El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes la puesta en marcha de Barris per Créixer, un programa piloto diseñado específicamente para combatir la pobreza infantil estructural y garantizar el desarrollo de los menores en áreas de alta vulnerabilidad socioeconómica.
El proyecto, impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, contará con un presupuesto de 30 millones de euros y estará vigente hasta junio de 2029. Su financiación se divide en un 60% aportado por la Generalitat y un 40% procedente del Fondo Social Europeo Plus.
231 profesionales
La iniciativa de la conselleria que comanda Mònica Martínez Bravo tiene prevista su entrada en funcionamiento el próximo 1 de septiembre y prevé la contratación de 231 profesionales.
Este equipo se desplegará en un territorio que abarcará entre 20 y 30 municipios de toda Cataluña, los cuales serán seleccionados minuciosamente utilizando el Índice Socioeconómico Territorial (IST) del IDESCAT para localizar los barrios donde la exclusión se concentra con mayor severidad.
Pobreza infantil
La necesidad de esta intervención responde a una realidad alarmante: Cataluña ostenta una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa, con 490.900 niños y adolescentes (el 36,5% del total) en riesgo de exclusión.
No obstante, el diagnóstico del Departament revela que el principal problema no es solo la falta de recursos, sino el fenómeno conocido como non-take-up (ayudas no solicitadas o no recibidas por desconocimiento o trabas administrativas).
"Tenemos una de las tasas de pobreza infantil más altas de nuestro entorno europeo, casi medio millón de infantes y adolescentes en riesgo de exclusión económico y social, y las ayudas sociales pueden ser la diferencia para salir adelante con garantías", ha dicho la consellera Sílvia Paneque en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque
De hecho, "más del 50% de las familias que tienen derecho a ayudas sociales no las solicitan", ha agregado la también portavoz del Govern de Salvador Illa.
Las estimaciones oficiales indican que entre el 25% y el 30% de las familias que tienen derecho a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) no la perciben. También que un 67% de los potenciales beneficiarios se queda fuera del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que hasta un 79% de los hogares con derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no llega a recibirlo.
Maraña burocrática
Según los análisis de Ivàlua, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, esta maraña burocrática, sumada a la brecha digital y al estigma social, provoca que solo uno de cada cuatro menores en situación de pobreza severa viva en un hogar perceptor de la RGC.
Los profesionales ofrecerán un acompañamiento integral a las familias para derribar las barreras de acceso, agilizando la tramitación y garantizando el cobro efectivo de las prestaciones sociales a las que tienen derecho.
Para participar en el piloto, las familias seleccionadas deberán tener menores a cargo, estar empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de seis meses y contar con una situación administrativa regularizada.
Estrategia 2025-2030
Este programa piloto se enmarca dentro de la Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya 2025-2030. Con el fin de evaluar si este modelo territorializado y comunitario es realmente efectivo, el proyecto se someterá a una evaluación de impacto independiente que servirá para guiar y refinar el diseño de las futuras políticas sociales de la Generalitat.