdo de investidura como el de febrero.
Las cuentas, pues, saldrán adelante sin sorpresas, haciendo efectiva una mayoría que se ha demostrado operativa también en la aprobación de otras tantas leyes y que, por ahora, está cómoda. Y encaminada a seguir entendiéndose hasta, al menos, el final del mandato, en 2028. Más allá de que estos presupuestos sean los únicos que se aprueben, un escenario que estuvo presente en las negociaciones, y que las partes dan por hecho.
Dependerá de múltiples factores: desde el mérito que demuestre el Govern a la hora de resolver crisis como la educativa, de su capacidad para cumplir su parte de los acuerdos —y hacer cumplir al Gobierno la suya—, hasta otros elementos externos como una hipotética llegada de PP y Vox a la Moncloa, que podría motivar un acercamiento todavía mayor entre socios, aunque lo previsible es que marquen distancias pensando en las elecciones.
La vuelta de Carles Puigdemont, que podría ejercer de jefe de la oposición en el Parlament con Junts a partir del próximo otoño, o un auge sin precedentes de Aliança Catalana en las elecciones municipales que se celebrarán en menos de un año son otras variables que condicionarán los próximos meses.
Nada que preocupe en exceso a los socialistas catalanes, que sobrevivieron al procés recuperando las principales instituciones y que, a tenor de las encuestas, no parece que la situación vaya a cambiar tras el próximo ciclo electoral. Un escenario muy distinto a lo que sucede a nivel nacional.
Crispación
Y es que el clima en el Congreso es irrespirable, según coinciden los asiduos a la Cámara baja. La corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y la pérdida de la confianza de una mayoría de diputados que pide la dimisión del presidente y le exige elecciones ha impedido una legislatura productiva, al menos desde el punto de vista legislativo. Asimismo, las encuestas aseguran que el actual Ejecutivo no repetirá más allá de 2027.
Sánchez está decidido a agotar el mandato y volverse a presentar. Por lo pronto, ha anunciado que presentará unos Presupuestos Generales del Estado que Junts ya ha advertido que no apoyará, y que podrían avanzar las elecciones al primer trimestre del año que viene para no coincidir con las municipales.
Pero esta crispación también ha llegado a las calles, con una polarización social que hacía mucho que no se veía en España, y que contrasta con la actual tranquilidad en Cataluña, cuya ciudadanía y tejido productivo agradecen. Prueba de ello es el apoyo de los agentes económicos y sociales a las nuevas cuentas de la Generalitat, así como a los principales proyectos del Ejecutivo de Illa, especialmente en materia de infraestructuras.
Este consenso es lo que ansían en Madrid. Y la queja de la oposición, que cada semana encuentra un nuevo matiz, se fija ahora en los posibles excesos de la llamada ley de nietos y de una regularización de migrantes con la que creen que Sánchez busca "comprar voto extranjero".