El fugado de la justicia Carles Puigdemont, dando un mitin en pleno centro de Barcelona el 8 de agosto de 2024, antes de volver a fugarse otra vez a Bélgica
El Constitucional resolverá sobre la amnistía a Puigdemont en septiembre u octubre
El tribunal estudiará a fondo la resolución al respecto del Tribunal Superior de Justicia de la UE, cuya publicación está prevista para el próximo 16 de julio
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la situación procesal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no llegará hasta el próximo otoño. El organismo deberá analizar en profundidad la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), cuya publicación está prevista para el próximo 16 de julio. La fecha hace inviable abordar la cuestión en el último pleno del año judicial, que tendrá lugar sólo cuatro días después.
De modo que no será hasta septiembre u octubre cuando el Constitucional resuelva sobre el recurso presentado por Puigdemont, prófugo de la Justicia, contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía en el delito de malversación.
La circunstancia impide el regreso del líder de Junts a España sin ser arrestado, toda vez que a comienzos de año el Constitucional decidió mantener la orden detención nacional que pesa sobre él hasta no haber resuelto el citado recurso de amparo.
No obstante, cabe recordar que será en todo caso el Supremo el que tenga la última palabra, dado que a esta instancia le corresponde la aplicación de la decisión que adopte el Constitucional, ya en los últimos meses del año.
Detalle de la fachada del Tribunal Supremo / EP
Fuentes jurídicas señalaron a la agencia Efe que el orden del día del último pleno del Constitucional del presente curso estará ya cerrado cuando se conozca la resolución del TJUE a las cuestiones presentadas desde España. Dado que, además, el órgano deberá analizar en profundidad el fallo, no cabe esperar resolución alguna hasta septiembre u octubre.
El pronunciamiento del tribunal europeo vendrá precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre. Por entonces, avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.
Conclusiones no vinculantes
Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.
A la espera del fallo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado abogan por amparar a Puigdemont al considerar que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía. También han criticado la manera que empleó el Supremo al interpretar la norma y esquivar su aplicación a la malversación con una forma de actuar que tachan de "irrazonable y arbitraria".
